Revista Cítrica

El juez con miedo a mirar a los ojos


29 de diciembre de 2017

Gioia Claro

José Colabelli investiga a personas torturadas por la policía, acusadas de delitos inventados. El juez, presionado por un Gobierno que alimenta "el fantasma de la RAM", dará su fallo por escrito.

Click en la foto para ver galería

Este martes 26 de diciembre se realizó en el Juzgado Provincial de Esquel, a cargo del juez José Colabelli, la audiencia preliminar que mantiene procesados hace ya casi un año a Jorge Buchile, Ivana Huenelaf, Daniela González, Javier Ruiz y Gustavo Jaime, vecinos de las localidades de Lago Puelo, El Bolsón y Bariloche, quienes el 10 de enero de 2017 se acercaron a solidarizarse con la represión en la Pu Lof de Cushamen y terminaron viviendo una pesadilla. Policías de Chubut y empleados de Benetton los persiguieron a los tiros, los detuvieron, los golpearon y los torturaron. Y no sólo eso: les armaron causas falsas. Hoy, las víctimas de todo este aparato represivo tienen que rendir cuentas ante la justicia imputados de “atentado a la autoridad agravado por el uso de arma y por ser más de tres las personas involucradas en carácter de coautores”.

También los acusan de "terroristas" y de "pertenecer al RAM", por cortar una ruta, cuando ninguno de los acusados ni siquiera conoce la existencia de esa organización y no hay ninguna prueba que amerite esa acusación.

Tras varias instancias en las que las partes pudieron exponer sus argumentos y evidencias, y luego de que el pasado 26 de octubre, el propio juez Colabelli instara al Ministerio Público mediante un emplazamiento de la audiencia para que éste pudiera aclarar las acusaciones, que resultaban vagas y carentes de precisión, ahora el magistrado ha decidido que resolverá esta causa por escrito, en un plazo de 5 días hábiles. Sí, por escrito. O sea, sin mirar a los ojos a esas víctimas que hoy también lo son del sistema judicial, cómplice y pata fundamental de la avanzada del Gobierno y los terranenientes contra las comunidades mapuche y todos aquellos que se solidarizan con sus reclamos.

“Le dije al juez, ‘qué triste es ver la justicia tan injusta con nosotros. Siendo que tenemos pruebas, que siempre nos presentamos’. Ahora tenemos que esperar al 3 de enero para saber si nos van a sobreseer o si se eleva la causa a juicio. Esperar que el juez dictamine por escrito, porque no pueden vernos cara a cara, porque le pesa seguramente.

Que un fiscal y un juez no te puedan mirar, que dictaminen y te informen por escrito porque saben que están actuando mal es muy triste. Sabemos que están presionados y de dónde viene esa presión. Pero a nosotros también nos pesa ver tanta impunidad”, dice Ivana Huenelaf, quien ese 10 de enero fue torturada en la comisaría de El Maitén, donde le quebraron una mano y cuando abogados fueron a preguntar si ella estaba detenida allí, el fiscal Díaz Mayer lo negó.

Sí, un fiscal negó que tenían a una mujer detenida, quien a los gritos y por una ventana logró hacerse oír. Ese fiscal es el que puso la Justicia en el inicio de esta causa armada. Obviamente se apeló y designaron a otro, pero el dato sirve para mostrar los niveles de impunidad de un Poder Judicial que contribuye a la persecución del Gobierno, que a través del invento del "peligro terrorista de la RAM" acusa y arma causas a víctimas y mira para otro lado o cajonea las denuncias contra fuerzas de seguridad, funcionarios y empresarios.

"Es increíble, en mi caso me acusan de tirar molotov, de usar armas y de resistencia a la autoridad. No hay una sola prueba de todas esas mentiras y todos los testigos son los mismos policías que nos persiguieron y nos golpearon. Lamentablemente ya sabemos cómo se maneja todo acá, y seguiremos luchando hasta que se haga justicia y se visibilice todo esto", dice Huenelaf.

Ese 10 de enero, luego de que el juez Guido Otranto ordenara el violento desalojo que resultó el antecedente lo que ocurriría el 1 de agosto en la Pu Lof, varios vecinos llegaron hasta la comunidad una vez que se levantaron los retenes que las fuerzas de seguridad armaron para “reprimir” sin testigos.

Muchas de esas personas, que ni se conocían y que llegaron por escuchar la noticia de la represión por la radio, se ofrecieron a buscar los animales de la comunidad que habían desaparecido tras el operativo. Salieron, junto a miembros de la lof, por el camino de ripio que comunica la ruta 40 con la localidad de El Maitén, en la camioneta de Jorge Buchile. En medio del camino, se cruzaron con un camión sin identificación, donde reconocen que llevaban los caballos que buscaban. Cuando les hicieron señas para que se detengan, desde el camión comenzaron a dispararles. Los que iban en la caja de la camioneta se escapan de las balas corriendo por el campo. Entre ellos estaba Javier Ruiz, a quien detienen. Los que quedaron en la camioneta intentan alejarse camino a Maitén.

“El jefe policial del operativo se trasladaba en esta camioneta –sin identificación- que pertenecía a la Cia. Tierras del sud S.A, conducida por el submayordomo de dicha compañía, el Sr Graña, que actuaba en todo momento como si fuese el jefe del operativo”, relata Gustavo Jaime, otro de los injustamente acusados y que se enteró de esto cuando empezó la investigación. Tierras del sud es Benetton.

En ese momento, de frente les apareció un patrullero de la policía de El Maitén, del cual bajó el oficial Amed, quien comenzó también a disparar contra ellos. Buchile, que conducía la camioneta, esquivó el patrullero recibiendo impactos de bala en la caja de la camioneta y en el parabrisa, que milagrosamente no hirieron más que superficialmente a uno de los que allí se encontraban y siguieron, huyendo de los balazos, hacia el hospital de El Maitén.

Edgardo Manosalva, uno de los abogados defensores, agrega:

"Las balas le pasaron a algunos a 10 cm, a 30 cm, balas de plomo, con intención letal por parte de los efectivos de la Policía del Chubut y eso ni siquiera se empezó a investigar. Eso es muy grave y da cuenta que había un pacto, entre Nación y la provincia para salir a cazar mapuche”.

Al llegar al viejo hospital de El Maitén se encontraron con más policías y personal de Infantería, quienes los detienen violentamente, sin decirles en ningún momento cuáles eran las razones, golpeándolos e insultándolos, para luego llevarlos detenidos a la comisaría de esa localidad, donde los mantuvieron incomunicados varias horas, bajo amenazas y sin respetarles el derecho a comunicarse con sus familias o abogados.

Lo increíble es que este hecho es tomado por el Ministerio Público Fiscal, representado primero por el Fiscal Diaz Mayer y luego por Oscar Oro, para armar esta causa, argumentando que este grupo de personas intentaron robarse los equinos secuestrados bajo orden judicial y se enfrentaron con armas de fuego (que nunca fueron encontradas) y luego se dieron a la fuga atropellando al oficial Amed, quien supuestamente quedó lesionado de una pierna e inhabilitado por tres meses, hecho que se le imputa específicamente a Jorge Buchile por ser quien conducía.

"Siento como ciudadana que la justicia no está haciendo justicia. Es muy triste que nos acusen así nomás, sin pruebas. Algo que me quedó que el fiscal decía, esto de Amed… Yo lo vi a Amed disparando y él dice que estaba golpeado, que lo atropellaron. Yo iba en la cabina de la camioneta pidiendo auxilio con un teléfono celular y cuando llegamos al hospital, el que nos caga a patadas es Amed. No entiendo como se pudo atropellar, y es él mismo que me dice 'hija de puta mirá lo que hiciste', mientras le daba patadas en la cabeza a Jorge (Buchile). Por eso estoy dispuesto a que se nos investigue, pero pido por favor que investiguen todo, es muy duro para nosotros todo esto, es agobiante, agotador. Señor juez yo le pido que mande a su gente a investigar de verdad". Esto le dijo Ivana Huenelaf al juez Colabelli durante la audiencia.

En la causa, plagada de irregularidades, de los 24 testigos presentados por el Ministerio Público Fiscal, 18 son policías, dos son empleados de la Estancia Leleque de Benetton, dos testigos de El Maitén y dos médicos de la policía.

Agrega Manosalva: “Nos robaron información también. Esto es un detalle muy importante. Al igual que pasó en la causa de Santiago, en la causa de Mariano Ferreyra, nuevamente las Fuerzas de Seguridad roban material audiovisual, fotografías y audios que estaban grabados por las propias víctimas que venían en la camioneta”.

Habrá que esperar al 3 de enero, para conocer la resolución del Juez Colabelli para tres de los cinco imputados, ya que dos estuvieron ausentes y serán citados para más adelante. Será en el silencio de los papeles escritos, en medio de las vacaciones. Porque sí, así son estos jueces. Hasta a ellos les dan vergüenza sus fallos, y por eso no se animan a mirar a los ojos.

Compartir esta nota en