La cárcel no reinserta ni resocializa

¿Sirven para algo las cárceles?

Toda la literatura especializada -fundamentalmente en Europa, EEUU y Canadá-, desde mediados y finales de los años 70 en adelante realizó investigaciones cuantitativas y cualitativas, donde se demostró que los tratamientos que sostienen actualmente la cárcel, y que están basados en las políticas “re”, es decir, resocialización, reinserción, etc., fracasaron. Las altas tasas de reincidencia son una constante en todos los sistemas penitenciarios, incluído el nuestro país. La cárcel no reinserta, no resocializa. Todo lo contrario: arruina, deteriora las vidas de las personas. Eso sí, el tratamiento penitenciario enseña a no desplegar vínculos solidarios, enseña sobretodo al sálvese quién pueda. La cárcel es una gran propagadora e impulsora de lo que podría denominarse “el individualismo negativo”. Por otra parte, y desde otro punto de vista radicalmente opuesto, Loic Wacquant describe en sus trabajos cómo la cárcel se ha convertido en un gran negocio. De hecho, las empresas gestionadoras y constructoras de centros penitenciarios en EEUU cotizan en bolsa, teniendo altas tasas de rentabilidad. Esta deriva lucrativa le da en un cierto sentido a la cárcel: comienza a ser un nicho de inversión, rentabilidad y ganancia de capital. Aquí con el neoliberalismo se lanzó un plan de construcción de cárceles federales, en la óptica americana donde el sector público penitenciario se convierte un nicho de mercado e inversión de los sectores privados.

¿Quiénes son los que pueblan las cárceles?

Otra constante de los sistemas penales de casi todo el mundo, es el alto grado de especialización en la selección de las personas que acepta en su interior. A la cárcel van los pobres más pobres de los sectores populares de cualquier país. El caso argentino no escapa a esta dinámica. Para dar un ejemplo, en las cárceles de Río Negro un altísimo porcentaje las personas privadas de su libertad no tienen completa la escolaridad primaria. Se trata de personas que están al margen, inclusive, de las políticas de atención social del Estado. Nos hemos encontrado que los familiares de los compañeros, esposas, madres e hijos, ignoran los recursos de asistencia social de los que dispone el Estado en la actualidad. Además, existe un preocupante aumento de encierro de personas que padecen una enfermedad mental. En Río Negro desde 1991 rige una ley provincial de salud mental. Gracias a esta ley, si una persona adulta comete un delito producto de una crisis psiquiátrica, y no va a ningún dispositivo de encierro pseudo o cuasi penitenciario. Al contrario transita su crisis psiquiátrica y el tratamiento en dispositivos comunitarios. Este sistema funcionó más o menos bien hasta hace unos años. Lo que nosotros notamos últimamente es que los jueces son cada vez más reacios a declarar inimputable una persona, y la envían a la cárcel. Las investigaciones en diversas partes del mundo demuestran un incremento alarmante de este tipo de población. Es por ello, que muchos autores hablan del “Asiloprisión” para denotar esta nueva configuración de la cárcel. Aunque todavía nos faltan investigaciones más sistemáticas, por lo que hemos observado en varios lugares, el sistema carcelario argentino está dando muestras de esta mutación.

¿Cumplen las cárceles argentinas con las funciones que se supone deben tener como la reinserción o la resocialización?

Las cárceles en Argentina son depósitos de personas. No reinsertan, ni resocializan. Pero además, no creo que ningún tipo de encierro pueda lograr esos objetivos. Para aprender a socializarse, tejer redes de solidaridad hay que estar en comunidad. Es imposible fijarse objetivos de tal naturaleza, con personas encerradas. En todo caso, si Usted lo que quiere es aprender a desconfiar de compañero que tiene a su lado, quiere aprender a manejar la mentira, quiere sentirse autosuficiente y omnipotente, quiere aprender las sutilezas del encierro a través de adaptaciones simuladas, quiere aprender a “hacer como que hago una actividad, pero en realidad no la estoy haciendo porque la hago por otro motivo no develado”, si Usted quiere aprender otra cultura, distinta a la de estar en comunidad, entonces, vaya a una cárcel. Es poco serio el planteo y no resiste el menor análisis.

¿Creés que se podría mejorar en algo el sistema penitenciario? y de no ser así, ¿qué alternativas se podrían pensar?

No creo en la mejora de este sistema. No creo en el castigo como solución al conflicto social. La única solución es romper con la lógica de tratamiento y el encierro. Ahora, lo que sí podrían hacer las autoridades es una vez tomada la decisión de encerrar gente, que al menos no sean tan crueles, perversas y violentas y cumplan con las mismas obligaciones que ellos mismos dicen que deben hacer. En definitiva: cumplir la ley. Le doy un ejemplo. Una gran mayoría de los servicios penitenciarios provinciales no paga siquiera el peculio. En Entre Ríos se paga un producido de la venta o de los convenios que se tienen con empresas. El salario más alto es de 950 pesos, pero la mayoría cobran entre 150 y 300 pesos. Por otra parte, no tienen ART, ni les realizan los aportes jubilatorios. En Río Negro no se cumple con el capítulo VII dedicado al trabajo, de la ley 24.660, como tampoco de las obligaciones impuestas en la Ley Provincial N° 3008 en relación al pago del salario por el trabajo realizado. Hay que decirlo con todas las letras: el Estado de Río Negro es un estado esclavista. ¿Porqué? Bien, el deterioro y la precariedad del sistema penitenciario es tal, que actividades centrales que tienen que ver con el desenvolvimiento de los penales, tales como el sector de cocina y limpieza, son tareas realizadas por los trabajadores privados de la libertad ambulatoria. Ni hablar de situaciones que son públicamente conocidas, como las del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, Mendoza o Córdoba. En definitiva no existen los derechos humanos en las cárceles. Las cárceles son lugares donde se violan sistemáticamente y de forma deliberada los derechos humanos.

Creo que las alternativas a la cárcel responden a dos estrategias con dos temporalidades diferentes. A corto plazo lo que urge es evidentemente salir de la inflación penal. Es decir, avanzar en la reforma del código penal, y también avanzar en las reformas de los códigos procesales penales. Lo primero que habría que hacer es despenalizar ciertos tipos delictivos que hacen que nuestras cárceles estén pobladas de gente. De las 65.000 personas privadas de la libertad actualmente, el casi 70% por ciento lo está por violación al derecho de propiedad y la ley de estupefacientes. Los delitos contra la propiedad merecen pasar de una vez por todas a la órbita del derecho civil. El tratamiento del tráfico de drogas francamente, también, no resiste el menor análisis (a veces pienso que nuestra elite detenta bolsones de irracionalidad). Por suerte, a nivel internacional comienzan a escucharse a la academia, y luego de más de veinte años de fracasos de las políticas de criminalización del consumo y tráfico de drogas, se abre un espacio para otro tipo de enfoque en la materia, alejado al despilfarro de recursos del Estado, el baño de sangre inútil, el encierro de las personas más débiles de la cadena de comercialización y el deterioro de la salud de los consumidores. Concretamente me refiero a la iniciativa de la ONU con el consejo asesor de ex-mandatarios. Si en Argentina atacáramos estas dos grandes esferas de problemas avanzaríamos en el despoblamiento casi total o crítico de la cárcel. Nos quedarían otros tipos penales que son también tratables desde una perspectiva abolicionista, como el aborto por ejemplo.

A largo plazo, se tiene que avanzar en la instrumentación de reformas que le saquen al Estado el monopolio en la apropiación del conflicto social, y para ello es imperioso avanzar en la mediación comunitaria para resolver conflictos, como también abrir el camino a alternativas al encierro. Llegados a este punto, las reformas ya no sólo atañen a las instituciones sino que atañe a toda la cultura. Ello implicaría entre otras cosas, plantear un sistema de resolución de conflictos sociales ajenos a la institución judicial heredada de la revolución francesa y que instaló una elite burocrática con privilegios salariales, y con poderes políticos que no se corresponden con los tiempos que corren. Estamos avanzando lenta y progresivamente hacia la agudización de la deslegitimación del poder judicial.

En mí predomina, como Usted ya debe sospechar, una visión antropológica sobre los problemas que despliega la instalación del castigo como sistema de resolución del conflicto social. El Estado frente al conflicto, se lo apropia, y la reacción estatal es la venganza. No le interesa solucionar el problema. Lo único que persigue es el castigo. Francamente cada vez que escucho a los distintos agentes del sistema, observo que actúan en función de la reproducción del Estado y de su cultura; y de lo que se trata es efectivamente el pasaje de la cultura de la venganza hacia otras formas culturales, basadas en la resolución e implicación comunitaria del conflicto social. Es necesario un posicionamiento radical frente al castigo, única manera de impedir que este sistema se reproduzca, y que la cultura punitiva sea un mero recuerdo, como lo fue la inquisición. El abolicionismo en este sentido es la única posición filosófica, jurídica, ética y política que brinda soluciones reales para dar por finiquito el pensamiento punitivo.

¿Cuál es el rol que le asignás a los espacios de creación y pensamiento dentro de las cárceles?

Son muy importantes. La única manera de romper la institución total es incorporando agentes ajenos a dicha cultura. Esto fue una experiencia que funcionó muy bien con los grupos abolicionistas del norte de Europa, de Francia con el GIP, en fin, de muchos lugares. Inclusive en Francia se incorporó en algún momento también la voz de los trabajadores penitenciarios que sufren las condiciones laborales. Funciona. En nuestro contexto, el CUD es una experiencia positiva, y he tenido conocimiento de estadísticas de baja de la reincidencia que son realmente muy alentadoras. El recientemente creado Sindicato de Trabajadores Privados de la libertad Ambulatoria adherido a la CTA (SUTPLA-CTA) en Río Negro es una herramienta que ha permitido interactuar desde otro lugar, y hasta ahora hacemos una valoración muy positiva de nuestra corta experiencia.

¿Creés que sirven para contener la violencia diaria con la que se vive en los penales?

Cuando una persona está “engomada”, es decir, encerrada durante todo el día, no realiza actividades, sale a un patio que no tiene luz natural dos horas por día o a veces dos horas por semana, bien, es normal y justo que se revuelte. El motín es una herramienta de manifestación política de las personas privadas de su libertad frente a condiciones de encierro deplorables, inhumanas, infrahumandas. En este sentido, cualquier actividad que se realice en los penales ayuda a que los compañeros puedan sobrellevar el encierro de la mejor manera posible, si es que esto es justo decirlo. Por ello, cuando existen espacios como el CUD o como el Sindicato, o cualquier otro, implica una alteración en la rutina cultural de las instituciones donde ello sucede. No puedo hablar del CUD, pero en lo que respecta a nuestra corta experiencia, la instalación de un sindicato con su cultura solidaria, asamblearia y colectiva implica una disrupción muy fuerte con el individualismo pretendido del tratamiento penitenciario y las lógicas de seguridad. Pero insisto, estas son herramientas tácticas en camino a una solución definitiva y radical, y que tiene que ver con la desaparición de este sistema de castigo estatal.

¿Cuáles son tus expectativas ante la creación del SUTPLA?

La mayor expectativa es que la organización se pueda consolidar de manera efectiva, y que se consolide como práctica habitual. Si se logra esto, sería realmente un gran paso adelante que implicaría un cambio con lo que actualmente está sucediendo; sobretodo con los efectos que provoca el tratamiento individualizador penitenciario. Se estaría instaurando una lógica colectiva, que evidentemente tiene otras dinámicas, muy diferentes a la penitenciaria y de seguridad. De hecho, ya nos pasó que tuvimos un afiliado sancionado por el jefe de trabajo y pedimos una reunión con el jefe de área interna y el funcionario que había aplicado la sanción y en la que estuvieron presentes todos los miembros de la comisión ejecutiva del sindicato. La idea era analizar y evaluar si la sanción había sido correcta, ya que nuestro afiliado tenía argumentos para sostener que había sido injustamente sancionado. La sanción se revirtió ya que no sólo era injusta, sino que al sancionarlo se estaba violando el derecho al trabajo, y que para hacerlo era necesario esgrimir motivos verdaderamente fuertes como para negar dicho derecho.

Básicamente nuestra lucha tiene varios ejes. En principio, que se pague el Salario Mínimo Vital y Móvil a todos aquellos compañeros que prestan servicios o están en talleres. En segundo lugar, que se de trabajo a todos aquellos que quieran trabajar. No puede ser que estén depositados como personas en el sector de “observación de conducta” durante meses o años, sin tener ningún tipo de actividad. Queremos también que se respete la legislación vigente y se paguen los seguros por riesgos de trabajo. Nuestro Secretario Ejecutivo trabajó durante más de ocho años en el penal y el otro día fue al ANSES. Es un muerto civil. No tiene ningún aporte jubilatorio. En fin, observe Usted cómo se prolonga la exclusión social, aún cumplida la pena; súmele el certificado de antecedentes, la falta de formación laboral, la escasa escolaridad, la pobreza, etc. El trabajo que le espera al Sindicato es arduo, y la agenda parece inabordable por lo extensa. Nos alienta los pasos y logros que han obtenido compañeros del SUTPLA Central, como el aumento salarial y las mejoras de las condiciones de trabajo y de seguridad para los trabajadores del SPF.

¿Qué sentís o qué les responderías a los medios de comunicación cuando instalan falacias como que las cárceles tienen puertas giratorias, o que hay que construir más cárceles porque cada vez hay más delitos?

El pensamiento punitivo se promueve y recicla desde los medios de comunicación de manera permanente, y cada vez con más énfasis. Zaffaroni en su libro “La palabra de los muertos” utiliza una imagen que ilustra bien lo que está sucediendo con nuestra clase política. Dice que en la actualidad es como si estuviéramos en una sociedad en la que existiría una universidad donde se tiene el saber de cómo curar una enfermedad, por el otro lado están los medios de comunicación manejados por brujos que dicen que el remedio es otro distinto al que propone la universidad, y por último están los políticos que escuchan los medios de comunicación e ignoran lo que dice la academia. Francamente los medios de comunicación están montados en una deriva incomprensible. Esta imagen de Zaffaroni es tan justa, que el otro día un periodista de un noticiero después de presentar una noticia de un robo en la vía pública comentó: “...y..que nos vengan ahora con la sensación de inseguridad!”. Es decir, con esa frase se llevó por delante el trabajo de años de laboratorio en las universidades. Lo patético es el papel de los políticos y la falta de formación de gran parte de los trabajadores de prensa, que en este esquema afirman datos, cifras, realidades que no existen. Creo que el estudio de la criminología debería ser obligatorio para ellos. Los medios de comunicación se han constituido en la usina del pensamiento punitivo. Ese es el campo de batalla.

¿Cuáles son las necesidades más urgentes de los privados de la libertad? ¿Tienen forma de comunicarlas?

Las necesidades dependen siempre del contexto. No son lo mismo las necesidades de una persona privada de su libertad en la prisión de Coronda en Santa Fé, que una privada en Viedma, o en Bariloche o en Provincia de Buenos Aires. Básicamente quizá, podríamos decir que uno de los grandes problemas es el no respeto al derecho de arraigo, la pésima alimentación, la falta de servicios de salud serios, la irresponsabilidad de muchos defensores oficiales que abandonan a los compañeros sin defensa, al hacinamiento, a la violencia y la tortura por parte de las autoridades penitenciarias, a la falta de educación y formación laboral, falta de remuneración, ayuda al núcleo familiar durante y después de la detención, por citar algunas. En lo que respeta a las formas de comunicarles, también depende. Depende la flexibilidad del penal en las formas de control, depende si existen organizaciones trabajando en el terreno, depende de muchas variables. El Sindicato en este sentido ha sido un instrumento que escapa a toda lógica de control y ha servido mucho para conocer verdaderamente las demandas de los compañeros y compañeras.

¿Usted habla desde el abolicionismo, pero qué significa ser abolicionista?

Básicamente proponemos otras formas culturales para abordar con más riqueza el conflicto social. Abordarlo utilizando otras epistemologías. En este sentido, prefiero hablar de abolicionismo latinoamericano. Miramos con mucha desconfianza el bagaje de conceptos que ha vehiculizado la criminología, ya que desde sus inicios siempre importó modelos pensados en Europa o EEUU. La criminología y todos los criminólogos en nuestro país ha contribuido de manera más que suficiente al epistemicidio de culturas nuestras que tenían otras formas de resolver los conflictos sociales.

También es dable pensar que el abolicionismo latinoamericano es el emergente de veinticinco o treinta años de monopolio de las políticas de mano dura, desmantelamiento del estado de bienestar y criminalización de la pobreza. La gente siente íntimamente que dichas políticas han fracasado. La evidencia está a la vista. El aumento o endurecimiento de las penas o la criminalización de la pobreza no han dado resultados. Es por ello, que creo que el pensamiento punitivo a pesar de su dominio y virulencia está en crisis, ya que su irracionalidad, en rigor de verdad, es un grito desenfrenado frente a la ineficacia probada de las soluciones que impulsa y el pánico general que ha desatado.