“Nos discriminan por negros, nos quieren echar del país”

Alpha se indigna. Compra relojes o ropa en La Salada, Once o Flores y luego sale a venderlos. Dice que en un rato llegarán compatriotas que hablan mejor que él. Pero él habla muy bien y un rato después nos seguirá contando, cómo, por ejemplo, hace dos semanas la policía con personal de Espacio Público ingresó a la madrugada a un hotel familiar en Flores y no sólo se llevó mercadería de familias senegalesas: también sus prendas personales y hasta los muebles.  

En Constitución, enfrente de dónde hablamos con Alpha, sobre la calle Echagüe, está la sede de la CTEP.  Desde allí presenciaron, hace unos meses, un violento operativo policial en el hotel familiar. Se acercaron a solidarizarse y a partir de ese momento abogados de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular acompañan y asesoran a los trabajadores senegaleses maltratados, golpeados, detenidos y judicializados.

Y torturados.

Allassanne Sumare sí quiere dar su nombre. Tiene 23 años y hace cuatro llegó al país. Hace dos meses la policía le sacó todo, y hace dos semanas volvieron a repetir la “injusticia”. Pero esa vez, él trató de defenderse: terminó detenido, con causas por usurpación del espacio público, violación a la ley de marcas y resistencia a la autoridad, que ahora es un delito federal.

Y por los golpes de la policía, tuvo que ser hospitalizado en el Penna.

Ese mismo día, se llevaron detenido a un ciudadano de Mali que pasaba caminando por ahí. “Sólo porque era negro. Nos discriminan. La policía nos dice: ‘Negro, andate de acá, no molestes’. Y nosotros no molestamos, estamos trabajando. Nos persiguen todo el tiempo. Nos quieren echar del país”, dice Mamadou, quien explica que la situación cambió drásticamente en los últimos meses: “Antes no era así. Incluso íbamos al baño y los policías nos cuidaban la mercadería. Pero ahora no, trabajar acá es muy complicado. Y si no trabajás, no comés. No somos delincuentes. No vendo droga. Además es muy caro y muy difícil llegar desde África. Hay que pasar por varios países. Y todos los que llegamos empezamos a vender en la calle, porque no tenemos plata para alquilar un local. Después con el tiempo algunos podemos trabajar en otra cosa, pero al principio no”.

La comisaría que todos marcan como la más violenta y la que más los persigue es la 16, en San José 1224. Hace unas semanas cambiaron al comisario. Se fue Cristian Alberto Canalis y llegó Pablo Mariano Varela. Pero la persecución a los vendedores ambulantes senegaleses no se detiene. “Hay un oficial pelado que siempre nos pega mucho”, coinciden varios. Y muestran la foto en sus celulares del principal J.R. Enriquez, según se puede leer en su identificación bordada.

Mbayedia tiene 26 años, y hace uno y siete meses que llegó desde Senegal. Hace unos días le tocó vivir lo que a la mayoría de sus compatriotas que trabajan en la vía pública, con una diferencia: no sólo le golpearon, lo detuvieron y le iniciaron una causa por resistencia a la autoridad, sino que encima lo llevaron, primero a la Alcaldía Nº 30, y después por unas horas al penal de Ezeiza. “Además me robaron el celular y la mochila. Se los pedí pero nunca me contestaron. ‘Andate, andate’, me decían”.

Los robos también son algo común, como así también que les quiten la mercadería y no les dejen ningún acta. “Cuando vienen los abogados nos hacen actas, y algunas veces recuperamos algo de mercadería. Pero siempre se llevan todo y nunca más lo vemos. Ellos no entienden que el día que no vendemos, no comemos. O sí lo saben, eso es más triste”, dice Arfang, quien ante esa situación que vive, se iría del país: “¿Pero cómo hago, si un pasaje es muy caro? Me siento atrapado aquí. Sólo me queda trabajar todos los días, y no me dejan”.

La situación de los ciudadanos senegaleses es de las más precarias en este momento en la Argentina. En el país no hay embajada ni consulado de Senegal. Y el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Mauricio Macri en enero pasado deja la puerta abierta para que muchos sean expulsados del país, con un procedimiento sumarísimo en apenas 48 horas y sin que se haya comprobado ningún delito.

La modificación de la ley de migraciones de 2004 había sido elaborada y discutida por organizaciones sociales y de migrantes con el Estado, pero el DNU N° 70 amplía los supuestos de expulsión para cualquier tipo de delito. Esto significa que aquellas personas que son involucradas en causas penales, como resistencia a la autoridad o violación de la ley de marcas, no van a poder regularizar su situación migratoria y van a estar alcanzados por los procedimientos exprés de expulsión, sin importar su situación personal, su proyecto de vida o familiar en Argentina.