Se supo: a Magalí Morales la mató la Policía

Su familia no solamente supo que Maga no tenía motivos para matarse, sino que cuando llegó al lugar del hecho comprobó que era absurdo pensar en un suicidio: era físicamente imposible que ella misma se hubiera colgado. Y aunque personas sin preparación alguna lo notaron, los expertos no: la mafia de encubrimientos siguió y el caso fue caratulado como “averiguación de suicidio”.

La lucha de sus hermanas, su papá, toda su familia continuó pese a permanentes amenazas policiales. Aunque obtuvieron el derecho a una nueva autopsia, ¡les obligaron a pagarla! ¿Y si la familia no hubiera hecho mil maniobras para conseguir los recursos? Simplemente, hubiera habido impunidad absoluta, silencio para siempre, libertad para sus asesinos.

Pero la lucha siguió durante más de 17 eternos meses y hace pocos días, el 28 de septiembre, se confirmó: la autopsia, esta vez hecha correctamente, demuestra que es imposible que se trate de un suicidio y asegura lo que todas y todos sabían en San Luis: nadie se suicida en una comisaría, a Magalí Morales la mató la Policía. Hasta se comprobó que el cordón con el que la colgaron ni siquiera era de su buzo. 

¿Y ahora qué? ¿Qué falta para que se avance decididamente hacia la condena a los culpables y, también, a todos los que participaron del ocultamiento del femicidio? ¿Qué excusa encontrará la Justicia de San Luis para seguir haciéndose la despistada, la ciega, la idiota? ¿Qué espera el Gobierno Nacional para intervenir en un caso de corrupción escandaloso?

Basta de impunidad

“Ya salió la verdad a la luz –dice Andrea, una de las hermanas de Maga, llena de dolor–. Ya se sabe que a mi hermana la estrangularon. Necesitamos que todo el mundo lo sepa, porque es una locura. Es urgente que el presidente Alberto Fernández intervenga la provincia. Nadie nos escucha, a los hijos de Maga ni siquiera les ofrecieron un psicólogo, el juez y el fiscal de la causa se fueron de licencia. Se tiene que acabar tanta impunidad. Hago responsables al presidente Alberto Fernández y al gobernador Alberto Rodríguez Saá si a mí o a alguien de familia nos pasa algo. Se confirmó que a mi hermana la mató la policía y nadie nos cuida”.

Las organizaciones feministas que acompañan la lucha denuncian que los familiares de Magalí son hostigados cada vez que van a declarar: los persiguen, los amenazan, les prohíben entrar a la comisaría donde fue asesinada. “Dejen de hacer quilombo”, les dijeron con asquerosa impunidad, en la puerta de la comisaría, policías que trabajan en ese lugar. Incluso algunas personas que se acercaron a apoyar el pedido de justicia hasta las cercanías de la comisaría fueron amenazadas por la policía sin ningún ocultamiento.

Las autoridades provinciales siguen sin siquiera acceder a una reunión con la familia. Y los medios masivos de comunicación tampoco cumplen su tarea. Acaso, ¿habías escuchado hablar del femicidio de Maga Morales? ¿En qué lugar? ¿De qué manera se trató el caso? ¿Se continuó hablando de ella y de la lucha de su familia exigiendo justicia? Evidentemente, la cadena de encubrimientos y corrupción en San Luis es una red que va mucho más allá de cinco policías femicidas o cómplices de un femicidio.

“Los policías no fueron citados a declarar por el femicidio, sino por delitos menores, como privación ilegítima de la libertad –explicó uno de los abogados de la familia, Santiago Calderón Salomón–. Ahora se confirmó que es inviable la posibilidad de un suicidio y que la hipótesis más práctica tiene que ver con un femicidio. Los demás elementos de prueba ya habían dejado clara esta posibilidad, pero ahora se confirmó técnicamente, a través de las pericias, que la muerte de Magalí fue provocada. Por el paso del tiempo entre una y otra autopsia se perdieron algunas pruebas, pero bastó para llegar a esa conclusión. Hemos pedido que se cambie la carátula a femicidio y se indague a los policías por ese hecho. Aunque se está logrando llegar a la verdad, no hay detenidos, no hay prisión preventiva, por eso la sensación de impunidad sigue vigente”.

Hace pocas semanas, entrevistada por Cítrica, su hermana Andrea, que vive en Mendoza, decía: “Vivo con miedo de que me hagan algo a mí o a mi familia. San Luis es una provincia llena de corrupción e impunidad. Ruego por mis hermanas cada vez que van a testificar. Yo no voy, no iría, esa provincia es el Triángulo de las Bermudas para mí. Jamás la pisaría porque me da terror. Admiro a mis hermanas, a mi viejo, a mis sobrinos, por el valor que están teniendo. ¡Hay que tener coraje para ir al lugar donde asesinaron a tu hija! Vivo con rabia, con la sensación de que estoy en un país en el que nadie nos cuida”. Pero sostenía una mínima esperanza de justicia: “Hoy siento que es una quimera, pero si les dieran perpetua a todos los responsables, sería un gran alivio y perdería el miedo a vivir en este país”.

La familia ya hizo todo y mucho más de lo que tenía que hacer, la verdad ya está al descubierto. Ahora solo falta que la presión social obligue al juez de la causa, Jorge Pinto, a dejar de mirar para otro lado y a afirmar él también lo que todas y todos sabemos: que nadie se suicida en una comisaría y que a Magalí Morales la mató la Policía.