“Esperamos una sentencia justa, porque hubo un daño y la salud no se negocia”

Por Anabel Pomar

Cobertura colaborativa entre Agencia Tierra Viva y Revista Cítrica

Años de espera para que el juicio fuera realidad, cinco meses de escuchar testimonios y una veintena de audiencias. Llega el fin y todo es expectativa, con los ojos puestos en el tribunal que definirá la situación procesal de nueve personas acusadas de envenenar el ambiente poniendo en riesgo la salud de la población. “Esperamos justicia sobre todo por los que ya no están, por los que estamos y por las generaciones futuras”, destacó Sabrina Ortiz, impulsora de la causa.

El juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino se acerca a un veredicto. La acusación, querella y fiscalía, pidieron penas de entre dos a cinco años de prisión para los nueve imputados. Los representantes de las víctimas entienden que toda la responsabilidad y daño ha sido acreditado.

Las defensas, en todos los casos, pidieron la absolución, alegan inocencia y esgrimen que los hechos puntualmente endilgados a cada uno de ellos no están probados o no existieron. El fallo dirá qué concluyen los jueces. La fecha para conocerlo es el 24 de junio, a las 10 de la mañana, en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) de Rosario.

Si bien la cantidad de denuncias, y desde hace décadas, se multiplican en todos los pueblos fumigados, llegar a un juicio oral por delitos penales de contaminación es muy poco común (responsabilidad primaria del Poder Judicial, que no actúa en tiempo ni forma). Agencia Tierra Viva se comunicó con Sabrina Ortiz, una de las querellantes y referente de este juicio pronto a terminar. Fue una denuncia de ella, de modo anónimo primero, ante el Juzgado Federal de San Nicolás, lo que inició la investigación, las imputaciones, procesamientos y cautelares, y la mega causa que hoy espera un desenlace.

Sabrina sufrió en su propio cuerpo, en su hogar y en el cuerpo de sus hijos, Fiama y Ciro, el daño que provocan los agrotóxicos. “Esperanzada y ansiosa”, así cuenta que vive la espera. “Tengo mucha fe y confianza que esta vez los jueces van a fallar en favor de la salud. Estoy esperando que se haga justicia, esperando que llegue ese momento y confiada, sobre todo confiada, porque sé que hemos hecho un buen trabajo, y eso es muy valioso. Todo lo que se ha dicho se ha probado”.

La vecina que se convirtió en abogada para impulsar las denuncias de contaminación que nadie le tomaba, repite, una y mil veces, una palabra: justicia. Esperando justicia, vuelve a decir y subraya: “Esperando justicia sobre todo por los que ya no están, por los que estamos, y por las generaciones futuras. En esta oportunidad será distinto, hemos sido escuchados y eso es muy valioso”.

Para ese futuro, está pendiente también la resolución del tribunal sobre las medidas cautelares que hoy alejan los venenos de algunos barrios de Pergamino y, acerca de esto, Ortiz expresa claramente su deseo: “Espero que se mantengan las medidas cautelares vigentes y que se puedan ampliar las mismas a todos los pueblos del municipio de Pergamino y a todas las escuelas rurales, aunque no tengan casco urbano cerca. Todos merecemos esa protección y sería justo se extiendan esas medidas a esos lugares que están siendo tan castigados por las fumigaciones”.

Para los acusadores hubo un modelo sistemático de contaminación probado. Para las defensas se trató de "gente trabajando, honesta y cuidadosa", sobre las cuales pesan todas imputaciones basadas en la generalización que señala a la producción agrícola como envenenadora, cuando es “una actividad lícita, permitida, destinada a 'fabricar alimentos'", como expresó puntualmente Raúl Superti, el abogado de uno de los acusados, Fernando Cortese, en la audiencia del 4 de junio.

“La salud no se negocia”

Durante una exposición extensa y pormenorizada, en la audiencia del 27 de mayo, los abogados por la querella, Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro, afirmaron que los hechos investigados entre 2011 y 2019 no constituyen episodios aislados, sino la expresión de una práctica sostenida en el tiempo. Según señalaron, las fumigaciones se realizaron en campos lindantes con barrios como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde las viviendas se encuentran a muy corta distancia de las áreas cultivadas y los pobladores estuvieron expuestos de manera permanente.

Los abogados repasaron la gran cantidad de pericias y estudios científicos que confirmaron las afectaciones en agua y suelo. Precisaron las denuncias de fumigaciones nocturnas, sin receta fitosanitaria y a escasos metros de las viviendas en cuyo interior la presencia de enfermedades pudo ser también verificada, afecciones respiratorias, trastornos inmunológicos y la presencia de glifosato en organismos, especialmente en niños.

Y distintos tipos de cáncer. En el lugar de las querellantes, una silla vacía lo confirmaba: la vecina Florencia Morales, fallecida en 2023, no llegó a presenciar el histórico juicio. La pequeña hija de Paola Díaz, vecina y denunciante, tampoco. Murió con 11 años de leucemia.

Paola fue una de las madres que declaró en el juicio y una de esas mujeres que jamás abandonó la lucha por un ambiente saludable. Entre lágrimas, como pudo, ante la mirada de todos los imputados, relató el padecimiento de su familia, el dolor de la pérdida que jamás sanará y también contó cómo en la salita de salud del barrio le decían que no era nada. Agencia Tierra Viva se comunicó con ella para saber cómo vive los días que faltan para conocer si habrá justicia.

“Esperamos una sentencia justa, que los jueces se den cuenta de que acá hicieron un daño, que la salud no se negocia, que esto de salir a marchar, de hablar siempre, de decir y contar lo que pasó (como afectan los agrotóxicos) no lo hago solamente por mi hija. Lo hago por ella, pero también por los vecinos que todavía descreen, aunque sus chicos se enfermaron, o murieron, así como ha muerto gente grande también. Esperamos que se trabaje en el campo sin envenenarnos y que no sea eso sólo por nosotros que vivimos enfrente sino por todos”, señaló.

Para ellas, para esas madres —como Sabrina, como Paola, como tantas otras que denunciaron, sufrieron o aún sufren—, el Fiscal Federal Federico Reynares Solari de la Unidad Fiscal Rosario dedicó unas palabras en su alegato de cierre: “Las víctimas de estos hechos no solo fueron víctimas de eso, fueron re-victimizadas por las miradas que condenaban a quienes cuidaban al ambiente y víctimas de un sistema que no estaba preparado para atender la situación que les aquejaba. La respuesta del sistema penal tampoco fue la adecuada. Ocho años después estamos acá. Hubiese sido mucho más sano para todas las partes, llegar antes. Se posponían discusiones para que nada cambie. Madres que no tuvieron minuto de ocio, que se tuvieron que levantar y luchar, mujeres que cuidaban lo más valioso que tenían, y que mientras cuidaban a sus hijos enfermos, hacían encuestas, relevaban barrios, organizaban encuentros, charlas, porque nadie más se ocupaba”.

“Los bienes colectivos son las víctimas”

Para el fiscal Federico Reynares Solari, por la acusación del MPF, “la puesta en peligro del ambiente ha sucedido” y no quedan dudas de ello. Habló de múltiples ofensas y dejó en claro que espera el tribunal otorgue justicia a las personas afectadas, pero también reparación y protección al ambiente. “Los bienes colectivos son la víctima. Acá hay víctimas constituidas, ejemplo Sabrina Ortiz y sus hijos, pero el bien a tutelar es un bien que la excede, es colectivo, y es de todos, la titularidad del ambiente es impersonal, es de todos. Por eso hay que tratar al ambiente como un bien jurídico”.

Solari expresó en varias ocasiones, además, la gran deuda que el sistema judicial tiene para brindar respuestas a las denuncias de crímenes contra las personas y el ambiente producto de la contaminación.

“El sistema penal llega cuándo estos hechos ya sucedieron, las personas que vivían frente a los campos son los que anoticiaron al sistema. No solo lo vivieron, lo contaron, alertaron, avisaron e hicieron todo para que los perpetradores cesaran en sus acciones de fumigar. Intentaron estigmatizarlos por moverse en grupo, eso indica que todo paso en mucho tiempo, a lo largo de mucho tiempo, eso de denunciar en colectivo robustece la acusación, en vez de debilitarla. No hay una sola prueba que deslegitime ese sentimiento de vejación que vivieron los vecinos”, afirmó.

“Trabajan en un lugar fértil, se benefician del clima, entonces hoy no pueden decir aquí, parados en su metrito cuadrado, yo soy responsable de esto, y acá tienen que delimitar el hecho. Su producción nunca fue una cuestión catastral, no se circunscribe el medio ambiente a una parcela. Son personas que se están beneficiando económicamente del medio ambiente. El ambiente influye de modo decisiva en la actividad que llevaban adelante”, alertó.

En esa línea, al margen de lo que concluya el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, integrado por los jueces, Elena Dilario, Román Lanzón, y Eduardo Rodrigues Da Cruz, sobre las penas puntuales para cada acusado, todo el desarrollo del juicio y las audiencias públicas de la causa “Cortese Fernando Esteban y otros s/envenenamiento”, dejarán un gran precedente judicial para las causas de contaminación ambiental y también un gran mensaje de alerta para un país como la Argentina, que ha adoptado el modelo de agronegocios tóxicos, sin hacerse cargo de los daños y consecuencias que trae aparejado.

Todos los debates probatorios han dejado muchas preguntas que deberán ser respondidas por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, que tienen que garantizar un ambiente sano que posibilite el acceso a la salud integral y no lo están haciendo.

Entre otros temas, se interpeló con lo expuesto a quienes fabrican y a quienes autorizan los agrotóxicos, a quienes deben garantizar agua segura y a quienes que, por acción u omisión, elaboran las reglamentaciones y leyes que permiten su aplicación cerca de los hogares y escuelas.

También se cuestionó el sistema vigente de bandas toxicológicas (lo que asigna la peligrosidad de una formulación), que no representan el verdadero riesgo para la salud, y menos contempla el efecto crónico o a largo plazo, los parámetros de control de matrices ambientales, o la falta de ellos, las políticas que permiten que ningún agrotóxico de uso actual sea “medido” en el agua corriente, y pese a ello habilitar llamarle agua segura para consumo humano; la falta de registros de salud con perspectiva ambiental, de cobertura de salud con acceso a estudios toxicológicos, entre otros aspectos. Preguntas que siguen sin respuesta por parte de autoridades que no estuvieron sentados en el juicio.

Sabrina Ortiz tiene la esperanza de que algo cambie tras la sentencia: “Este juicio es ya un antecedente para preservarnos por lo menos un poco, pensando en los que ya no están, en los que estamos afectados, pensando en todo lo que pasamos, que ha sido duro, desgastante emocionalmente, pensando en todo lo golpeada que fui y sigo siendo por todos los sectores acá en el núcleo sojero. Y no queda más por decir, solo me resta pararme en la dignidad y luchar como lo hemos hecho, como lo vamos a seguir haciendo, mirando hacia adelante, esto no termina”.

Mientras se espera el veredicto, siguen flotando en el aire las palabras de Atahualpa Yupanqui, vecino ilustre de Pergamino (nacido en Peña, uno de los lugares fumigados que llegó a este juicio), autor de los versos elegidos por Carlos González Quintana, abogado de Sabrina, para cerrar su alegato final. “Hay un asunto en la tierra, más importante que Dios y es que naides escupa sangre pa que otro viva mejor”.

Una por una la situación de los nueve imputados.

Desde el Ministerio Público Fiscal pidieron para Fernando Esteban Cortese cuatro años y tres meses de prisión efectiva, inhabilitación por ocho años como productor agropecuario, accesorias legales y costas. La querella pidió cinco años de prisión efectiva, el doble de inhabilitación. Cortese además de estar acusado de contaminar poniendo en riesgo la salud y el ambiente, está acusado de amenazas a la familia de Sabrina Ortiz. La defensa fue por la absolución de Cortese y de todos los acusados.

Para Mario Roces solicitaron cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación por ocho años como productor agropecuario, accesorias legales y costas. La querella pidió cinco años de prisión efectiva, el doble de inhabilitación.

En ambos casos se hizo especial mención a la reiteración, permanencia en el tiempo de la conducta, de los peligros y daños acreditados.

Para Víctor Hugo Tiribó pidieron cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación por ocho años como productor agropecuario, accesorias legales y costas. La querella solicitó cuatro años de prisión efectiva y el doble de inhabilitación.

Para José Luis Grattone: tres años de prisión condicional, inhabilitación por seis años como productor agropecuario e ingeniero agrónomo, accesorias legales y costas. La querella pidió cinco años de prisión efectiva, el doble de inhabilitación, poniendo en foco que por su formación profesional tenía aún más conocimiento de lo aplicado.

Para los hermanos, Carlos y Hugo Sabbatini, 3 años de prisión condicional como coautores, inhabilitación como productor, accesorias legales y costas. La querella también pidió 3 años condicional y el doble de inhabilitación.

Para Cristian Taboada la Fiscalía pidió dos años de prisión condicional, cuatro años de inhabilitación especial, accesorias legales y costas. Tanto la fiscalía como la querella pidieron se lo condene como participe secundario. Ambas entendieron que, el ex aplicador, era siempre empleado o peón en el hecho denunciado y sólo cumplió órdenes.

Para los ex funcionarios municipales, acusados de no cumplir con sus deberes de funcionarios públicos, Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, la Fiscalía pidió dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El Ministerio Público Fiscal requirió además el mantenimiento de la medida cautelar de protección que aleja los agrotóxicos de viviendas y escuelas, el decomiso de máquinas utilizadas para fumigar de cinco campos involucrados en los hechos. La querella en el mismo sentido solicitó que los jueces velen para que el ambiente continúe protegido y que la cautelar se sostenga.