Mientras la empresa Chediack y el gobierno de la provincia de Córdoba incumplen las normas establecidas para construir la autovía de montaña, las asambleas del Valle de Punilla ejercen un reclamo pacífico al que la policía y la Justicia responden con represión.
La impunidad reina en el Valle de Punilla. La empresa Chediack y el gobierno de la Provincia de Córdoba parecen dispuestos a todo con tal de que la autovía de montaña se ponga en funcionamiento. No importa si el costo es romper todas las leyes ambientales, detener sin motivos legales a asambleístas, romperle a golpes las costillas a un ciudadano, infiltrar policías de civil en las protestas u obligar a policías de uniforme a ejecutar desalojos ilegales. Aunque eso no es nada comparado a las consecuencias que podría dejar el desmonte necesario para construir la autovía: el derrumbe del monte, el bloqueo a la principal fuente de agua de la ciudad de Córdoba y poner en riesgo la vida en las localidades de Cosquín, Bialet Masse, San Roque y Santa María de Punilla.
El miércoles 15 de agosto las asambleas del Valle de la Punilla descubrieron que las máquinas que trabajan en la autovía de la montaña tiraron abajo el cerco perimetral y entraron al monte nativo. Al violar el trazado establecido, la empresa debe perder la licitación de toda la obra y eso es lo que -con la complicidad del gobierno provincial y el municipal- están intentando ocultar. Y la única forma que tienen de conseguirlo es aplicando la violencia.
Aquel miércoles los vecinos consiguieron parar las máquinas e hicieron una denuncia en la policía local. Luego los técnicos de las asambleas comprobaron que los mapas de la obra aprobada no marcaban que se pudiese desmontar en donde estaba la topadora. Y no hubo más movimiento hasta este martes 21 bien temprano, cuando los enemigos del monte presentaron unos croquis que nada tienen que ver con los que fueron aprobados para poder seguir con la obra. Pero por supuesto, se encontraron con la resistencia de las asambleas.
Nos pusimos delante de la topadora y nos quisieron desalojar sin orden.
“Nos sacaron los celulares y no tengo los videos”, lamenta Claudia Ferreyra, quien se acercó a defender el monte bien temprano y pasó toda la tarde detenida sin causa: “Nos pusimos delante de la topadora y nos quisieron desalojar sin orden: no sólo teníamos derecho a estar ahí, es nuestra responsabilidad como ciudadanos cuidar el medio ambiente. Solicitamos que se presentaran de la policía ambiental con la traza, cosa que nunca sucedió. Así que en un principio no pudieron, pero después del receso del almuerzo los policías vinieron con orden de la fiscalía para reprimir”. Y la represión tuvo un saldo de cuatro personas detenidas, niños y niñas llorando y una persona con convulsiones y las costillas rotas.
“A mi no sé por qué me llevaron. Me detuvieron cuando estaba afuera de la obra. Cuatro policías estaban ahorcando a un compañero, a Guillermo Estigarribia y me metí a ayudarlo y ahí me agarraron. Nosotros ya habíamos salido del espacio donde estaba la topadora porque varios compañeros estaban golpeados. Uno de ellos, Néstor, había tenido convulsiones y la policía seguía como si nada. Le negaba la asistencia”, relata Claudia.
Horacio es profesor de Educación Física y en cuanto destrozan el monte pide permiso en su trabajo para ir a defenderlo, porque el monte es el futuro de su hijo. En el mediodía del martes también se acercó al sector en donde trabaja ilegalmente la empresa Chediack y sufrió la represión, aunque no llegaron a detenerlo: “Había policías de civil que te pisaban y te levantaban. Nosotros estábamos sentados en forma pacífica. A mi me ahorcó un policía de civil”. Horacio quedó libre porque la policía, consciente de que no estaba obrando correctamente, se llevó solo a cuatro personas. “Se las llevaron porque estaban mirando cómo me trasladaban. Escuché que la orden era llevarnos a 15 personas pero el comisario dijo que estaban ocupados y que mejor no lleven más”, cuenta Claudia.
Había policías de civil que te pisaban y te levantaban.
En la comisaría no hubo golpes: los policías reconocían que sus compañeros habían actuado mal. Sin embargo el comisario al liberar a las cuatro personas detenidas les advirtió que en caso de volver, las detendrán nuevamente, pero esta vez por 72 horas. “El comisario dice que el gobierno los manda y ellos tienen que cumplir”, nos dice Claudia. La Policía obedece aunque los pedidos del Gobierno estén por fuera de la ley.
“Las maquinas intentaron avanzar contra los vecinos que se interpusieron delante de la máquina y rápidamente llegó la policía a decir que debía cumplir una orden de un fiscal de Carlos Paz: que tenían permiso para -con su fuerza represiva- permitir que siga el trabajo de los obreros y de las máquinas. O sea para correr a los vecinos y desmontar el monte nativo. Sin embargo en los medios masivos de comunicación, como La Voz del Interior, hablan de confrontación”, denuncia Javier, vecino de la asamblea Bialet Massé e integrante del colectivo Ecos Córdoba.
Así como Clarín titula la represión a trabajadores y trabajadoras del Astillero Río Santiago en La Plata como “incidentes”, el diario del Grupo en la provincia de Córdoba respeta la misma línea editorial: “Autovía de Punilla: enfrentamiento entre vecinos y policías”, es el título que elige en su sitio web.
El comisario dice que el gobierno los manda y ellos tienen que cumplir.
Por supuesto La Voz del Interior omite la información que cuenta Javier: “La lucha es en defensa de la montaña, de la vida y de las cuencas. El lago San Roque es el que provee agua a la capital de Córdoba: es un sistema natural, complejo y ancestral que la autovía de montaña viene a destrozar”.
El periódico del Diario Clarín tampoco habla del apriete policial, de las amenazas o del amedrentamiento: “A los consejos deliberantes siempre asistimos vecinos y vecinas. Sin embargo desde hace un tiempo también mandan a los obreros de la empresa Chediack y a gente de la UOCRA. Es algo que suelen hacer los gobiernos extractivistas: como los espacios los llenamos de vecinos y vecinas, mandan a los empleados para acusarnos de que los vamos a dejar sin trabajo”.
Las asambleas del Valle tienen muy claro lo que quieren: “Queremos un pueblo sustentable, que siga teniendo ríos, que los comerciantes y cabañeros puedan seguir trabajando y que no se dañe la montaña que es lo que atrae al turismo”, enumera Javier y niega que la autovía de montaña pueda traerles beneficios: “Por cómo piensan construirla, llevaría riqueza y progreso solo para unos pocos: habría negocios inmobiliarios gigantes y destrozaría la montaña, que es lo más importante que tenemos”.
En los medios masivos de comunicación, como La Voz del Interior, hablan de confrontación. No fue así.
La obra de la autovía que uniría la comuna de San Roque y la ciudad de Cosquín aún no cuenta con licencia ambiental para poder iniciarse. Mientras que en la obra Autovía Variante Costa Azul y puente sobre el lago San Roque conexión Ruta E-55, los asambleístas comprobaron que no se respetó el trazado, la licencia debiera caerse. Debiera estar caída desde el mismo momento en que se cayó el cerco perimetral. “Se tiene que caer la licencia, porque se desmonta más de lo estipulado”, explican desde las asambleas. Así de simple. Pero, como siempre, los medios masivos lo ocultan, y el Gobierno y la Policía niegan la ley ejerciendo la violencia. Y como siempre, la lucha la dan las organizaciones y las asambleas. Claudia este miércoles está lista: “Este miércoles hacemos un abrazo solidario al monte y seguro va a haber represión de nuevo. Pero no vamos a bajar los brazos”, arenga Claudia. “Si llegan a dar licencia ambiental al tramo que se viene se va a romper la paz social”, anuncia Javier. La lucha no termina hasta que el monte esté a salvo.
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