El Gobierno de la Ciudad se apropió de un depósito con violencia
Un desalojo ilegal y brutal en la Villa Rodrigo Bueno: la Policía de la Ciudad, sin orden judicial, irrumpió para despojar a un vecino de un espacio que le pertenece por acuerdo oficial. La gestión de Jorge Macri utiliza la fuerza para ignorar sus propios compromisos.
La escena es un reflejo más de la política de avasallamiento que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplica sobre los sectores más vulnerables. En un operativo ilegal y violento, la Policía de la Ciudad irrumpió en la Villa Rodrigo Bueno para desalojar a un vecino de un depósito que ocupa legalmente, según un acuerdo firmado por el propio Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) durante la gestión anterior.
La brutalidad del accionar policial, que incluyó golpes a los vecinos que intentaban defender al hombre, expone el desprecio por los acuerdos y la utilización de la fuerza para imponerse.
El conflicto se originó cuando el IVC, el mismo organismo que firmó el Acta Acuerdo, intentó apropiarse del depósito del vecino. Este espacio le fue asignado como parte del proceso de reurbanización de la villa, una de las obras emblema de la gestión anterior, pero que hoy parece estar en riesgo por la nueva administración.
El vecino, que solo pide que se le otorgue otro lugar como estipula el acuerdo y que esto quede registrado por escrito, se encontró con una respuesta que no da lugar al diálogo: la fuerza bruta.
La actuación del IVC y la Policía es un delito. No solo están violando un acuerdo legalmente establecido, sino que están llevando a cabo un desalojo sin una orden judicial, una clara muestra de abuso de poder. La violencia desmedida no es la forma de resolver un conflicto, sino una herramienta para intimidar y despojar.
La gestión de Jorge Macri, que se jacta de ser la continuación de una política de "cambio", muestra que, en realidad, está dispuesta a deshacerse de los acuerdos que no le convienen, incluso si eso significa pisotear los derechos de los vecinos.
Este incidente en la Rodrigo Bueno no es un caso aislado. Es parte de un patrón de comportamiento que busca imponerse por la fuerza, desoyendo a los ciudadanos y vulnerando sus derechos. La violencia ejercida contra un vecino que solo reclama lo que le corresponde por derecho, es una muestra de que el diálogo y el respeto por los acuerdos no son una prioridad para esta gestión.
La pregunta que surge es: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para salirse con la suya? La respuesta, hasta ahora, parece ser que no hay límites, ni siquiera los legales. El precio de esta "limpieza" es la violencia.