Revista Cítrica

Un negocio de bajo vuelo


06 de febrero de 2018

Cuando aún regía una medida cautelar, el gobierno de Mauricio Macri avanzó en la construcción de un aeropuerto comercial para vuelos low cost en El Palomar y favoreció con la entrega de rutas aéreas a FlyBondi, una empresa investigada por presuntos vínculos con funcionarios de Cambiemos.

Gentiliza foto: El Ciudadano de Gran Buenos Aires
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Por Belén Tenaglia

Recientemente, la jueza federal Martina Isabel Forns autorizó 77 vuelos mensuales de los casi 400 que tenía previsto la empresa. Además solicitó un estudio de impacto ambiental y ordenó convocar a una audiencia pública dentro de los próximos 60 días. El 9 de febrero, la Base Aérea verá despegar el primer vuelo low cost.

“El Gobierno le entregó rutas aéreas a una firma con sólo 6 mil dólares de capital y que está dirigida por Julián Cook, un CEO británico cuya experiencia es haber fundido una aerolínea en Suiza porque allí no tuvo todas las dádivas y concesiones ilegales que tuvo acá”, afirmó Lucas Marisi, abogado patrocinante del amparo impulsado por vecinas y vecinos de Hurlingham, nucleados en el colectivo “Stop FlyBondi”, quienes presentaron el año pasado, ante el Juzgado Federal 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo un recurso de amparo para frenar la llegada de Fly Bondi.

Ahora entendemos el decreto de Macri. Hay un grado de connivencia de todos los funcionarios. Están moviendo cielo y tierra para concretar un negociado multimillonario. 

Los vecinos y vecinas, acompañados por organizaciones sociales y organismos de DDHH, insisten en rechazar la puesta en funcionamiento del aeródromo comercial. “Vamos a impedir por todos los medios tener acá un aeropuerto trucho, con una empresa trucha, con aviones truchos. Esto va a terminar en tragedia. Es importante que la justicia actúe pronto antes que la sangre sea derramada. FlyBondi es la crónica de una tragedia anunciada”, anticipó Marisi. Este lunes, la abogada ambientalista Claudia Sambro Merlo presentó una nueva demanda contra el gobierno nacional por la habilitación “arbitraria” e “ilegítima del aeropuerto de El Palomar. Además, apuntó “maniobras fraudulentas” por parte de FlyBondi.

El arribo de la empresa de bajo costo al Oeste del conurbano responde a la llamada “revolución de los aviones”, un plan integral aerocomercial presentado por el ministro Guillermo Dietrich en julio de 2017 que incluye la asignación de rutas aéreas a empresas de vuelo de bajo costo, inversión en materia de infraestructura para la renovación de los aeropuertos de todo el país y el proyecto de convertir la Base Aérea de El Palomar en un aeropuerto comercial. En un trámite express, FlyBondi, que al momento de la convocatoria no tenía flota propia, adquirió a través de la resolución 408/17 del Ministerio de Transporte 56 rutas áreas para operar vuelos comerciales con aviones Boeing 737 desde el oeste del Gran Buenos Aires. Actualmente, la firma está siendo investigada por el fiscal Jorge Di Lello por el presunto vínculo en emprendimientos y sociedades anónimas entre Richard Guy Gluzman, propietario de FlyBondi, y Mario Quintana, ex presidente de Farmacity y actual vicejefe de Gabinete

La insistencia por operar desde el aeródromo de El Palomar radica en evitar las tasas aeroportuarias vigentes en los actuales aeropuertos comerciales. Es que inicialmente, la brigada aérea no figuraba en el plan integral de obras para aeropuertos de todo el país. Así lo consignó Rodolfo Tailhade, diputado provincial del bloque Frente para la Victoria – PJ, al ampliar la denuncia radicada en la causa 18708/2016 “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita” por “haberse verificado nuevas y groseras irregularidades administrativas en beneficio de la empresa FlyBondi, que implican la concesión de enormes privilegios que sólo pueden explicarse por la relación de esa firma con encumbrados funcionarios del gobierno nacional”. En una reciente publicación realizada por el portal El Destape, se evidenció que el ministro Dietrich presentó como propio un trabajo técnico realizado con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para incorporar a la Base Aérea de El Palomar al Sistema Nacional Aeroportuario.

Están desfigurando las pruebas de las violaciones a los derechos humanos en la Primera Brigada Aérea de El Palomar, fundamentales en los juicios de lesa humanidad.

 

El proyecto no resultó más que una copia de la propuesta presentada por Aeropuertos Argentina 2000, que actualmente controla el Aeropuerto de Ezeiza y el Aeropuerto Jorge Newbery. “Ahora entendemos por qué el presidente Macri, al dictar el decreto 1107/17 (Ndr: para incorporar la Brigada Aérea de El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos) entregó la concesión de la base militar a Aeropuertos Argentina 2000. Hay un grado de connivencia de todos los funcionarios. Están moviendo cielo y tierra para concretar su negociado multimillonario”, puntalizó Marisi.

En Morón, la organización vecinal Isla Verde promovió en agosto de 2017 la campaña para la creación y protección de la Reserva Natural Urbana Comunitaria “La Isla” en El Palomar. También denunció el desmonte: los terrenos donde avanzaría el aeropuerto representan casi el 50 por ciento de la superficie verde del partido. De hecho, unos años atrás, en 2009, el Grupo de Investigación en Ecología de Humedales de la UBA había confirmado que el terreno lindero a la Base Aérea es uno de los últimos humedales en el conurbano, con ejemplares de flora de más 100 años y una fauna silvestre de más de 200 especies. Por ello, el área cumple con todas las condiciones para ser declarado Reserva Natural. Pese a que Argentina está adherida a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR), el vacío legal a nivel nacional sobre la protección de los humedales da vía libre al desmonte. Lo único que sabemos es lo que dice el ministro Dietrich por televisión”, explicó Guillermo Iracheta, abogado representante de Isla Verde. En este sentido, ni siquiera los concejales locales han obtenido respuesta a los pedidos de informe dirigidos al gobierno de Ramiro Tagliaferro.

Volar la memoria

La Base Aérea de El Palomar operó como centro clandestino de detención y tortura dentro del Circuito Represivo Subzona 16. En los primeros días de enero, previo a resolver la medida cautelar presentada por Marisi, la jueza Forns realizó una inspección ocular en la zona. Además, atendió la denuncia penal de Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham contra el gobierno nacional por la destrucción de un sitio de Memoria en claro incumplimiento de la ley 26.691. Allí constató la existencia de polvorines y de escuelas inmediatas a la zona. La acción derivó en una ampliación del amparo para la protección del Sitio de la Memoria presentado, por una parte, por Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora junto a Iris Pereyra de Avellaneda, mamá del "Negrito" Floreal Avellaneda, asesinado en los vuelos de la muerte que partían desde allí y, por otro lado, por la Asociación Seré para la Memoria y la Vida. “Están desfigurando las pruebas de las violaciones a los derechos humanos en la Primera Brigada Aérea de El Palomar, fundamentales en los juicios de lesa humanidad”, denunció Norita y alertó que “este gobierno no respeta los sitios de Memoria y el desarrollo del Aeropuerto es un negociado de un gobierno violatorio de los derechos de los pueblos”.

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