El Estado es responsable

“Es la primera vez que marcho. Y vine para hacer justicia. Para que a los chicos que siguen en la calle no les pase lo que les pasó a nuestros hijos. Pedimos Justicia y que salgan Bullrich y Macri de todo esto. Que dejen actuar al juez. Y que Bullrich se dedique a otra cosa: no sabe nada de seguridad”, sintetiza Ivonne, la mamá de Pablo Kucoc, el joven de 18 años asesinado por la espalda en diciembre por el policía Luis Chocobar tras un intento de robo a un turista. Ivonne habla mientras cruza 9 de Julio en la Cuarta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que en la Ciudad de Buenos Aires movilizó seis cuadras desde Congreso a Plaza de Mayo.

El asesinato de Kucoc instaló la llamada “doctrina Chocobar”, que tuvo la cerrada defensa no sólo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sino también del presidente Mauricio Macri. Hace cinco días, una foto que recorrió las redes sociales mostró a un Chocobar sonriente volviendo al cumplir servicio en la policía local de Avellaneda. Una semana atrás, había recibido la visita de la propia Bullrich en la que le transmitió un mensaje que no dejaba dudas: “No estás solo”, le dijo.

Chocobar está procesado por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber. Y embargado por 400 mil pesos.

Mientras cruza 9 de Julio, Ivonne sólo expresa otra síntesis en dos palabras:

-Queremos justicia.

Lo que se espera del Estado.

La primera marcha de estas características nació en Córdoba en 2015 luego del asesinato de Ismael Sosa, que había ido a un recital e La Renga. En esta ocasión, acá, la movilización se replica en más de diez ciudades en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, la columna está encabezada únicamente por familiares de jóvenes asesinados por diversas fuerzas policiales en sus barrios. Dato: la mayoría son mujeres.

Allí está Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, el joven de 16 años torturado y desaparecido por la Policía Bonaerense en Lomas del Mirador, La Matanza. Su cuerpo fue hallado cinco años y ocho meses después como NN en el Cementerio de Chacarita.

Angélica Urquiza, mamá de Jonathan Kiki Lezcano, el adolescente de 17 años asesinado por el policía federal Daniel Santiago Veyga, en 2009.

María Viera, mamá de Fabián Gorosito, asesinado en agosto de 2010: apareció en una zanja de un descampado en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo.

Las familiares de Nazareno Vargas, de 19 años, que apareció asesinado en plena vía pública en Merlo el 30 de julio de 2017.

La mamá de Walter González, con un cartel que grita: «Asesinado por el policía Horacio Gómez el 16/08/13. Basta de gatillo fácil! Ni un pibe menos!».

También marcha Alberto Santillán, papá de Darío, el militante piquetero asesinado por la Bonaerense en Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002, junto a Maximiliano Kosteki. A su lado está Isabel Huala, la mamá del lonko mapuche Facundo Jones Huala, a quien la Corte Suprema le acaba de dictar la extradición para que sea juzgado en Chile en un proceso que había sido declarado nulo por torturas a un testigo.

Isabel lleva en una mano una foto de su hijo. En la otra, del joven Rafael Nahuel, fusilado en Villa Mascardi por Prefectura. “Hay que salir a luchar, a las calles por lo que nos corresponde, que son los derechos y la libertad”, es lo único que dice a lavaca.

Y agrega otra síntesis: “Porque del Estado no espero nada”.

La nueva vieja doctrina

La marcha se detiene cinco minutos en la esquina de Avenida de Mayo y Sáenz Peña para recordar a Gastón Riva, uno de los asesinados en la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001. Allí, en la vereda, hay una placa con su nombre.

Una de las que aplaude es Vanesa, mamá de Nicolás Bustamente: “A mi hijo lo asesinaron el 20 de junio de 2015. Fue el policía Gustavo Ezequiel Acosta, en Claypole. Según la policía hubo un enfrentamiento, pero a Nicolás le disparó seis veces. No le dio ninguna oportunidad de vivir. No quiso detenerlo. Directamente lo mató cuando seguía tirado en el suelo. El policía está imputado por homicidio. La causa, quieta. Él tenía 20 años, pero acá vemos chicos de todas las edades. Es una sumatoria de casos, cada vez más muertes. La política represiva se traduce en que no hay que detener: hay que matar. Como Chocobar, o al chico de Parque Patricios: lo mataron por gusto”.

El chico que menciona Vanesa es Cristopher “Bocha” Rego, el joven de 26 años que asesinó Prefectura en la madrugada del 12 de agosto por no detenerse en un control de tránsito. Su papá explicó a los medios que no tenía los papeles del vehículo que había comprado hacía días y que, por eso, se asustó y arrancó. La respuesta fue a los tiros: uno le entró por la espalda, otro por la nuca. Ocho efectivos quedaron detenidos, y uno confesó haber disparado. A diferencia del caso Chocobar, el Ministerio de Seguridad emitió un rápido comunicado en el que informaba la exoneración de los oficiales. La familia dijo que, también, les enviaron una caja con pañales, cartones de leche y prendas para vestir. “No quiero nada de ellos”, lo rechazó el papá, en declaraciones a Página/12. E informó que, además, el Ministerio envió prendas para una nena: Rego había sido papá de un varón 40 días antes de que lo mataran.

La nueva política pública

La marcha llega a Plaza de Mayo con letras que se elevan como pancartas y dibujan una exigencia: «Fuera Bullrich». Rápidamente los familiares organizan un camión al que subirán para denunciar cada uno de los casos. Toda esta marcha -que tuvo su eco en Jujuy, Tucumán, San Juan, Mendoza, Neuquén, Bariloche, Chubut, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Rosario, La Plata y Mar del Plata- estuvo organizada por ellas. Desde la cabeza, las consignas hasta la seguridad y su organización.

Allí camina Javier Maciel, hermano de Agustín Maciel: “El 21 de diciembre de 2017 apareció muerto en la calle con dos tiros por la espalda en Laferrere, La Matanza. Fue un policía federal de civil, pero el juez lo dejó libre sin ningún cargo. La causa quedó caratulada como robo a mano armada, pero no sabemos nada. Nadie nos dice nada. Tenía nada más que 17 años. A un mes de cumplir del 18. Era el menor de nosotros”.

En la Plaza también está la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la abogada María del Carmen Verdú.

¿En qué momento llega esta cuarta marcha nacional?

-El año pasado, en la tercera marcha, decíamos que la represión había dejado de subir por escalera y se había tomado un ascensor. Esta llega una semana después de un hecho simbólico como la reincorporación al servicio activo de Chocobar después de haber recibido una nueva visita de Bullrich con senadores en la que le llevaron su solidaridad, tal como ella tuiteó. Hace 30 años estamos intentando convencer que la política de Estado represiva incluye como una herramienta al gatillo fácil: hoy es el propio gobierno que de esto hace una política pública que no sólo defiende, sino promueve.

Según el informe de Correpi presentado en diciembre de 2017, en los dos años de Gobierno de Cambiemos hubo una muerte por violencia estatal cada 23 horas.Verdú apunta que aún no pueden brindar una cifra de cómo esa política está impactando este año: “Para serte bien gráfica, la compañera que se encarga de la sistematización nos dijo que nos están matando más rápido de lo que podemos escribir. Lo que sí tenemos en claro es que estamos por encima del promedio del año pasado”.

Las muertes en manos del Estado siguen y aumentan.

Las movilizaciones, también.