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RIGI, entre el poder represivo y el poder popular

por Gioia Claro y Roxana Sposaro 
04 de julio de 2024

El Gobierno promete inversiones millonarias a partir de la Ley Bases y sus beneficios a los grandes proyectos extractivistas. Para eso garantiza represión y persecución judicial. En los territorios se gestan las resistencias.

El denominador común es la violencia. Las dos principales cartas políticas que mostró Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada (el DNU 70/23 y el proyecto de Ley Bases) sólo pueden llevarse adelante con represión estatal. La avanzada extractivista, favorecida por el RIGI (Régimen de incentivo para grandes inversiones) contenido en los artículos de la Ley Bases, ya prevé la resistencia de las comunidades indígenas, organizaciones y asambleas socioambientales de vecinas y vecinos en los territorios donde se pretenden emplazar megaproyectos de más de 200 millones de dólares de inversión. Algunos de los sectores favorecidos serían turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo, gas e industria forestal.

En este sentido, desde el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, anunciaron la creación de una “Unidad de Seguridad Productiva” (Resolución 499/2004). Este nuevo organismo, al mando de Alfredo Martín Culatto, que operará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial dependiente de la Subsecretaría de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad, según el Boletín Oficial del 13/6/24, tendrá como funciones:

Analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías.

Brindar, cuando proceda, bajo el exclusivo criterio del Ministerio de Seguridad y con carácter excepcional, en consenso con las jurisdicciones provinciales, la seguridad que demandan las situaciones enunciadas en el inciso anterior.

A su vez, explicita que “la selección de los sectores o empresas individuales que podrán ocasionalmente recibir la atención de la unidad de seguridad productiva será una decisión que quedará exclusivamente a criterio de esta cartera o de las órdenes que recibiere del Poder Ejecutivo, en función de la evaluación de riesgos o la situación particular de la entidad en un determinado momento, o la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer racional y en la opinión pública”.

Meter bala para que entren las inversiones

La titular del Ministerio de Seguridad dio el siguiente paso para asegurar la implementación del RIGI y el vendaval de inversiones que persigue la gestión liberal: “Estamos pensando en cuidar toda la zona minera del país con sistemas electrónicos y llegando a todas las empresas”, apuntó durante el lanzamiento del programa de Seguridad Productiva, y adelantó que se enviará una dotación de Gendarmería a Añelo (Neuquén), localidad núcleo de Vaca Muerta, para asegurar la explotación petrolera.

Estamos trabajando para que en San Antonio de los Cobres, Joaquín V. González y en varias zonas donde hay actividad minera tengamos un sistema de control común, seguramente con sistemas de comandos que permitan analizar los peligros que pueda existir en la zona y trabajar preventivamente”, advirtió la ministra en relación a la zona conocida como “Ruta del Litio”, en el noroeste argentino. A su vez, resaltó la acción de la Prefectura Naval Argentina y la necesidad de finalizar obras para permitir salidas al Océano Pacifico que abaraten los costos de producción, ya que el 80% del material minero argentino tiene como destino los puertos asiáticos.

El funcionamiento de los Comandos y las Unidades de las Fuerzas bajo las directivas de Bullrich ya es conocido. Estos operativos, desplegados en la Patagonia en su gestión como ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron los que provocaron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel.

Al momento de cerrar esta nota habían sido liberadas 11 de las 16 personas que se encontraban privadas de su libertad después de la cacería policial que se desató en las inmediaciones del Congreso el 12 de junio y que dejó un saldo de 33 detenciones. Todas ellas fueron alojadas en diferentes penales, acusadas de sedición e intento de golpe de Estado, entre otras figuras penales que apuntalan la idea de “terrorismo” y pasan por alto el derecho constitucional a la protesta. Cinco de ellas todavía siguen en prisión.

Este panorama pareciera ser el prólogo de los próximos capítulos, donde los pueblos indígenas, organizaciones sociales y políticas, comunidades y personas sensibles deberán resistir, aún más de lo que vienen haciendo desde la instalación del modelo extractivo en la Argentina, la entrega y destrucción de los territorios y la naturaleza que los alberga, en clara posición de desigualdad y vulnerabilidad jurídica.

La federalización del saqueo

El actual gobierno de Javier Milei, con la complicidad de gobernadores y legisladores de diferentes espacios políticos tradicionales, parecen decididos a radicalizar el discurso y las prácticas racistas y negacionistas en detrimento de los derechos indígenas, a fuerza de represión y judicialización de las luchas y reivindicaciones territoriales. Por un lado, se busca legitimar el saqueo extractivista a través de la “seguridad jurídica” y las facilidades impositivas que brinda el Estado a las empresas a través del RIGI y, por otro, se intenta garantizar un despliegue represivo estatal contra las comunidades y los pueblos que defienden los territorios.

Las llamadas “energías limpias” y los recursos utilizados para la “transición energética” (litio, cobre, hidrógeno verde, minerales raros) conllevan un vínculo extractivo y de saqueo de los territorios que poco tiene de “limpio” y, para colmo, no garantiza un transición justa y sostenible para las comunidades y poblaciones cercanas a estos megaproyectos.

Muy por el contrario, este modelo extractivista alude al “progreso” con el único fin de generar exportaciones. Incluso va más allá de los derechos elementales de las propias comunidades como, por ejemplo, queda expresado en el artículo 191 de la Ley Bases (referido al RIGI). La letra de la ley dice que de escasear o tener que regular algún insumo (como el agua), éste será de uso prioritario para los proyectos en marcha por sobre el abastecimiento interno. Primero la minera, después la población.

A continuación, algunos de los megaproyectos extractivistas que están aguardando la implementación definitiva del RIGI y que ponen en peligro a los territorios:
En Mendoza, el gobierno presentó el plan Pilares, que busca posicionar a la provincia como un polo minero de cobre a nivel mundial, con la colaboración de varias entidades y con más de 300 proyectos mineros que hoy se encuentran en diferentes etapas de exploración, cateo e incluso listos para la explotación.

En esta línea, el gobernador Alfredo Cornejo viene anunciando las políticas para el impulso de la producción minera y energética en la provincia: en mayo, Mendoza se unió a la Mesa del Cobre junto a San Juan, Salta y Catamarca; en junio, se promulgó la Ley 9.529, que actualizó el Código de Procedimientos Mineros para agilizar los permisos. 

También se anunció la creación del Polo Logístico Minero Pata Mora en Malargüe, con un presupuesto inicial de más de U$S 2.000 millones. Por otra parte, empresas australianas están planeando la explotación de cobre en la región. Además, se trabajan modificaciones en el Código de Aguas en conjunto con la empresa israelí Mekorot. 

Proyectos como el de San Jorge, en Uspallata, ya están en proceso de aprobación para comenzar con la explotación de cobre. La extracción de cobre también tiene en vilo a San Juan con los proyectos Josemaría, Los Azules y el Pachón; en Salta avanza Taca Taca y Catamarca es territorio de sacrificio para el megaproyecto MARA.

En Río Negro, en paralelo a la aprobación de la Ley Bases y el RIGI, se creó el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Co.P.E.A.M.). Empresas como Calcatreu S.A.U. ya solicitaron permisos para extracción de oro y plata y presentaron sus respectivos estudios de impacto ambiental. 

Corredor Americano, en asociación con Blue Sky Uranium, se involucra en la extracción de uranio en el proyecto Ivana. En tanto, Green Shift Commodities busca explorar litio en áreas de Río Negro, Neuquén y Chubut. El proyecto Vaca Muerta Sur, que afectará a las comunidades en Neuquén y Río Negro, ya genera preocupaciones por falta de consulta a las comunidades locales. 

Además, Petronas comienza la construcción de una planta de Gas Natural Licuado en asociación con YPF, y se proyecta convertir a Río Negro en exportador de hidrógeno verde con el Proyecto Pampas de Fortescue Future Industries, el brazo “verde” de la minera australiana Fostescue Minerals. 

Extractivismo, negacionismo y racismo

En Chubut, el juez de Cámara Sergio Rubén Lucero aceptó una medida cautelar solicitada por comunidades indígenas contra la provincia y la empresa Piche Resources S.A. por proyectos en Cerro Chacón, Sierra Cuadrada y Paso de Indios. Organizaciones ambientalistas alertaron que la Ley 5.001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto con cianuro, podría quedar sin efecto debido al RIGI, cuyo articulado establece que ninguna legislación local puede entorpecer el desembarco de las inversiones. 

El ministro de Hidrocarburos chubutense, Federico Ponce, afirmó que la ley en cuestión está vigente y que no hay licencia social para la megaminería en Chubut. A pesar de ello, se han presentado numerosas solicitudes de exploración y cateo de minas de uranio en la provincia, especialmente en zonas como Paso de Indios, Las Plumas, Gaiman y Mártires, a raíz de la sanción de la Ley Bases.

Desde la Unión de Asambleas y Comunidades del Chubut (UACCh) emitieron un comunicado en el que alertan: “El avance contra la voluntad popular con total ilegalidad e impunidad se impone a fuerza de intimidación, dispuestos a disciplinar a cualquiera que se queje, mientras que el gobierno acelera la adjudicación de permisos de cateo y exploración, que en algunos casos son ilegales por carecer de estudios de impacto ambiental y/o consulta previa, libre e informada, desconociendo la carta magna de Argentina, la de Chubut y acuerdos internacionales, como Escazú o el convenio 169 de la OIT, que es específico sobre derecho indígena”. Este avance ilegal también fue denunciado en un trawn (parlamento) autónomo mapuche-tehuelche realizado en Paso de Indios a comienzos de junio.

La denuncia de la UACCH señala: “Es lisa y llanamente un cheque en blanco para la entrega del territorio. (...) La embestida es clara y contundente. Vienen por nuestros bienes comunes y una vez más debemos ponernos de pie para defendernos, defender nuestros derechos y defender también nuestro territorio”. Sobre las responsabilidades políticas: “Esto es lo que (el gobernador Ignacio) Torres considera beneficioso para Chubut, la entrega del agua. Todo el pueblo sabe que están firmando la sentencia de muerte”.

En Neuquén, las comunidades mapuche vienen denunciando la intromisión de YPF en los territorios sin respetar el convenio 169 de la OIT y los acuerdos alcanzados a nivel provincial por la Confederación Mapuche de Neuquén con la gestión anterior. En mayo, la fiscal de Rincón de los Sauces Rocío Gabriela Rivero, por pedido de YPF, allanó la comunidad Newen Kura, metió presa a la logko y werken (autoridad espiritual) del Lof y permitió que se instalaran los flejes (mangueras) para proveer agua al fracking.

Existen 57 comunidades con personería jurídica en la provincia y otras 30, al menos, a la espera del relevamiento. Esta falta de regularización de las comunidades es uno de los eslabones que permite el avasallamiento permanente de las empresas en los territorios comunitarios para la ampliación de la explotación. Como es el caso del oleoducto Vaca Muerta Sur que inició YPF en mayo y que prevé ir desde Neuquén hasta el mar por Punta Colorada, en Río Negro. Algo similar ocurre con el gasoducto Néstor Kirchner, en el área de Tratayén, en Añelo, donde la comunidad Fvta Xayen, que no tiene personería, reclama ser parte del procedimiento de consulta previa para el desarrollo de esta megaobra.

Ante esta situación, referentes de organizaciones mapuche de tres provincias se reunieron recientemente en General Roca-Fiske Menuco para debatir las acciones a seguir frente a la política gubernamental. No se descarta la posibilidad de demandar por genocidio al Estado Argentino. Esta novedad se enmarca en una serie de reuniones que vienen teniendo los representantes indígenas. 

Participaron el Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén y la Organización Identidad Territorial Malalweche de Mendoza. Integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también fueron parte de la convocatoria, que también contó con miembros de diversas agrupaciones gremiales, sociales, políticas y ambientalistas.

Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche expresaron: “En estos tiempos donde se agrava día a día el racismo, las acciones de antiderecho, el avance del extractivismo en los territorios comunitarios, la agudización de la criminalización a organizaciones sociales, gremiales, sindicales e indígenas, la criminalización a la protesta social, la cual viene siendo señalada como actos de Golpe de Estado por parte del propio gobierno nacional; es que nos es necesario entablar un diálogo como espacios organizados”.

En nombre del progreso, la administración de Javier Milei les entrega a los capitales empresarios la posibilidad de avanzar en los territorios con proyectos extractivistas bajo la protección legal del RIGI y la garantía represiva de las fuerzas que comanda Bullrich. En nombre de la vida, las comunidades y los sectores organizados de los territorios provinciales se juntan para elaborar colectivamente alternativas al laberinto liberal que solo desemboca en el modelo extractivista. Habrá que ver cuán sólidas son las bases de la Ley Bases para sepultar una historia de resistencia social tan antigua como los intentos de acallarla.