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Bolivia: entre el golpe de Estado y una guerra cívica

por Esteban Diotallevi
09 de noviembre de 2019

En las calles de las principales ciudades del país mediterráneo se llevan adelante marchas, contramarchas y fuertes enfrentamientos desde el 21 de octubre, un día después de celebrarse las elecciones presidenciales, en las que Evo Morales fue reelegido para un nuevo mandato, al vencer en primera vuelta a Carlos Mesa, candidato de la alianza política Comunidad Ciudadana.

Desde el triunfo de Evo Morales existe una escalada de violencia en varias ciudades de Bolivia y una exponencial acumulación de fuerzas en la movilización opositora, en las que también hay grupos de confrontación, muchos de los cuales han sido movilizados desde otras ciudades hacia La Paz, bajo las órdenes del líder del comité cívico de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho y, en segundo lugar, por el propio Carlos Mesa.

Pero para comprender cómo se llega a la actual situación, en la que el presidente Morales ha denunciado un intento de golpe de Estado, debe saberse quién es el abogado y empresario convertido en dirigente social -Luis Fernando Camacho-, y cuáles son los intereses detrás de las violentas protestas.

La verdadera intención de Camacho es dar un golpe de Estado y derrocar al Gobierno. ¿Por qué? Esto se remonta al año 2006, cuando el presidente Evo Morales comenzó el llamado Proceso de Cambio, momento en que nacionalizó los hidrocarburos y acabó con la sangría de los recursos bolivianos en manos de transnacionales y empresas privadas.

Una de las compañías que distribuía gas natural en Santa Cruz en ese entonces era Sergas, empresa que era propiedad de José Luis Camacho, padre del ahora líder del comité cívico. Tras la nacionalización de ese recurso estratégico, este personaje quedó con juicios millonarios contra el Estado por daño económico, algo que -si Carlos Mesa ganaba la presidencia- arreglaría a favor de la familia Camacho.

El negocio de la distribución no terminaba ahí. La empresa encargada de realizar las obras para las redes de gas en Santa Cruz era Socre, propiedad de Edgar Camacho, tío de Luis Fernando. Y otra firma que manejaba la parte industrial del recurso era Controgas, de Cristian Camacho, su primo.

Según un informe del medio boliviano Motor Económico, la familia Camacho en su conjunto tenía el monopolio de todos los negocios relacionados con el gas en Santa Cruz. Solamente Luis Fernando Camacho y su padre le deben al Estado más de 20 millones de dólares. Sus empresas hacían la distribución y cobraban por el servicio pero todos los recursos iban a parar a sus bolsillos. Ese dinero nunca volvió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), ni a la dirección de Impuestos Nacionales, ni al Estado en ninguna instancia.

Asimismo, este supuesto dirigente social, en realidad es un empresario que forma parte de los grupos de poder de Santa Cruz. Él y su familia pertenecen a la logia Los Caballeros de Oriente, que junto a las logias Los Toborochis y Espadas de Oriente, entre otras, operan en las sombras desde hace años para promover la caída de Evo Morales.

Camacho en La Paz

Con estos antecedentes en claro, las verdaderas intenciones de Camacho quedan al descubierto. Tras varias idas y vueltas desde Santa Cruz, su cruzada lo ha llevado arribar a La Paz el miércoles 6 de noviembre, para exigir la renuncia de Morales, y en su arenga afirma que no se irá de la ciudad, sede de gobierno, hasta que caiga el líder aymara.

El presidente del comité cívico cruceño dice tener redactada una carta con la renuncia del mandatario y su intención es entregársela para que la firme el lunes 11 de noviembre. Es decir, dos días antes del resultado de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se determinará si hubo o no alguna irregularidad en las elecciones del 20 de octubre, informe que el mismo Gobierno solicitó ante la confusión generada por las denuncias de fraude infundadas que realizara la alianza Comunidad Ciudadana al perder los comicios.

En tanto, la tensión crece y la provocación que intenta llevar adelante la derecha ha generado escenarios de mucha violencia, como el caso de la alcaldesa de la ciudad de Vinto, Patricia Arce, que después de que un grupo de manifestantes quemara la Alcaldía, fue secuestrada, golpeada y pintada de rojo, instancia en la que también le cortaron los cabellos brutalmente.

Además hay al menos tres muertos en diferentes manifestaciones y centenares de heridos, situación que se encuentra en pleno desarrollo, a pocos días de una fecha clave, cuando el próximo 13 de noviembre la OEA entregue su informe. Ante esto, Evo Morales dijo que no va a renunciar y que va a aceptar lo que diga la auditoría del organismo internacional, para lo cual hay un acuerdo previo de resultado vinculante.

En ese sentido, cabe destacar que la postura del dirigente del comité cívico es contraria al recuento de votos y a la auditoría de la OEA. La única alternativa que admite es exigir la renuncia inmediata de Morales, cerrando todo tipo de diálogo. Simultáneamente hace un llamamiento para recrudecer la violencia de los comités cívicos de todo el país y en sus declaraciones a la prensa y en las redes sociales pide el amotinamiento de las fuerzas policiales y militares, lo que en gran medida ha impactado en el autoacuartelamiento de la policía en varias ciudades del país, principalmente en Cochabamba, donde este viernes 8 de noviembre se inició el primer motín policial, medida que posteriormente fue replicada por la fuerza pública en varias jurisdicciones.

Las elecciones y la violencia

El clima político ya se vislumbraba enrarecido desde el mismo 20 de octubre, cuando en la noche Mesa salió a celebrar el balotaje sin tener los números del recuento total de los votos. Así es que al día siguiente, cuando se conocieron las cifras definitivas que le daban la victoria a Evo Morales en primera vuelta, con una diferencia de 10.5 votos, los comités cívicos de la derecha activaron las primeras escenas de violencia incendiando las sedes del Tribunal Supremo Electoral de las ciudades de Sucre y Potosí.

Paralelamente, los movimientos sociales de todo el país y de diferentes sectores, como agrupaciones de mujeres, campesinas, campesinos, comunidades originarias, mineros, y un gran arco de trabajadores, se movilizaron en respaldo del líder aymara y para festejar su nuevo triunfo electoral, al tiempo que daban una gran demostración de fuerza frente a las agresiones de los comités cívicos.

En su prepotencia e intento golpista, Camacho y los comités de la derecha boliviana además apuntaron con dureza contra otros países aliados al gobierno de Morales, sospechosamente también en la mira de la política exterior de los Estados Unidos. Así es que durante varios días bloquearon la sede de la Embajada de Cuba en La Paz y amenazaron con invadir la de Venezuela, luego siguieron con las de Rusia y China, representaciones diplomáticas a las que exigieron "salgan inmediatamente de Bolivia".

El llamado de Evo al diálogo y la paz

Durante una conferencia de prensa realizada este sábado 9 de noviembre, Evo Morales denunció que "está en marcha un golpe de Estado" contra su gobierno, algo que ya había hecho en redes sociales, pero que esta vez decidió confirmar ante la prensa nacional e internacional.

"Estamos frente a un golpe de Estado que grupos violentos, que no respeta la democracia y la paz social, intentan llevar adelante. El mundo entero debe saber cómo es que conspiran contra un gobierno democráticamente electo", señaló el mandatario.

Además llamó a movimientos sociales, profesionales, personalidades y a la población en su conjunto a "movilizarse para defender la patria, la vida y el voto del pueblo, con una manifestación pacífica, para que se respete la democracia que le pertenece al pueblo boliviano".

"El mundo entero sabe como en un corto tiempo hemos reducido la pobreza extrema y gracias a la CPE (Constitución Política del Estado Plurinacional) nos hemos liberado de la opresión y la discriminación", apuntó Morales, y aseguró que "por encima de cualquier diferencia ideológica está la vida".

"Hemos soportado con mucha paciencia hasta ahora, ni la Policía ni las Fuerzas Armadas pueden mancharse con la sangre de los bolivianos, Por eso convoco al diálogo a los partidos que han obtenido asambleístas en las últimas elecciones nacionales, son 4 partidos, a discutir una agenda abierta para pacificar Bolivia. Los convoco de manera urgente e inmediata, nuestro ministro de la Presidencia (Juan Ramón Quintana) está mandando las respectivas notas", consignó Evo.

También convocó a la Policía "a cumplir con las normas y su rol, que está establecido en la CPE". "Invito a organismos internacionales y a representantes del Papa Francisco a acompañar este diálogo y a hacer un seguimiento del golpe de Estado que está en marcha", añadió.

"A esos grupos que están contra la democracia los convoco a hacer una profunda reflexión; es sencillo llevar a la confrontación, pero debemos ser más humanos y solidarios. Tenemos que asumir esta responsabilidad para defender la democracia y la humanidad", concluyó el mandatario.

Esteban Diotallevi es un periodista argentino radicado en Bolivia.
 

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