Revista Cítrica

Al calabozo por comunicar


11 de noviembre de 2017

Entre las 22 personas procesadas que fueron detenidas ilegalmente en las inmediaciones de Plaza de Mayo al cumplirse el primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado, había estudiantes, docentes y periodistas. Y migrantes. Carlos Guerra es comunicador popular y migrante, por lo que sufre una doble persecución.

Hernán Vitenberg
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Carlos Guerra*

Hace más de dos meses de la cacería humana emprendida el 1 de septiembre en manos del Gobierno nacional, su aparato policial y los medios de comunicación que terminó con un saldo de 31 detenidos que, en su gran mayoría éramos jóvenes estudiantes, trabajadores, docentes y periodistas que reclamábamos una respuesta y justicia contra la ebriedad de violencia con la que Gendarmería nacional actuó en el Pu Lof de Cushamen, violencia que provocaría la desaparición y costaría la vida de Santiago Maldonado.

La decisión del juez Martínez Di Giorgi de procesarnos a 22 de los 31 detenidos bajo los cargos de intimidación pública y resistencia a la autoridad sin tener consideración de los videos y las declaraciones en las que detallamos lo ocurrido, como el lugar exacto de las detenciones, que ponen en evidencia el armado de las actas elaboradas por la policía; no va en otro lineamiento sino con el de disciplinar y generar temor. Y para quienes somos migrantes debe ser de conocimiento y de repudio el DNU 70 de enero de 2017, un protocolo de expulsión exprés del país ya que acorta tiempos, favorece que se vulneren las garantías del debido proceso y ¡oh casualidad! va de la mano con la Ley Antiterrorista: todo esto se ajusta igualmente al discurso impulsado por medios de comunicación hegemónicos que nos remonta a imágenes instauradas en la memoria social como los campos de concentración, imágenes que no debemos repetir pero que se empeñan unos pocos en aplicar y justificar.

Considero que no son casuales las palabras de los uniformados haciendo alusión a una posible expulsión del país o a una eventual desaparición como manera de disciplinarnos y hacernos callar, como tampoco los tratos vejatorios a los que sometieron a mujeres y hombres durante esos tres días: es esto una suerte de juego macabro que hace que la percepción se desborde. Al día de hoy continúan retenidas nuestras cámaras fotográficas que representan nuestro instrumento de trabajo para mí como para otros colegas comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos -RNMA- e independientes, como también otros elementos personales. Como fotógrafo y estudiante de una universidad pública mi solidaridad es para la familia de Santiago como también para los pueblos indígenas y campesinos a lo largo y ancho del continente.

Persecución sin frontera

Tristemente en Colombia, país en el que nací y viví por 19 años, por mucho menos que esta nota son asesinadas casi que de manera sistemática personas que piden paz y se solidarizan con los problemas de la gente de a pie o con las causas humanitarias. Entonces en un contexto político global de persecución y criminalización de migrantes, de la instalación de muros fronterizos asesinos, el recorte presupuestario con el fin de eliminar la educación pública, los modelos de precarización laboral y demás derechos y garantías sociales conquistados con las vidas de muchas generaciones inocentes; nos encontramos justo ahora vulnerados y divididos.

No son extrañas las razones por las que la solidaridad traspasa la frontera entre culturas, pero si nos resultan ajenos los argumentos en aras de suprimir y silenciar las voces que con indignación se alzan contra un silencio sostenido y naturalizado.

 

Carlos Guerra, comunicador popular migrante. Fotógrafo y estudiante de la Universidad Nacional de las Artes.

 

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