“Para el Estado seguimos siendo el enemigo interno”
La quimera del enemigo interno
Se reaviva el imaginario que, un siglo atrás, justificó la Campaña del Desierto. Una mirada desde los pueblos originarios de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, la política del gobierno y la complicidad mediática.
Por Mariela Tulián*
La gran mayoría de la población Argentina comprende que 2017 fue el año de mayor retroceso de los últimos tiempos en materia de Derechos Humanos. Pero para los pueblos y naciones indígenas fue todavía mucho más grave porque implicó un retroceso tan profundo, que en algunos aspectos nos dejó en la misma situación que durante la “Campaña al Desierto”.
Queda claro para nosotros que la vida de un miembro de una comunidad o Nación Indígena no vale lo mismo que la vida de un ciudadano argentino “promedio,” para llamarlo de alguna manera. Es la primera inferencia del caso específico de Santiago Maldonado. Que aunque fue un caso socialmente emblemático al marcar un accionar represivo por parte del Estado, retrotrayendo las políticas en materia de seguridad nacional a la época de una dictadura militar, en el ámbito indígena, también fue el despertar del imaginario del “enemigo interno”, que terminó de consolidarse con el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel. Estos dos casos, el de Santiago y el de Rafita, son muy similares, sin embargo no obtuvieron el mismo eco en los medios y redes sociales y mucho menos similar impacto en el número de personas que se sumaron a las marchas que se convocaron en cada uno. Más allá de las diferencias y que al cumplirse un mes, el caso de Santiago se catalogaba, al menos socialmente, como un hecho de desaparición forzada, fueron 500 mil personas las que se movilizaron en múltiples plazas de nuestro país. Pero al cumplirse un mes del fusilamiento de Rafael, este 25 de diciembre, no hubo movilización ni solidaridad en los medios ni en las redes, por este grave caso.
Al margen, lo que más conecta estos casos, es la manera en que los medios hegemónicos de comunicación los han utilizado para legitimar la represión con la excusa y la construcción mediática de la RAM , en la Argentina.
Hecho que se vio claramente explícito en el caso de Nahuel, donde los medios replicaron la idea del enfrentamiento ante el cuerpo de un joven desarmado con una herida de bala en su espalda; y de una comunidad que enfrentó la situación sin ningún tipo de arma de fuego. De esta manera, como una política del actual gobierno y la complicidad de los grandes medios, la construcción mediática del “enemigo interno” implica poner en tela de juicio, conceptos especialmente sensibles como el de Preexistencia y el de Propiedad Comunitaria Indígena.
Ambos conceptos son tratados en estudios televisivos bajo la lógica de un capitalismo salvaje y extractivo, incluyendo la intención de legitimar la represión del aparato de Seguridad del Estado, para supuestamente, garantizar el cumplimiento de las leyes en las fronteras interiores de la Nación. Pero resulta que la Preexistencia y la Propiedad Comunitaria Indígena, son también garantías Constitucionales que surgen a partir del reconocimiento de deudas históricamente pendientes para los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Sumado al hecho de que se invisibilizan tantos otros casos de asesinatos y desapariciones forzadas en el marco de reivindicaciones y resistencias territoriales por parte de las comunidades indígenas; y se refuerza la idea de la marginalidad, miseria, desnutrición y graves problemas en los sistemas de salud que asisten a esta parte de la población del país, como es el caso de la bebé que fue literalmente decapitada por el médico durante el momento del parto.
Se replica y se refuerza la idea constante de los estereotipos ya instalados por parte de los medios: pretenden reforzar las ideas de que los miembros de las naciones indígenas estamos sumidos en la total indigencia, empobrecidos, embrutecidos y envilecidos al punto tal de convertirnos en una guerrilla improvisada, subvencionada por fuerzas letales de otros países.
La instalación de la figura del enemigo interno, resulta entonces para nosotros, el retroceso inmediato a la época de la llamada “Campaña al Desierto”. Detrás del tratamiento mediático del tema, se encuentra el extractivismo y los intereses por recursos naturales y negocios ya sea inmobiliarios o de turismo empresariales como es el caso en Córdoba de la expropiación del Sagrado Cerro Colorado para la instalación de un hotel cinco estrellas y un circuito turístico étnico en manos de privados; o la Mina Cerro Negro, en la localidad de Pinto, proyecto que pretende explotar los sagrados Cerros Negro y Blanco sobre la Reserva Arqueológica Quilpo, primera y única “Reservación Indígena” de Latinoamérica. Tal el caso de la lucha en esta misma provincia que se libró para impedir las intenciones de modificar la Ley que protege el Monte Nativo ante estos mismos intereses. Pero en general la resistencia de las comunidades indígenas ante la megaminería es una constante en todo el país.
Como para hacer más claro el panorama, basta aclarar que la dirección del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se encuentra coordinada por el CEO de la megaminería, Jimena Psathakis.
Otro condimento que caracterizó a 2017 fue el vencimiento de la prórroga de la Ley 26.160, Ley que declara la “Emergencia en Materia de Propiedad y Posesión de los Territorios que ocupan ancestralmente las Comunidades Indígenas del País”. Luego de incontables reuniones, acampe frente al Congreso y diversas gestiones por parte de los referentes y de las organizaciones indígenas, esta ley fue prorrogada por el término de cuatro años más.
Como contraposición a las políticas de Estado contra los Pueblos Indígenas, el Papa Francisco, sosteniendo su postura y perfil de militante social, brindó apoyo concreto, desde por ejemplo, recibir a la familia de Santiago Maldonado y su próxima visita a las Comunidades Mapuches de Temuco, donde incluso compartirá con ellos una rogativa. Lo que marca una postura positiva pero que no termina de resolver el conflicto mientras no haya una verdadera postura de diálogo social y una decisión del Estado de resolver los reclamos.
El año termina incluso con la conformación del Comando contra la violencia Mapuche y una Comisión conformada por funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, a principios de diciembre.
Este Comando Operativo conjunto estará integrado por fuerzas federales y provinciales, y asume desde su conformación el accionar indígena como “actos de insurrección contra el Estado Argentino”.
Como primera postura de esta Comisión, el pasado 27 de diciembre se dio a conocer un extenso informe oficial sobre la supuesta RAM, en el mismo se vinculan 96 causas judiciales supuestamente conectadas, diversas movilizaciones populares y actividades públicas, donde se acusan igualmente a las organizaciones políticas de izquierda y medios alternativos de comunicación.
De esta manera, los Pueblos y Naciones Indígenas en Argentina vivimos un período de retroceso en materia de derechos humanos de efectivo cumplimiento, con graves situaciones de desconocimiento de nuestras garantías constitucionales y avizorando un futuro incierto y poco propicio para los avances que veníamos logrando desde el retorno a la democracia.
A pesar de todo ello, no bajamos los brazos y en cada rincón de esta patria, habrá comunidades reclamando por los derechos a la vida de nuestra Madre Tierra.
* Mariela Tulián, es autoridad casqui curaca de la Comunidad Tulián, del Pueblo Nación Comechingón – de San Marcos Sierras-, y es autora del libro Zoncoipacha – desde el corazón del territorio – El legado de Francisco Tulián.
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