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Argentina, donde migrar es un delito (salvo que traigan plata)

por Mario Ignacio Valdivia
Fotos: Victoria Cuomo
02 de junio de 2025

El Gobierno de Milei ahora va contra la población extranjera: vía DNU realizó una profunda reforma del régimen migratorio, que restringe el acceso a salud y educación, y habilita deportaciones exprés como las que mostró estos días Patricia Bullrich. Eso sí, garantiza la residencia permanente a inversores.

El gobierno de Javier Milei concretó, vía decreto de necesidad y urgencia (DNU), una profunda reforma al régimen migratorio argentino. La medida endurece los requisitos de ingreso y permanencia en el país, restringe el acceso a servicios públicos esenciales como salud y educación para quienes no tengan residencia permanente, habilita deportaciones exprés sin sentencia firme y premia con residencias a quienes invertan. 

Con la justificación de una falsa crisis migratoria y que muchos de los extranjeros generan un gasto público enorme para el país, el Gobierno busca arancelar y deportar a los migrantes que residen en el país.

Estas medidas buscan segregar a esa población. Por un lado, le exige demostrar ingresos para poder obtener residencia permanente; aunque por el otro, aquellas personas que inviertan en el país podrán saltar la fila y los requisitos y obtener la residencia permanente. Es decir, quien tiene ingresos y dinero puede tener una residencia, quien no, no. En los últimos días, desde la Casa Rosada informaban “complejidades legales y operativas” y que se afinaban los detalles “para evitar vacíos legales”. 

 

Mitos y realidades

Cuando analizamos la cantidad de extranjeros que hay en el país y que utilizan los servicios públicos, que ahora Milei pretende arancelar para residentes no permanentes, las cifras son bajas.

En Argentina viven alrededor de 1.900.000 de personas nacidas en otros países, lo cual representa tan solo un 5% de la población total, según el último censo de 2022. En cuanto a estudiantes extranjeros que estudian en Argentina, según el Anuario Estadístico de la Secretaría de Políticas Universitarias 2022, en las universidades públicas ese número no supera el 5%.

Lo mismo sucede en salud, en donde ya algunas provincias cobran a aquellos no residentes. Sin embargo, con esta nueva reforma, el cobro también incluiría a aquellos que llevan menos de tres años en el país. Según el gobierno libertario, durante 2024 se invirtieron 114 mil millones de pesos en atención a extranjeros. Sin embargo, esas cifras contrastan con la información que entrega el gobierno de la  provincia de Buenos Aires, donde vive más de la mitad de los migrantes que residen en nuestro país (siempre según cifras del censo 2022).

Según datos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la atención tiene un impacto muy mínimo en el sistema de salud, en donde el 0.2% de las consultas corresponde a extranjeros.

La muestra fotográfica “Migrar es un derecho”, realizada en 2019, Seis años después, el Estado vuelve a discriminar.

La muestra fotográfica “Migrar es un derecho”, realizada en 2019, Seis años después, el Estado vuelve a discriminar.

 

Preocupación migrante

Estas nuevas medidas más la hostilidad permanente de un gobierno que funciona en espejo con el de Donald Trump, aumentaron la preocupación de gran parte de los extranjeros en el país, que ve una discriminación creciente.

Geraldine Tiburcio, de 29 años, manifiesta que percibe “tensión con los extranjeros” desde la campaña presidencial de 2023. Con residencia permanente por el tiempo que lleva en Argentina, las nuevas disposiciones del Ejecutivo no la afectan directamente, aunque aclara: “No me apunta directamente, pero como va la cosa, seguro sacan algo más para evaluar a los que son residentes permanentes”.

Geraldine dice que le duelen estas medidas y esta sensación de discriminación ya que ve a Argentina “como si fuera mi segunda casa, pero más por temas personales y experiencias”. Aunque desde la llegada de Milei siente que “es como un pecado ser extranjero y vivir acá”.

La migración peruana es una de las más numerosas y discriminadas en Argentina. Según cifras del último censo, alrededor de 227.179 peruanos residen en el país y según algunos estudios recientes, más de la mitad se ha sentido discriminado alguna vez.
Una nueva corriente migratoria fue la venezolana, que ya suma más de 220 mil personas viviendo en Argentina. Muchas de ellas comparten pensamiento con las ideas de Milei, aunque no todas piensan igual.

Guillermar Zaldes lleva más de nueve años en Argentina. Tiene residencia permanente, aunque él dice que le preocupan estas medidas porque a él no se le hubiera permitido estudiar. Guille, como le dicen los amigos, dice que no considera que sean medidas discriminatorias sino clasistas. “Personalmente pienso… que es primero una avanzada, primero se plantea el tema, mediante este decreto se da la posibilidad que se le cobre a los extranjeros en las universidades. Efectivamente, después se le va a poder cobrar a un local”, enfatizando en la idea de que este es un comienzo para la privatización de la educación.

Guille expresa, en torno a si está bien o no cobrarles a los extranjeros, que un migrante “se integra a la economía, siendo un costo para el país… Es una fuerza de trabajo gratuita que le hace al país residente… Y Argentina se ha beneficiado de esto para ser un país solvente económicamente, más allá de las crisis y las deudas tiene mucha entrada de capital gracias a los migrantes”.
El ve a Argentina como su hogar: “Siento que aquí aprendí muchísimo, acá trabajo, aquí tuve familia… este lugar ha sido mi casa y será mi casa, siento muchas cosas lindas por este lugar”.

Al igual que Guillermar y Geraldine, hay miles de inmigrantes que ven a Argentina como su segundo país y sienten un cariño especial por la tierra que hoy los recibió, pero que ven peligrar sus derechos.

 
Constitución, ¡afuera!

No es la primera vez que un gobierno de derecha intenta implementar este tipo de medidas. Ya se intentó hacer en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, que había impuesto el decreto número 70 que buscaba la expulsión de más de tres mil extranjeros, luego rechazado en el Congreso. Algo similar busca implementar Milei.

Es por eso que la reforma migratoria está en marcha. Muchas disposiciones violan artículos de la Constitución, como el artículo 20, que garantiza a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos nativos, incluyendo el acceso a la justicia, la propiedad y el trabajo.

Sucede lo mismo al intentar arancelar la educación y la salud, ya que estas están garantizadas a través de la Constitución para toda persona que habite el territorio argentino.

Pero no solo viola derechos fundamentales nacionales, sino que también a tratados internacionales como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), entre otros.

 

La justificación del gobierno de Milei

El gobierno libertario busca evitar que el Estado argentino subsidie a extranjeros sin compromiso de arraigo, invocando los conceptos de “defensa de la soberanía nacional” y la “prioridad del ciudadano argentino”.

Bajo un concepto muy similar al utilizado por Trump en Estados Unidos, Milei busca “hacer a Argentina grande otra vez” a través de recortar derechos a diversos grupos que componen la sociedad argentina. Pasa desde diciembre de 2023 con jubilados, médicos, docentes y estudiantes. Ahora también con migrantes.

Pero esta reforma tiene tintes aún más segregacionistas. El propio decreto especifica que aquellos extranjeros que inviertan en Argentina podrán obtener la residencia permanente sin necesidad de cumplir con los requisitos generales. Volvemos a ese clásico imaginario migratorio que ve con ojos europeístas el concepto de la “Argentina blanca” o “Argentina europea”.

Cuando Adorni dice la frase “Argentina, en los próximos años, volverá a ser una tierra prometida para muchos migrantes”, da a entender que en la actualidad no lo es. Hoy, la gran cantidad de migrantes son latinoamericanos. Antes sí lo era, porque los migrantes que llegaban venían de Europa, aunque en aquellos años también fueron fuertemente discriminados.

Con estas medidas no solo buscan generar una grieta entre argentinos y migrantes, sino también entre los propios migrantes: una grieta entre hermanos latinoamericanos.