Mendoza, la incubadora de los proyectos represivos de Macri

Aunque el terreno puede ponerse aún más escabroso en el caso de que un individuo “evidenciare una conducta sospechosa” será penado con $8550. Resulta interesante pensar cómo van a comprobarse todos estos hechos, muchos de los cuales se manifiestan como insensiblemente agraviantes y violentamente persecutorios. Como por ejemplo es el caso de manchar, ensuciar, pegar carteles o escribir en paredes, que supondrá una multa de $8550. Y la lista sigue. Está de más decir que, en el caso de no poder pagar las multas, el pseudo infractor cumplirá días de arresto.

Revista Cítrica consultó a varios actores y actrices de la vida ciudadana mendocina para realizar una pormenorizada radiografía de este nuevo experimento de persecución PRO en el país.

Desde el colectivo de Ni Una Menos Mendoza, conformado por más de 70 organizaciones políticas y sociales, expresaron su preocupación ante el proyecto. Afirmaron que “se sustenta un paradigma ya superado en materia de derechos humanos y carece absolutamente de perspectiva de género, contradiciendo todos los avances que el movimiento de mujeres ha logrado en los últimos años. Retrocede a viejos esquemas en materia de niñez y adolescencia, salud mental, personas mayores, discapacidad, salud sexual, autonomía y criminalización de la protesta social; contrariando normas existentes en nuestra legislación y que poseen jerarquía superior”, denunciaron.

Explicaron que, por ejemplo, en el artículo 83 del código titulado como “incitación pública a prácticas sexuales", versa sobre “la incitación a prácticas sexuales" a cambio de dinero, condenando a las personas en situación de prostitución, a quienes no sólo sanciona sino que impone como obligación de conducta realizar el examen venéreo y de transmisión sexual y, en su caso, el tratamiento curativo; avanzando contra el derecho a la salud sexual y reproductiva, y la autonomía como principio de derechos humanos y acceso a la salud. Expresaron que estas problemáticas deben ser abordadas desde la salud pública, nunca desde la criminalización.

En ese sentido, Lucas Lecour, abogado y presidente de Xumek, Asociación para la Promoción y  Protección de los DDHH, dijo que este neo proyecto se caracteriza por “la inclusión de nuevas contravenciones, algunas absolutamente discriminatorias, restrictivas de derechos, con el único objetivo de perseguir determinados sectores vulnerables, sin motivos serios que lo justifiquen, ampliando las facultades discrecionales de las fuerzas policiales, contrario a nuestra Constitución Nacional”.

“Las fuerzas de seguridad podrán detener a cualquier persona por no informar sus datos personales, suministrar datos falsos o por 'conducta sospechosa'. De esta forma se refuerza la principal práctica abusiva de la policía, afectando gravemente el derecho a la libre circulación, sin control judicial, ni comunicación inmediata al juez y sin derecho de defensa”, explica Lecour.

Afirma que “al no existir un control adecuado, ni estadísticas confiables de su eficacia como prevención del delito, su utilización queda al arbitrio individual del agente quien detener sin demasiado fundamento, con el consiguiente peligro que representa una detención arbitraria sin ningún control”. Lecour sostiene que lesiona criminalmente el derecho a manifestarse y reunirse. “Se reprime conductas que se encuentran garantizadas en todo estado de derecho y se imponen obligaciones que afectan gravemente su ejercicio, lo que permitirá seguramente la selectividad del sistema sancionador, persiguiendo sólo aquellas manifestaciones y reuniones que sean contrarias a los intereses del gobierno de turno”.

Menciona “el retorno del Desacato”, dice Lecour, al señalar que “se sanciona a quien ofendiere en forma personal a un funcionario público en razón de su cargo, no regulando ninguna conducta que implique ofensa del funcionario al particular, olvidando además que los políticos deberían tener un mayor grado de tolerancia por ser personas públicas que ejercen funciones electivas en una sociedad democrática frente a expresiones vertidas sobre su desempeño. La vaguedad o ambigüedad de algunos términos puede generar desigualdades en su aplicación”.

La protesta nacional docente

“El lunes pasado se hizo una marcha docente multitudinaria que nunca la había visto en la historia de una provincia tan conservadora como Mendoza, esto me sorprendió”, cuenta la diputada provincial y presidenta de APDH Mendoza, Patricia Galván. En este contexto, explica que "el objetivo de Cornejo es criminalizar la protesta social, los vendedores ambulantes, los trapitos, los trabajadores de la economía popular”. Rememora que “Cornejo felicitó a un policía porque disparó contra una persona sospechosa de haber robado; es decir que responde a la misma filosofía que Patricia Bullrich”.

Galván afirma que Cornejo es “una persona tirana, que piensa que con este código va a evitar los conflictos que se vienen. A la gente ya no le importa un código de faltas. La gente va a salir a la calle porque tienen hambre, porque defienden la educación pública. Para Cornejo, todos los docentes son vagos. Y se basa en eso para cerrar carreras, como ocurre en el IES Tomás Godoy Cruz, donde cursan 25 mil alumnos, que está tomado, como tantos otros colegios de todo el país”.

“El director general de escuelas, Jaime Correas, y el mismo Cornejo, a través de este director, amenaza con penalizar a todos los docentes, alumnos, e inclusive legisladores, en una clara patoteada, con el fin de amedrentar y tener todo el poder absoluto para hacer lo que se le ocurra. La toma sigue”.

Galván asegura que “esto tiene mucho que ver con querer apurar el Código de Faltas porque quieren criminalizar las tomas. Para los radicales, las tomas son inticonstitucionales; por eso en vez de toma se habla de “asamblea permanente”. Esto responde a un plan sistemático de este Gobierno. Las políticas no cierran si no es con represión. Cornejo es alumno dilecto de Macri. Mendoza se ha convertido en la incubadora de los proyectos represivos de Macri y de Cornejo.

La diputada describe que "esto recuerda a momentos parecidos que he vivido en 1976. En Mendoza hay varias facultades tomadas. Hubo denuncias sobre que, al ingresar a la ciudad universitaria, había un retén policial, bajaban del colectivo a las personas, les pedían el DNI y -a algunos- les tomaron las huellas digitales. Es terrible”.

Agregó que “en una de las últimas sesiones legislativas había -dentro del edificio- personal de Infantería fuertemente armado. Los senadores les preguntaron qué estaban haciendo ahí y el jefe de los de Infantería los echó a los senadores del propio recinto. No lo logró, pero lo intentó. Lo que estamos viviendo es sumamente peligroso. No pareciera que van a retrotraer este rumbo, sino que lo van a acentuar y profundizar”.

El silencioso camino del Fracking

Diego Montón es miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y de la Secretaría de Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) Vía Campesina. "El gobierno de Cornejo viene ejerciendo una fuerte presión sobre la Justicia para perseguir y criminalizar a la protesta social. Hay dirigentes procesados por haber hecho manifestaciones públicas", explica. 

En este sentido agrega que "este año hubo un antecedente en el que un grupo completo de estudiantes que se manifestaron contra el fracking fueron imputados y llamados a indagatoria por presión del gobierno. Lo mismo pasó con un instituto que se manifestó contra los recortes en educación, todos fueron llamados a indagatoria. Esto sumado a multas a sindicatos que se manifestaron pacíficamente. Todo atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta, y todo esto ocurre dentro del marco de la crisis que estamos viviendo". 

Emilia José, también del MNCI y CTEP, explicó que el nuevo código "impide el derecho a la protesta porque impone tener que pedir permiso a quienes ellos consideran las autoridades competentes". Detalló además que "van a ser perseguidas aquellas personas que trabajen y desarrollen en su vida en el campo, porque impiden la circulación con armas blancas. Cualquier persona que trabaja en el campo y faena animales, siempre tiene en sus ropas facas y cuchillos que permiten desarrollar ese trabajo".

Por su parte, Montón agrega que "estamos en un contexto donde se viene el fracking y hay mucha resistencia en Mendoza en ese sentido. Lo mismo ocurre con la lucha por la educación. El tema de prohibir la ofensa personal a funcionarios atenta contra la práctica del escrache, por ejemplo. Esta metodología se usa cuando distintos funcionarios no escuchan los reclamos populares, y no hablamos de manifestaciones violentas, sino de poder decir que no estamos de acuerdo con las decisiones que toman".

En este sentido, asegura que "esto criminaliza la protesta social. También está el tema de la prohibición de organizar reuniones o manifestaciones en la vía pública en cuanto a lo que tiene que ver con acciones políticas sin la autorización del gobierno. Esto nos parece gravísimo". 

Montón destaca que "un tema central, como la actualización del código contravencional, carece de consenso político y social en Mendoza. Es un gran retroceso, porque los conflictos agrarios y por la tierra que tenemos, se dan en escenarios muy poco visibles, donde las maneras para darle visibilidad es a través de la movilización, el uso de redes sociales, y esto ahora aparece mucho más restringido".