“Que nadie se olvide de lo que pasó en Esteban Echeverría”
por Lorena Tapia GarzónFotos: Juan Pablo Barrientos
15 de noviembre de 2019
Se cumple un año de la peor masacre en las comisarías bonaerenses: 10 muertos por un incendio en una dependencia inhabilitada para alojar personas. El grito de justicia de sus familiares y el escaso avance de una causa que refleja la crisis humanitaria en las cárceles provinciales.
Se cumple hoy un año de la Masacre de Esteban Echeverría. Un año de la peor masacre en las comisarías bonaerenses. Un año de la muerte de 10 presos que estaban hacinados en un calabozo inhabilitado para alojar detenidos.
Un año.
Diez muertos.
Ningún imputado.
“La Comisaría 3ra sigue funcionando como si nada. Nos toman el pelo. Juegan con nuestro dolor. Queremos que se investigue la responsabilidad de funcionarios y de los policías que estuvieron esa noche. Queremos justicia”. Matilde Rojas habla con bronca. Su hijo Elías Soto, 20 años, murió pocas horas después del incendio que se inició dentro de un calabozo para 10 personas, donde el 15 de noviembre de 2018 había 27 alojadas.
Sobrepoblación. Sin agua. Sin luz. Sin colchones para todos.
Además del hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención, la Comisaría 3ra tampoco contaba con colchones ignífugos, ni sistema de prevención de incendios, ni plan de contingencia, ni tampoco matafuegos adecuados para apagar el fuego. Y aunque los bomberos estén pegados a la comisaría, nada alcanzó para evitar las muertes de Elías Soto, Jeremías Rodríguez (19), Jorge Ramírez (30), Eduardo Ocampo (60), Juan Lavarda (59) y Miguel Ángel Sánchez (31).
Las muertes siguieron en los días posteriores al incendio, originado por una pelea entre internos: Juan Fernández (31), Walter Barrios (21), Carlos Corvera (25) y Fernando Argüello (33) también fueron víctimas de la masacre.
La comisaría estaba inhabilitada para alojar detenidos desde 2011 y al momento de la masacre tenía siete clausuras: seis por orden judicial y una por resolución del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Responsabilidades políticas
“Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como representantes de las familias víctimas, entendemos que es necesario seguir profundizando la línea de investigación de las responsabilidades de los funcionarios del Ministerio de Seguridad”, destaca la abogada Margarita Jarque. Y señala que hasta ahora se avanzó solo con la declaración de una veintena de funcionarios de ese Ministerio.
Hoy, al cumplirse el primer aniversario de la Masacre, podría haber novedades respecto al requerimiento de la querella “para ampliar las medidas de prueba testimonial que el fiscal vino llevando a cabo en los últimos meses a distintos funcionarios policiales y ministeriales”. La investigación está a cargo de Fernando Semisa, titular de la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora, y hasta el momento no ha imputado a ninguno de los funcionarios.
La comisaría tenía siete clausuras cuando se produjo la masacre
En un informe de mayo pasado, la CPM señalaba: “Las sentencias judiciales fueron desobedecidas una y otra vez por el Ministerio de Seguridad. El hecho ocurrió un año y medio después de la masacre de la comisaría primera de Pergamino, donde murieron 7 personas que estaban bajo custodia del Estado. Pese a este hecho gravísimo, el Estado provincial no revirtió sus políticas públicas ni las condiciones estructurales que lo hicieron posible y provocaron este nuevo desastre humanitario".
La hipótesis de la CPM es muy clara: "Lo ocurrido en Esteban Echeverría no fue un accidente inesperado: fue una masacre de la que el Estado es su máximo responsable porque se inscribe en una larga secuencia de decisiones y omisiones políticas. No es producto de la fatalidad o la casualidad sino de una política criminal asentada en la saturación policial de los territorios y el incremento del encarcelamiento”
La maquinaria represiva
De las 272 comisarías provinciales que alojan detenidos, 105 tienen orden de clausura, pero siguen alojando personas, según indica un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de mayo pasado.
Matilde: “Estaban en condiciones horribles. No tenían agua, ni luz, ni baño, ni cómo higienizarse, ni les sacaban los residuos. Ellos estaban reclamando las condiciones en las que vivían, el trato que recibían. Y los dejaron morir”. Elías era su hijo mayor. Hacía tres meses que estaba hacinado en esa comisaría a la espera de un lugar en algún penal.
“Vamos a seguir luchando por más que pase el tiempo, hasta que haya justicia”, dice Mariel, hermana de Carlos Corvera. Carlos tenía 25 años y una hija de 7: estaba detenido por intentar robar una cortadora de césped. Hacía menos de un mes que estaba alojado en esa comisaría, sin condena, esperando la excarcelación que salió mientras estaba internado luchando por su vida. Murió el 27 de noviembre.
“Queremos que paguen los policías que estuvieron esa noche en el incendio”, agrega Mariel, que hoy a las 17 marchará junto al resto de los familiares de las víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos hasta la Comisaría 3ra en reclamo de Justicia. “Lo recuerdo muy amigo, compañero, siempre queriendo ayudar a los demás. Era, además, muy compañero con mi mamá, que es la que más lo extraña. Carlos está siempre presente en cada rincón de su casa”.
Matilde, en cambio, recuerda a su hijo como un “gruñón”, pero al mismo tiempo “cariñoso” y fanático de River. Sobre la marcha de hoy dice que será “un reclamo”, pero también “un homenaje” a los 10.
Las familias coinciden: “Vamos a seguir para que nadie se olvide de lo que pasó en Esteban Echeverría”.
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