Crueldad planificada II: el ajuste en Salud condena a las personas con VIH

Mi nombre es Ivo, tengo 36 años y hace 12 recibí mi diagnóstico de VIH positivo. Escribir desde este cuerpo en la Argentina actual no es un ejercicio narrativo ni académico: es más bien un acto de supervivencia. Si bien lo cotidiano para nosotros ya es batallar contra el estigma y la discriminación en los ámbitos educativos, laborales, en los vínculos sexoafectivos e incluso en nuestras propias camas, lo que nos pasa hoy con las políticas del Gobierno de Javier Milei es un abandono violento y planificado que nos deja expuestos a múltiples peligros.

Mientras el discurso oficial adorna el vaciamiento con frías metáforas de planillas de cálculo, en mis venas y en los cuerpos de miles de compañeres lo que se siente es el avance de la crueldad estatal. Hoy me toca ser víctima también del fraccionamiento de medicación que padecemos a lo largo y ancho del país por haber discontinuado las compras públicas de antirretrovirales. Este desfinanciamiento en el Programa Nacional de Respuesta al VIH nos condena a la interrupción de nuestros tratamientos y a la desprotección. 

Para quienes sufrimos VIH, el ajuste presupuestario no es una mera herramienta fiscal, sino una forma de violencia institucional que compromete derechos básicos, profundiza la desigualdad y, en última instancia, prioriza la timba financiera por sobre la supervivencia de los sectores más vulnerables.

El desmantelamiento de las políticas de prevención y tratamiento contra el VIH, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), las hepatitis virales y la tuberculosis (TB) no comenzó hoy. Desde el inicio de la gestión, la estrategia fue clara: asfixiar por inanición. Al “reconducir” el presupuesto con una inflación galopante que devoró el poder adquisitivo, la Dirección de Respuesta al VIH sufrió una licuación real de entre el 67% y el 76% de sus fondos en dólares para la compra de medicamentos antirretrovirales y reactivos esenciales. No fue ineficiencia, fue una decisión política de desatención y de abandono, que culmina en un genocidio silencioso.

Detrás de la bandera de la "libertad", lo que ejecutan es la desregulación salvaje de un mercado farmacéutico concentrado, donde corporaciones extranjeras imponen precios impagables para cualquier bolsillo laburante. Discontinuar la compra de antirretrovirales desde el Estado es una decisión política en detrimento de las mayorías populares que viola la Ley Nacional 27.675 y constituye una crisis sanitaria, tal como lo viene denunciando hace meses el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH, HV y TB en su proyecto de declaración de Emergencia Nacional en Salud Sexual.

 

Los números del vaciamiento: el Programa 22 en la mira

El núcleo del ataque se concentra hoy en el Programa 22, la herramienta técnica y federal encargada de adquirir de forma centralizada los insumos importados de última generación. Para este período 2026, la partida en dólares asignada a este programa sufrió una caída real del 38%: pasó de los 70,7 millones de dólares que se destinaban en el inicio del ciclo a apenas 43,6 millones.

A esto se le suma el golpe definitivo ejecutado mediante la Decisión Administrativa 20/2026, una poda de más de 63.000 millones de pesos al Ministerio de Salud de la Nación que impacta directo en nuestras cotidianeidades:

• Quita directa de 800 millones de pesos a los fondos específicos de respuesta al VIH, las ITS y la tuberculosis.
• Recorte de 900 millones de pesos en las políticas de Salud Sexual y Procreación Responsable, interrumpiendo las licitaciones públicas de barreras de prevención y bloqueando la distribución gratuita de 23 millones de preservativos a nivel nacional.
• Hachazo de 20.000 millones de pesos en el programa general de "Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica", el engranaje logístico que sostiene la llegada de la medicación mensual a las farmacias de los hospitales públicos.

Romper la prevención, recortar las metas

Este modelo no solo golpea a quienes ya tenemos un diagnóstico; destruye de manera deliberada el futuro de la prevención combinada en la comunidad. La eliminación lisa y llana del financiamiento para adquirir la Profilaxis Previa a la Exposición (PrEP) y la exclusión de las metas físicas de la Profilaxis Post-Exposición (PEP) representan un retroceso sanitario de décadas. Quitar del horizonte los tratamientos capaces de evitar más del 90% de las nuevas infecciones es una muestra de crueldad ideológica que vulnera especialmente a los sectores populares y a las diversidades/disidencias.

Este ensañamiento sanitario se complementa con el desmantelamiento explícito de la Educación Sexual Integral (ESI) y de las consejerías comunitarias. Al destruir los espacios donde se democratiza la información y el cuidado, el gobierno no está ahorrando: está sembrando las bases para una crisis epidemiológica que ya se empieza a ver. Clausurar la educación sexual es oscurantismo puesto al servicio del mercado de la enfermedad.

El vaciamiento técnico y el ajuste presupuestario aplicados por el Ministerio de Salud de la Nación han golpeado de forma directa la política sanitaria federal. Al reducir formalmente la meta de cobertura del programa de VIH a 71.500 personas, el Gobierno dejó deliberadamente sin financiamiento centralizado a casi 8.000 de los 79.170 pacientes que dependían del Estado para recibir su tratamiento. 

Este recorte de beneficiarios se complementó con el despido del 40% del personal experimentado de la Direccion Nacional de VIH y un recorte de 1.162 millones de pesos a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán, una medida que ralentiza los análisis de carga viral, los testeos rápidos y los estudios de resistencia a los medicamentos. Al destruir la infraestructura de los laboratorios públicos, la gestión actual no solo atenta contra la soberanía científica del país, sino que consolida un proyecto político y económico que subordina la salud de la población a las lógicas del mercado internacional.

 

La respuesta está en la calle

La falta de reactivos, la burocratización extrema de las recetas, el fraccionamiento de pastillas (obligándonos a peregrinar cada semana al hospital por un blíster) y las demoras en las entregas no son fallas del sistema: son el resultado directo de este esquema de ajuste. El abandono forzado de los tratamientos es una realidad latente si no se revierte este rumbo de manera inmediata. Hay que decirlo con todas las letras y sin eufemismos: el ajuste al VIH mata. No es una metáfora, es la consecuencia matemática de interrumpir la salud pública y el acceso a la medicación.

Por eso, la respuesta no va a ser el silencio ni la resignación en el ámbito privado. La reciente Marcha Federal por la Salud Pública que colmó la Plaza de Mayo demostró que la organización colectiva entre profesionales del sector, redes de pacientes, activistas y organizaciones de la sociedad civil sigue siendo el único dique de contención frente a la avanzada del mercado sobre la vida. Exigimos el cumplimiento estricto de la Ley Nacional 27.675 (Ley de VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis), la restitución de los fondos recortados y el cese inmediato de la persecución técnica de los programas de salud. 

Porque la salud no se negocia, nuestras identidades no se recortan y nuestras vidas no van a entrar nunca en la lógica de la motosierra. Y porque así como el ajuste al VIH mata, la organización popular salva.