La larga batalla por el agua y la tierra en Mendoza

Frente a esta amenaza, los habitantes de Uspallata levantaron la bandera de la defensa del agua y la vida. “Defender el agua es defender la vida. No permitiremos que las empresas extranjeras se lleven lo que es nuestro, lo que nos pertenece: la tierra y el agua de Mendoza”, afirmaron los miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata en una reciente manifestación.

El rol de las empresas: Zonda Metals y Grupo Alberdi, entre la controversia y la desconfianza
Las empresas que lideran el proyecto, Zonda Metals y Grupo Alberdi, están vinculadas a un historial problemático en el que sobresalen las denuncias de prácticas corruptas y violaciones de derechos humanos. El Grupo Solway, al que pertenece Zonda Metals, ha sido señalado en múltiples ocasiones por su involucramiento en escándalos de evasión fiscal, corrupción y abusos ambientales en otros países de América Latina, como Guatemala. Las comunidades mendocinas, bien conscientes de este historial, temen que, bajo la fachada de "desarrollo" y "empleo", se escondan intereses puramente extractivistas y destructivos.

“Lo que está en juego no es solo el cobre, es nuestro futuro, nuestra agua y nuestra dignidad como pueblo. No vamos a permitir que nos sigan usurpando lo que nos pertenece”, expresaron en las asambleas populares que se convocan a diario.

El EIA y las dudas no resueltas

El Informe de Impacto Ambiental (EIA) presentado por las empresas carece de detalles fundamentales, especialmente sobre los productos químicos que se utilizarán en el proceso de flotación del mineral. Aunque se asegura que no se emplearán cianuro ni ácido sulfúrico, el informe menciona "otros productos químicos" no especificados, lo que genera aún más desconfianza. La falta de claridad sobre los efectos ambientales de estos productos no solo pone en duda la veracidad del informe, sino que también refuerza la percepción de que el proyecto está siendo impulsado sin el debido cuidado por la salud ambiental de la región.

Una comunidad en resistencia: la larga lucha contra la megaminería

El conflicto no es nuevo. En 2008, el proyecto San Jorge fue rechazado por la Legislatura provincial tras un fuerte rechazo popular. En 2011, la comunidad de Uspallata y otras localidades cercanas volvieron a hacer frente a la amenaza minera, logrando la suspensión definitiva del proyecto en ese momento. Sin embargo, la persistencia de las empresas y el cambio de propietarios ha mantenido viva la disputa, que ahora vuelve con un renovado impulso económico y la promesa de empleo, aunque en un contexto de incertidumbre.

Según datos de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, la minería representa solo el 0,6% del empleo privado asalariado en Argentina, lo que cuestiona la viabilidad de las promesas de desarrollo económico que acompañan al PSJ. La falta de sostenibilidad de estos empleos, frente a los impactos irreversibles de la minería a cielo abierto, subraya las contradicciones del modelo extractivista propuesto.
“No queremos un futuro de promesas vacías, queremos un futuro en el que el agua siga siendo libre para todos. Queremos que nuestra tierra siga siendo nuestra”, expresaron los manifestantes el pasado 24 de febrero, durante la reciente movilización contra el proyecto.
Represión y criminalización de la protesta: el lado oscuro del conflicto

El lunes 24 de febrero, la represión a los manifestantes en Uspallata se intensificó tras la detención de Mauricio Cornejo, uno de los líderes de la resistencia al proyecto minero. Acompañado de allanamientos y amenazas por parte de las fuerzas de seguridad, la comunidad de Uspallata se enfrentó a una nueva ola de criminalización de la protesta social. A pesar de los intentos de intimidación, la lucha por la defensa del agua y la vida sigue viva, con una creciente movilización en toda Mendoza.

“La represión no nos detendrá. Vamos a seguir luchando por lo que nos pertenece. Este proyecto minero no tiene licencia social, y no lo vamos a permitir”, afirmaron los activistas en su mensaje final de la protesta.

El futuro del Proyecto San Jorge: un riesgo para las generaciones futuras

El Proyecto San Jorge podría ser un modelo para otros proyectos mineros en Mendoza, especialmente al ser considerado el primer proyecto en entrar en producción bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, este modelo extractivista pone en juego no solo los recursos naturales de la región, sino también el bienestar de las generaciones futuras.

A medida que la comunidad de Uspallata y otras localidades cercanas continúan su lucha en defensa de la vida, el agua y la tierra, el gobierno provincial y las empresas mineras se enfrentan a un dilema moral: ¿Vale la pena sacrificar el futuro de las próximas generaciones por un beneficio económico temporal?

El desafío está claro: la minería a cielo abierto no es solo un problema ambiental, sino una cuestión de justicia social y de defensa de los bienes comunes que pertenecen al pueblo, no a las transnacionales ni a los intereses privados.