¿Soberanía para qué y para quién?

 Por Red de Comunidades Costeras

Un concurso público internacional a la medida de las corporaciones. Challenger Energy Group PCL es una empresa británica que solicitó al Gobierno Nacional un permiso para buscar combustibles fósiles en un área marítima de 5000 km2, denominada CAN 200, en la Cuenca Argentina Norte frente a la Costa Bonaerense y en el límite marítimo con Uruguay. A raíz de este pedido, Javier Milei resolvió por decreto (N° 590/2026) llamar a un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración para la búsqueda de hidrocarburos “sobre la base de la manifestación de interés formulada por la empresa CHALLENGER ENERGY GROUP PLC”. El presidente también autorizó que se incluyan en los permisos (de exploración y explotación), cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales. 

A la soberanía del pueblo, que se la lleve el viento. Esta columna empieza por el final, pues lo que nos convocó para escribir fue la nueva entrega por decreto de nuestro mar. Pero retrocedamos en el tiempo hasta 2016, cuando la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), creada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), aprobó la presentación argentina para extender el límite exterior de la plataforma continental más allá de la milla 200. En 2020, a través de la Ley 27557, la ampliación se formalizó y se incorporaron 1.782.500 km2 a nuestro mapa bicontinental. Esto fue aclamado en términos de soberanía, de ciencia y tecnología. La propia Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) dijo: “Todos los estudios realizados, además de permitirnos demarcar el límite de nuestra plataforma continental de la manera más conveniente para la Argentina han permitido profundizar en el conocimiento de la geología marina y de los recursos existentes”. También, desde la iniciativa interministerial Pampa Azul reconocieron que la ampliación “permite reafirmar los derechos argentinos sobre la plataforma y sus riquezas, y asignar medios y recursos para su investigación y uso sostenible”. Y es aquí dónde las preguntas que titulan esta columna cobran sentido. Especialmente el “para qué” de la soberanía. De hecho, el Decreto 590/2026 cita la ampliación de este límite como antecedente y fundamento del permiso para que una corporación extranjera explore el CAN 200.

Exploración sísmica costa afuera. Un mismo Mar para las comunidades. Un tablero de ajedrez para las corporaciones. Durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2018, entre ampliaciones, leyes y anuncios soberanos, el Mar que nos une desde la Costa bonaerense hasta Tierra del Fuego fue ofrecido a través de otro Concurso Público Internacional para ser “explorado”, en busca de “recursos” y “riquezas”: gas y petróleo. Como resultado, se otorgaron 18 áreas a diferentes corporaciones petroleras de bandera nacional, como YPF, y extranjera, como las inglesas Tullow y Shell.

De las áreas mencionadas, 7 se encuentran frente a la Costa Bonaerense. En 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Juan Cabandié como Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se convocó a la primera Audiencia Pública para tratar el proyecto presentado por la petrolera noruega Equinor, para su campaña de exploración sísmica en las 3 áreas marítimas adjudicadas (CAN 100, 108 y 114). En julio de ese año se realizó la audiencia virtual, que de pública y democrática tuvo poco y nada, ya que ni el Estado Nacional ni la empresa arbitraron los medios necesarios para garantizar la participación de la población. Aún así, el rechazo al proyecto petrolero fue masivo. Sin embargo, el 30 de diciembre, Juan Cabandié autorizó a Equinor para que realice bombardeos sísmicos permanentes en busca de hidrocarburos en nuestro mar. Pero la indignación y repudio de la comunidad se hizo escuchar en el primer ATLANTICAZO, el 4 de enero de 2022. Gracias a las movilizaciones a lo largo de toda la costa y a las acciones judiciales, la exploración sísmica en la Cuenca Argentina Norte tuvo que esperar hasta octubre de 2023. Mientras tanto, siguieron los simulacros de audiencias públicas para los proyectos de exploración presentados por corporaciones como Shell e YPF. En 2024 se realizó la perforación del primer pozo exploratorio a más de 2500 metros de profundidad. Los resultados durante la perforación no fueron favorables, pues el pozo estaba seco. A esto se le sumó que, entre marzo y abril de 2026, las empresas Shell y Qatar Energy devolvieron los bloques CAN 107 y 109, ubicados a 200 km de Mar del Plata y cuya exploración sísmica se hizo entre diciembre de 2024 y abril de 2025. Este anuncio significó un nuevo revés al proyecto impulsado por el extractivismo petrolero. No obstante, y en términos de soberanía, urge resaltar el acompañamiento incondicional de los distintos gobiernos nacionales que, gestión tras gestión y sin grietas políticas, crearon las condiciones de posibilidad para que las corporaciones multinacionales exploren y exploten nuestro mar, decidan cuándo entrar en el juego, cuando salir, qué hacer con la información que obtuvieron y cuándo volver a arremeter. Como sucede ahora con el CAN 200. En todos los casos, estas maniobras aportaron su granito de arena para construir el relato de la Vaca Muerta en el mar, sobre lo que hablaremos en breve.

Dijimos que eran 18 los bloques entregados. 7 de ellos vimos que corresponden a la Cuenca Argentina Norte,  los 11 restantes se ubican entre las Islas Malvinas y la Isla Grande de Tierra del Fuego. De hecho, fue en la Cuenca Malvinas Oeste donde la inglesa Tullow realizó exploraciones sísmicas entre noviembre de 2019 y marzo de 2021, en los bloques MLO 114 y MLO 119, sin audiencia pública y sin que la comunidad fuera informada. La empresa, todavía, tiene pendiente la exploración del bloque MLO 122. También en el archipiélago fueguino, aproximadamente desde la década del 80, se lleva adelante la explotación de gas y petróleo offshore, con 6 plataformas ubicadas a 60/70 km de la costa, en la Cuenca Marina Austral. Los yacimientos producen un 12% del gas que se consume en el país y son operados y controlados por el consorcio que integran Total Energies, Pan American Energy y, desde 2025, Harbour Energy. Ahora bien, Pan American Energy es una empresa que nace en 1997, tras la fusión de Bridas y Amoco, la sucesora de Standard Oil, que luego fue adquirida por British Petroleum. Nuevamente, una corporación inglesa. Por su parte, Harbour Energy que también es una empresa inglesa, entre 2021 y 2022, adquirió el 60% de las acciones del yacimiento León Marino, que opera ilegalmente el Reino Unido al norte de las Islas Malvinas. A esta altura del relato, se empieza a esbozar la respuesta a la pregunta acerca de para quién es la soberanía.

De la cordillera al mar, las comunidades unen lo que Vaca Muerta fragmenta. Neuquén, Río Negro y Bahía Blanca son territorios directamente afectados por la explotación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. Añelo y Allen son los epicentros del fracking, es decir de la perforación de la roca mediante millones de litros de agua, químicos y arena que se bombea a altas presiones para extraer el petróleo atrapado en ella. Son más de 4000 los pozos activos. Luego de 10 años de explotación petrolera, ya no crecen las peras ni las manzanas, hay zonas sin gas natural y sin electricidad, la sismicidad inducida es permanente y la pobreza también. Los tentáculos de este extractivismo se extienden, por ejemplo, hasta Chubut, en donde la planta de Dolavon aporta los áridos necesarios para la explotación a costa de la salud de los habitantes del lugar, pues se levantan nubes de polvo muy fino y peligroso, que favorece el desarrollo de cáncer de pulmón, entre otras graves consecuencias para el ambiente. Lo mismo sucede en Entre Ríos, que provee a Vaca Muerta de arena silícea mientras devora sus humedales. Volvamos ahora a Río Negro, pero sobre el mar. Con la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, se conectará Allen con Punta Colorada para poder exportar petróleo por el Golfo San Matías. Esto pone en riesgo toda la biodiversidad y la vida de las personas que habitan en ese maravilloso golfo, siempre azul. Además, en la zona, se instalarán cinco buques de licuefacción que procesarán el gas que se extrae en Vaca Muerta y el que se produce en Tierra del Fuego, para transformarlo en Gas Natural Licuado. GNL que, por supuesto, será exportado. Soberanía para quién, insistimos. Y ¿qué pasa en Bahía Blanca? Hace décadas que el polo petroquímico y el puerto petrolero le arrebataron a la ría su conexión con el mar. Explosiones, derrames de hidrocarburos en el estuario, contaminación y peligro permanente para sus habitantes son las condiciones de vida que ofrecen más de 40 años de supuesto desarrollo en clave de hidrocarburos para la población de Ingeniero White. Hoy, Puerto Rosales es la puerta de salida del 75% del crudo que se produce en Neuquén y Río Negro, pero como eso no alcanza, en estas horas se está realizando una megaobra de ampliación del muelle y las instalaciones, lo que duplicará su capacidad de exportación. Lo mismo sucede en Cerri, en donde TGS está construyendo una nueva planta separadora de gases para duplicar la exportación desde Puerto Galván. Las penas son de nosotros, y las vaquitas, son ajenas.

Una acepción de soberanía que garantiza y legitima el extractivismo. En su Diccionario de Usos del Español, María Moliner introduce una subacepción de la palabra soberanía: mando o dominio de un país sobre otro. Quizás, para responder a las preguntas iniciales tengamos que recurrir a este uso de la palabra. Pues cuando desde las comunidades hablamos de exploraciones sísmicas, fracking, buques de licuefacción, oleoductos, polos petroquímicos, puertos petroleros, estamos hablando de algunas de las múltiples formas en las que se expresa el extractivismo. Y, en consecuencia, del saqueo, el despojo y la apropiación de nuestros cuerpos y territorios. También de la dependencia y del sometimiento. Y por eso reclamamos su soberanía. Paradójicamente, desde el Poder y las corporaciones multinacionales, con ayuda de los medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales se garantiza y legitima el extractivismo con leyes, decretos y declaraciones que apelan casi sin excepción a la cuestión de la soberanía, pero en un sentido completamente diferente al que le damos desde los territorios de sacrificio. Veamos otros ejemplos, la entrega de los glaciares a las corporaciones mineras con la modificación de la Ley 26639 o el proyecto que se encuentra en el Congreso Nacional para permitir la venta de tierras sin límites a los capitales extranjeros, son formas en las que los gobiernos nacionales y provinciales, sin distinción partidaria, aseguran la soberanía de las corporaciones extranjeras sobre nuestros bienes comunes y nuestras formas de vida. Pero, ojo, que lo dicho hasta aquí no se preste a confusión, no estamos entregando la palabra soberanía. Lo que intentamos es tensionar el concepto, disputar su sentido, correr los velos del discurso de propaganda y hegemónico, para recuperar la dimensión y el ejercicio pleno de nuestra soberanía, la de nuestros mares, nuestra tierra, nuestros cuerpos, nuestras comunidades y nuestra vida.