El Gobierno de Mendoza privatizó una parte de la Cordillera

Por otra parte, hace pocos meses el propio gobierno de Mendoza rechazó el proyecto para construir el centro de ski Punta Negra, en la cordillera del Departamento Tunuyán (Resolución 141/2011 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial), luego de un Estudio de Impacto Ambiental desastroso, una Audiencia Pública desfavorable y habiendo iniciado el proyecto de manera ilegal antes de cumplir con estas instancias obligatorias (ni más ni menos tal como está ocurriendo con El Azufre).

Este fallido proyecto tiene muchos puntos en común con El Azufre, como por ejemplo que también era de un grupo empresario de Buenos Aires, al cual también el propio gobierno de Mendoza unos años antes le había entregado la tierra fiscal (en este caso no gratis, pero sí a un módico precio a través de un remate oficial).

De las 15.000 hectáreas de cuenca activa del Río Valenzuela, aproximadamente 2.500 están cubiertas de glaciares y ambiente periglaciar y 4.000 están cubiertas de humedales altoandinos, es decir, la mitad del territorio que se les entregó. En el primer caso se trata de una superficie que está protegida por la Ley Nacional 26.639 y directamente no se puede tocar. En el segundo caso, el dato no menor es que se trata del humedal altoandino más grande de toda la Provincia de Mendoza: las Vegas del Río Valenzuela, que comprenden un humedal de varios kilómetros de extensión, conformado por miles de hectáreas de pastizales higrófilos y pantanos de altura, y cientos de lagunas y manantiales, una enorme fuente de agua dulce que el gobierno debería haberle dado otro destino que entregarla gratuitamente a un grupo empresario privado.

Seguramente si tuviésemos Ley de Humedales, esto estaría prohibido, sobre todo porque, más allá del tinte de “sustentable” que se le pretende dar al proyecto (eufemismo discursivo recurrente si los hay en el mundillo del lobbyng corporativo), nadie empresario o del gobierno sabe informar que harán con tantos efluentes en un ambiente de característica periglacial y siendo naciente de ríos y arroyos, donde los procesos naturales de descomposición de la materia fecal se lentifican hasta el infinito e impacta negativamente en el ecosistema altoandino, tal como ocurre por ejemplo con los deshechos del Cerro Aconcagua.

Las Vegas del Río Valenzuela oportunamente fueron estudiadas por profesionales de la Dirección de Recursos Naturales Renovables que determinaron técnicamente que ese ambiente debería ser preservado y así se dio a conocer en el Informe Ambiental 2006 y el posterior Plan Ambiental 2008 (la única vez que el Gobierno de Mendoza esbozó una estrategia de Conservación de la Biodiversidad, hoy completamente ausente). Posteriormente, en 2013 se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para crear el Parque Nacional Pehuenche, que incluía la conservación de estos territorios y tuvo aval científico de los centros de estudios regionales del CONICET. Con esto está clara y fundamentada la vocación territorial de esa región, dada la importancia estratégica desde lo hídrico y lo biológico que tiene la misma y que su uso turístico tiene que ir de la mano de la conservación de la naturaleza y no del extractivismo, como para que el gobernador se la esté regalando a un grupo privado que ni siquiera ha presentado un informe ambiental de lo que pretende hacer allí. En lugar de ello, debería haber un área natural protegida provincial o un parque nacional, porque así lo ha demostrado la ciencia.

El otro detalle no menor que se está obviando es que el lugar donde se pretende construir una supuesta ciudad en medio de la cordillera, es considerada por el ámbito científico como la zona con mayor riesgo volcánico de Argentina, pues se halla a los pies de la caldera del complejo volcánico Planchón-Peteroa, el cual tiene un largo historial geológico de erupciones, algunas de ellas de envergadura catastrófica y por lo cual la zona está expuesta a la emanación de gases tóxicos, lavas, caída masiva de tefras, flujos piroclásticos y lahares (esto último precisamente por ser un volcán activo cubierto de glaciares que podrían derretirse repentinamente). Las evidencias de la actividad del Volcán Peteroa y su riesgo actual está ampliamente estudiado, y continúa siéndolo, existiendo numerosas publicaciones (incluso en el ámbito oficial) de los riesgos que dicha caldera eruptiva representa para la población humana.

¿Por qué estas tierras, hasta hace poco fiscales, pueden terminar en manos de una corporación extranjera?

El Azufre S.A. es una empresa que se conformó en 2018, con sede en Buenos Aires y con un capital social de 100.000 pesos. Se le ha entregó gratis una porción de territorio, de incalculable valor, a una empresa muy nueva y completamente insolvente.

Los dueños del proyecto no son ningunos novatos, ya que se trata de personas con experiencia en el manejo de negocios corporativos: Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela son los dueños de El Azufre. Son dueños de empresas de comunicación corporativa con estrategias comerciales de marketing a nivel global, están vinculados al Grupo Clarin y a los Beccar Varela (conocida familia oligárquica de Buenos Aires, que entre otras cosas tiene un estudio jurídico dedicado al lobby corporativo y un estudio inmobiliario dedicado a transacciones de grandes propiedades).

La inversión que anuncian es de 88 millones de dólares, dinero que obviamente no incluye el valor de la tierra que recibieron gratis. Es por ello que, si el proyecto es de la envergadura que anuncian y de concretarse, lo más probable es que se lo vendan a alguien que tenga ese dinero o lo pueda conseguir prestado, más lo que vale toda esa tierra con todo lo que tiene adentro. Hay que tener en cuenta que uno de los propósitos de El Azufre S.A. son los negocios inmobiliarios, según su acta constitutiva.

A modo de colofón

Y así pasará como pasó con el centro de ski Las Leñas: una iniciativa de un grupo de empresarios supuestamente visionarios, que terminó en manos de una corporación inglesa, no solo el proyecto sino también un importante sector de la cordillera al cual la gran mayoría tiene prohibido el acceso por ser “propiedad privada”.

Como puede verse, la historia es una comprobación de redundancia cíclica y así se escribe otro capítulo más de la nefasta entrega de la cordillera, así de simple y de intrascendente y sin que a nadie se le mueva un pelo, más allá de alguna queja por un alambrado que impide el acceso a una laguna cordillerana. Porque en verdad, más allá de los entregadores de ocasión, si el patrimonio público fuera defendido como corresponde por la sociedad, estas cosas no sucederían.

Este texto fue publicado originalmente por el investigador y asambleísta Federico Soria en su blogspot Yo tampoco me callo y editado por la Agencia Tierra Viva.