Las voces de las históricas luchas en Clarín
El nuevo código urbanístico y el Gobierno de la Ciudad habilitan a constructoras e inmobiliarias avanzar, quizás como nunca, sobre el patrimonio arquitectónico porteño. Casas demolidas a pesar de protestas vecinales, 18.195 inmuebles históricos en un limbo y la discrecionalidad del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Una gestión Real Estate a la que la pandemia no le cambió su mirada.
Quizás el ejemplo más claro del desguace patrimonial, arquitectónico e identitario que sucede en esta Buenos Aires en cuarentena sea el de la calle O’Higgins 4560, en el barrio de Núñez. Allí, desde 1908, existía una casona que se llamaba Qui Si Sana, “el lugar donde se sana”. Estaba construida y pensada para tratamientos de personas con afecciones y enfermedades respiratorias: por eso su mirador, sus amplios ambientes y sus jardines en los cuatro costados del inmueble.
Qui Si Sana ahora no es nada: desde hace unas semanas, allí, solo hay una valla que esconde escombros.
Esa casona fue hotel y más tarde una vivienda particular. En los setenta, el arquitecto y artista plástico Giancarlo Puppo la restauró y recuperó. Cuatro décadas después, el mismo Puppo lanzó una petición en Change.org para evitar que la demolieran. La iniciativa alertó y movilizó a los vecinos, pero no hubo caso: la casa fue vallada, sus puertas y ventanas se remataron y luego empezó a derribarse.
141 mil lotes de la Ciudad son anteriores a 1941, el año a partir del cual se debería pedir permiso para demoler
Eso sucedió a pesar del pedido de informes en que el legislador porteño Matías Barroetaveña (Frente de Todos) le solicitaba al Ejecutivo de la Ciudad explicaciones ante la inminente demolición de Qui Si Sana.
En esa solicitud, Barroetaveña alude a la ley que supuestamente protege a los inmuebles anteriores a 1941, pero que en el último tiempo está lejos de cumplirse: “La ley 3056 sancionada en el 2009, establece un procedimiento que obliga a que, antes de poder demoler o modificar una propiedad construida antes del 31 de diciembre de 1941, se estudie si tiene valor patrimonial. El inmueble de la calle O’Higgins 4560 data del año 1908 y es emblemático no solo para el barrio de Núñez sino también para la Ciudad de Buenos Aires, siendo éste uno de los últimos ejemplos que (por ahora) siguen en pie. Qui Si Sana significa ‘el lugar donde uno se sana’y el nombre se tomó de un instituto sanitario de la isla de Capri”.
En medio de una pandemia que ya dejó más de 90 mil muertes en el país y casi 15 mil en la Ciudad, “el lugar donde se sana” fue demolido. Algunos podrían llamarlo una paradoja. Otros, una decisión política.
Una foto de la casona Qui Si Sana, en O?Higgins 4560, antes de que la vallaran y demolieran / Gentileza Alicia Maveroff
Una identidad perdida
Lejos de ser un caso aislado, la casona Qui Si Sana es uno de los miles de edificios que no fueron alcanzados por ninguna ley o normativa para proteger el patrimonio urbano y arquitectónico de Buenos Aires.
Lo que existe hasta ahora es la Ley de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP), “la 3056”, que en un espíritu similar a la Ley de Glaciares o la reciente Ley de Humedales, establece un procedimiento que obliga a que, antes de poder demoler o modificar una propiedad construida antes del 31 de diciembre de 1941, se estudie si tiene valor patrimonial. Es la ley central en esta historia: un intento para frenar o atenuar el avance indiscriminado de constructoras e inmobiliarias que sin embargo no alcanza.
18.195 inmuebles ya están catalogados como de “valor patrimonial”, pero ninguna ley asegura su protección
Si el edificio no tiene valor se obtiene directamente el permiso de demolición. Si se considera que la propiedad tiene una importancia patrimonial se debería iniciar el trámite de catalogación en la Legislatura Porteña para impedir su demolición.
¿Quién determina el valor patrimonial o cultural de esos edificios? El Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), que “funciona” dentro de la órbita de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), dependiente la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano.
El CAAP está conformado por 12 espacios, entre los que se encuentran la Sociedad Central de Arquitectos, la UBA y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. En el CAAP confluyen funcionarios del gobierno porteño con profesionales y especialistas en materia de urbanismo y protección ambiental. Sin embargo, sus resoluciones muchas veces pueden leerse de acuerdo al interés o desinterés inmobiliario detrás del inmueble a considerar: una casa de la misma década y del mismo estilo puede correr distinta suerte si está ubicada en Belgrano o en La Boca. En la primera, su demolición implica, en la mayoría de las veces, la construcción de un edificio que multiplique ganancias.
Las resoluciones del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales muchas veces pueden leerse de acuerdo al interés o desinterés inmobiliario detrás del inmueble a considerar
“Lo que queremos los vecinos no es que se proteja toda la Ciudad, sino que se haga un inventario serio y participativo. Lo que propone el nuevo código urbanístico es duplicar la población de la Ciudad y eso no es viable”, dice Mauro Sbarbati, uno de los referentes de Basta de Demoler, una ONG que denuncia, semana a semana, la destrucción del patrimonio porteño.
En medio de una pandemia que promete cambiar la dinámica y la lógica de las ciudades y de sus habitantes, con la misma población desde hace 75 años y la mitad de espacios verdes que recomienda la OMS (6m2 por persona, cuando lo saludable es entre 10 y 15), Buenos Aires consolidó un proceso gentrificador y depredatorio de su patrimonio: el gobierno porteño permite la construcción de edificios y las personas que acceden a esas nuevas viviendas, en su mayoría, lo hacen con un fin especulativo o ahorrativo: para alquilar o tener un ingreso adicional, no para vivir.
Julián Álvarez 2204: el antes y el después. La historia destruida para siempre.
El presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, le da espesura conceptual y política a esa lógica: “Vemos una destrucción abismal del patrimonio, hay demoliciones, el espacio público se uniforma y hay una pulsión para consolidar esa mirada. Hay toda una normativa de planificación y de protección que empieza a flexibilizarse y estandarizarse para que quede a futuro. No es una cuestión de un Gobierno, sino algo que se quiere establecer: otra forma de ver las ciudades y que se consolide a nivel normativo. Con el mismo Código urbanístico han flexibilizado la protección patrimonial, han permitido construcciones que antes no se permitían, han sacado manuales de intervención en el espacio público. La desprotección patrimonial es un negocio. Me compré algo barato donde no se podía construir, me cambiaste el Código y ahora puedo construir arriba de un edificio patrimonial”.
"Vemos una destrucción abismal del patrimonio, demoliciones, el espacio público se uniforma y hay una pulsión para consolidar esa mirada", dice Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad
Para el legislador Barroetaveña, lo que sucede en Buenos Aires “es un modelo extractivista”. Acá la discusión no es por la megaminería o el fracking: es por el suelo urbano. Y lo explica: “La fuerza política que gobierna persiste en la idea de que todo aquello que valorice más el suelo es bienvenido. Mientras el metro cuadrado valga más, mejor para todos. Nosotros probamos que no es así. ¿Por qué? Porque ese modelo termina en torres de lujo vacías. Puerto Madero está ocupado en un 28% de su capacidad. La población de las villas aumentó a 300 mil personas. Nueve mil viven en situación de calle y hay un 10% más de personas que alquilan”.
El edificio de Alsina 811, en pleno casco histórico porteño. Dejarán la fachada, pero construirán en altura detrás: la llaman arquitectura parasitaria.
Funcionarios que no funcionan
Luego de un fallo de la Justicia, la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires (FADU) relevó que en la Ciudad existen 141 mil lotes anteriores a 1941, que deberían al menos estudiarse en caso de que se quieran demoler. El Consejo Asesor generó un registro con 18.195 inmuebles a proteger, pero casi no se avanzó en formalizar y legislar su protección. La mayoría quedó en un limbo.
En ese listado de 18.195 edificaciones no estaba Qui Si Sana. Tampoco la casa art noveau del arquitecto italiano Jacobo Pedro Storti en Caballito (Morelos 435); ni la histórica esquina Villa Virginillo de Córdoba y Dorrego; ni la esquina de Pueyrredón y Tucumán, por solo citar algunas de las últimas demoliciones que movilizaron a vecinas y vecinos de distintos barrios.
Tres ejemplos del patrimonio depredado: Villa Virginillo, en Córdoba y Dorrego; la esquina de Alberti y San Juan; y Luis María Campos 1126.
Todos esas casas o edificios son parte del universo de 122.805 construcciones que quedaron a merced de lo que disponga el mercado. Algo que se descontrola si se analiza la discrecionalidad para actuar o dejar actuar del CAAP, muchas veces en consonancia con el interés que luego se publicita en carteles del Real State.
Hay 122.805 construcciones que podrían tener algún valor patrimonial que quedaron a merced de lo que disponga el mercado
Así, entre protecciones demoradas, un desapego a la historia y un pragmatismo económico (es más barato y más rentable demoler y construir que restaurar y refaccionar), se avanza hacia una pérdida irreparable de edificios que forman parte de nuestra identidad, memoria colectiva y acervo cultural.
La presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano en la Legislatura porteña, Victoria Roldán Méndez, le reconoce a Cítrica que hay “una deuda pendiente” sobre algunos inmuebles, pero afirma que la Legislatura avanzó en la protección de las comunas 1 y 2, parte del casco histórico. “Hubo una discusión muy intensa. Las áreas de protección histórica se mantuvieron protegidas. Y tenemos el compromiso de seguir avanzando. Debemos respetar el patrimonio y nuestra historia, pero de manera bien fundada”, dice Roldán Méndez.
En el significado --y no en el significante-- de esa “fundamentación” puede estar la clave de muchas demoliciones que el CAAP aceptó y que el gobierno porteño ejecutó. ¿Cómo se explica sino que el mismo Gobierno que permitió la demolición de Qui Si Sana haya protegido, en enero de 2021, dos casas que se ubican a diez cuadras, en O’Higgins 3550 y 3544, por ser “representativas del carácter del barrio”?
"Necesitamos una ciudad más amigable, sobre todo después de estos años de encierro", dice Sbarbati, de Basta de Demoler
Ante reclamos vecinales o pedidos de informes por una venta patrimonial hay una estrategia que se viene repitiendo: la casa o inmueble en cuestión se abandona. Eso, entonces, se convierte en un problema para el barrio (por la basura, las ratas, la seguridad, etc) y con el tiempo, su demolición y el futuro proyecto inmobiliario aparecen como una solución. Una falsa solución.
Con récord de venta de tierras públicas en estos 14 años de gestión destinada a megaemprendimientos, con un nuevo código que habilitaba la construcción de departamentos de 18 metros cuadrados (algo que está por modificarse en estos días) y con miles de casas y edificios históricos que penden de un hilo, la Buenos Aires pospandemia no invita a entusiasmarse demasiado.
Sbarbati, de Basta de Demoler, habla sobre las demandas en ese futuro inmediato: “El patrimonio, además de ser parte de nuestra cultura e historia, es un recurso socioambiental. Necesitamos una ciudad más amigable, sobre todo después de estos años de encierro”.
Ese es el deseo de quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque, a veces, los deseos no se cumplen.
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