Laboratorios y droguerías proponen importar, distribuir y aplicar las dosis aprobadas en el país, una torta millonaria que ya se habilitó en otros países. La oposición hace lobby en el Congreso. ¿Sirve ampliar la oferta de vacunatorios cuando las dosis son escasas?
Pocas veces en la historia de la humanidad un producto tuvo tanta demanda como las distintas vacunas contra el coronavirus Covid-19. Desde que comenzaron a aplicarse en diciembre de 2020, las presiones de las naciones para hacerse de dosis crecieron de manera exponencial, y desnudaron las desigualdades entre países ricos y pobres. En estos momentos, el 90 por ciento de las vacunas disponibles están en manos del 10 por ciento de la población.
En este contexto, producir vacunas se volvió un negocio millonario, que domina un grupo reducido de laboratorios, pero que se podría extender más si prosperan las presiones para que los Estados se corran del centro de la escena y dejen entrar a otros actores al reparto y aplicación de las dosis. Esto sucede en países como Estados Unidos y se podría replicar en la Argentina si se habilita a la industria farmacéutica a importar vacunas. Es una propuesta que llegó a la Casa Rosada, pero que por el momento parece no prosperar. También hay un proyecto legislativo para dar este paso, considerado "peligroso" por parte de los especialistas.
La idea de poder administrar parte de las 14 mil millones de dosis disponibles es uno de los objetivos de empresas y sectores cercanos a la industria farmacéutica, que aprovecharon la emergencia mundial para desarrollar un negocio de abultadas cifras que se basa en el actual sistema de patentes. Para esto, buscan quedarse con buena parte del aporte estatal, que financió las investigaciones principales de vacunas.
La pelea de los privados por quedarse con parte del negocio crece, al punto de generarse situaciones ilegales que alarman a las autoridades mundiales.
Según datos de la empresa Airfinity, pocas vacunas tienen una inversión privada mayoritaria. En el caso de la desarrollada por Pfizer, por ejemplo, de los 545 millones de dólares invertidos, dos tercios fueron fondos gubernamentales. Para las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson, en cambio, sólo se invirtieron recursos estatales y de organizaciones sin fines de lucro en el proceso de investigación.
Sólo una vacuna –la de la farmacéutica francesa Sanofi– se investigó con 100 por ciento de recursos privados y, debido a sus pobres resultados, luego fue suspendida. Pero al mantener el sistema de patentes, los laboratorios lograron quedarse con esa enorme transferencia de recursos, que se profundiza con la compra de vacunas por parte de los Estados. Un ejemplo: Israel llegó a pagar hasta cinco veces los valores del mercado para hacerse de dosis, y así lograr la campaña de vacunación más exitosa del planeta.
La oposición, alimentada por el escándalo del Vacunatorio VIP, hace lobby en el Congreso para que las provinicas y las prepagas puedan administrar sus propias vacunas.
Abrir el mercado para entrar al negocio
La idea de permitir que el circuito privado compre, distribuya y aplique las vacunas contra el Covid-19 fue discutida a comienzos de marzo, cuando una comitiva de la industria farmacéutica habló del tema con funcionarios nacionales. La propuesta es habilitar la importación de 3 millones de vacunas (1.500.000 de cada dosis), que ingresarían en el circuito de la trazabilidad de medicamentos: laboratorios que incorporan los productos, droguerías que las distribuyen y farmacias que las aplican.
La propuesta no es inocente, ya que el trasfondo es un “negocio millonario” para los privados, como coinciden en señalar en off diversas fuentes del sector. De concretarse esta posibilidad, las dosis disponibles –no está claro de cuál laboratorio serían– tendrían un valor de 26 dólares libres de impuestos, que podría trepar a 56 dólares con los componentes impositivos. Esto daría un precio de 5.320 pesos por dosis para la importación. En la reunión mencionada, los representantes del sector privado ofrecieron dispensar cada dosis a 7.500 pesos, es decir, 15 mil pesos por persona inmunizada. La ecuación final: un valor tres veces mayor al supuestamente invertido.
Por el momento, el ofrecimiento está congelado en el Ministerio de Salud, por iniciativa de las autoridades sanitarias. ¿Qué dice el Gobierno? Algunos funcionarios sostienen que distribuir y aplicar vacunas a través del circuito privado “puede ayudar a reactivar parte de la economía”, pero el criterio que prevalece es mantener la centralidad estatal de la campaña.
Por otra parte, las farmacias no están de acuerdo en sumarse a la propuesta de los laboratorios. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) ofreció, en una carta enviada al presidente Alberto Fernández, que sus 12 mil locales funcionen como “centros de vacunación”. Y descartan cobrar por el servicio.
Producir vacunas se volvió un negocio millonario, que domina un grupo reducido de laboratorios, pero que se podría extender más si prosperan las presiones para que los Estados dejen entrar a otros actores privados.
“No hay dosis para los países, menos para los municipios o la seguridad social”, afirman en la COFA, que tiene un posicionamiento crítico con respecto a la propuesta de los laboratorios: “Somos un eslabón del sistema de salud, y no vemos correcto buscar un lucro en medio de una pandemia”. Resaltan que las farmacias argentinas “tienen un fuerte espíritu sanitarista” y son “parte del sistema público de salud, con gestión privada, pero parte al fin”.
Pese a este rechazo, va cobrando fuerza el lobby legislativo –alimentado por el escándalo del Vacunatorio VIP que le costó el puesto al ex ministro de Salud Ginés González García– de diputados como Mario Negri y Luis Petri (ambos de la UCR), para permitirles a provincias y representantes de la seguridad social –sobre todo prepagas –que puedan adquirir y administrar sus propias vacunas.
La contención estatal
Desde que se lanzó la campaña de vacunación, el rol de los Estados fue central, no sólo en el diseño de la distribución y aplicación, sino fundamentalmente en el proceso de producción, dado que los Gobiernos y ciertos entes públicos, como universidades, aportaron muchos recursos para el desarrollo de las dosis. Los intentos de habilitar el circuito privado abren la puerta al lucro, que puede sostenerse en el tiempo si cada año es necesario inmunizar a la población.
“Que el Estado genere ese tipo de delegaciones es más un proceso de especulaciones que una observación de la eficacia en la vacunación”, sostiene Daniel Godoy, director del Instituto de Estudios en Salud de ATE (IDEP-Salud). Para el especialista, las críticas que se hacen a la vacunación “no se dan por la red de distribución, sino por los procesos de aprovisionamiento de las dosis”. Explica: “No es que sobran vacunas y no se están distribuyendo, sino que hay dificultad en la llegada de las vacunas, en el marco de una demanda mundial brutal”. Godoy no ve la necesidad de habilitar el juego a los privados y señala que, donde hubo “pseudo privatización” como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se produjeron distintas irregularidades.
Sólo una vacuna –la de la farmacéutica francesa Sanofi– se investigó con 100 por ciento de recursos privados y, debido a sus pobres resultados, luego fue suspendida.
El caso porteño muestra cómo la administración privada termina en un sistema menos eficiente, ya que la vacuna llegó discrecionalmente a afiliados de ciertas entidades, mientras los mayores de 70 y 80 años quedaron desprotegidos. Es lo que se vio en las jornadas de inmunización en el Luna Park y otros puntos de la Capital Federal.
Este proceso fue denunciado por Amnistía Internacional, que le exigió información detallada al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, luego de la denuncia en los tribunales contra las autoridades sanitarias por “privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus, debido a los contratos con prepagas y obras sociales, a las que se les entregó dosis para el uso exclusivo de sus afiliados”. La querellante es la abogada Natalia Salvo.
El juez Lisandro Fastman, quien subroga el juzgado N° 19 del fuero Contencioso Administrativo porteño, rechazó la medida cautelar presentada por Salvo, motivada por la inmunización que realizaron mutuales y centros privados como el Hospital Británico, el Hospital Italiano, el Hospital Alemán, el Sanatorio Güemes (OSUTHGRA-Hominis), OSECAC, CEMIC y OSBA, entre otras obras sociales. Desde ISEP-Salud y ATE, Godoy sostiene: “Creemos en el rol del Estado liderando la aplicación de las vacunas, el tema de la vacuna por Covid-19 debe estar en manos del Estado”.
Una disputa global
La pelea que se da en el país tiene su correlato a nivel internacional, en el marco de una pandemia que dejó al descubierto las desigualdades en el acceso a la salud. Uno de los pilares de este modelo es el sistema de patentes, que permite ganancias millonarias a laboratorios a partir del lucro de un producto que debería ser esencial para la humanidad.
India y Sudáfrica presentaron en octubre pasado la propuesta de suspensión de los derechos de propiedad intelectual para vacunas y otros insumos contra el Covid-19, pero la Organización Mundial del Comercio (OMC) rechazó la propuesta a partir de la opinión de los países más ricos y algunos otros con economías de peso, como Brasil. La iniciativa había recibido el apoyo de 100 países y diferentes organizaciones sociales, pero los negocios pudieron más que el reclamo humanitario.
La pelea de los privados por quedarse con parte del negocio crece, al punto de generarse situaciones ilegales que alarman a las autoridades mundiales. En países como Colombia o México se detectaron ofertas de vacunas “truchas” o venta irregular de dosis originales. Godoy advierte que si el Estado asume el rol central, estas situaciones pueden evitarse: “Se está viendo piratería, ventas ‘truchas’. Todo lo que es sacar de la rectoría del Estado significa que vos abrís el manejo y no sabés hasta dónde se facilitan este tipo de situaciones”.
El caso porteño muestra cómo la administración privada termina en un sistema menos eficiente, ya que la vacuna llegó discrecionalmente a afiliados de ciertas entidades.
En la Provincia de Buenos Aires, el compromiso político es evitar la administración privada de vacunas. Así lo afirmaron las autoridades del Ministerio de Salud bonaerense, que en varios encuentros ratificaron que el sistema público seguirá a cargo de la vacunación, ya que se garantiza “equidad”. En la cartera sanitaria provincial afirman que la infraestructura desplegada permite “vacunar a 130 mil personas por día”, dependiendo de las dosis disponibles, y que la regulación estatal no está en discusión.
En otras latitudes, como Colombia, las presiones del mercado dieron sus frutos para asegurarse la parte del león del negocio, el más grande en disputa de las últimas décadas. La escala monetaria que se maneja sólo es comparable con la disputa de insumos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
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