“Poner fin a la Constitución de Pinochet es un triunfo popular”

por Revista Cítrica
Fotos: Rodrigo Ruiz
26 de octubre de 2020

Una voz feminista sobre la histórica jornada en la que el pueblo chileno expresó su rechazo a la herencia pinochetista y sobre los desafíos que se avecinan para los sectores populares en la construcción de un nuevo país.

*Por Karina Nohales, vocera de la Coordinadora Feminista 8M

Lo que pasó ayer, en primer lugar, es un triunfo popular, muy contundente, histórico. En Chile empezamos a concretar una demanda democrática que ha sido sostenida durante los últimos 40 años y que se ha tornado ineludible, desde el comienzo de la revuelta social hace un año atrás, que es poner fin a la Constitución de Pinochet.

Lo segundo es dar cuenta de que lo que no hicieron en 30 años los partidos que administraron en clave neoliberal la transición democrática, lo hizo la clase trabajadora y los sectores populares en apenas unos meses; y para hacerlo en tan poco tiempo tuvimos que hablar desde los lugares en que se nos ha relegado, porque durante todas estas décadas se nos ha excluido de cualquier tipo de participación política.

Esto lo hicimos desde las calles, la movilización y la protesta, espacios en los cuales el movimiento feminista en Chile se ha verificado como movimiento feminista de masas.

Va a ser el primer proceso constituyente paritario en la historia del mundo.

En los últimos dos años y medio ha jugado un rol central, desde antes de la revuelta, a través de la huelga general feminista en la que nos hemos convocado por millones (tanto en 2018 como en 2019) y sobre todo porque el feminismo ha prefigurado unas perspectivas programáticas transversales que coincidieron y se encontraron de manera muy armónica y plena con lo que vino a plantear la revuelta un tiempo después. Este rol tan protagónico que ha tenido el movimiento feminista antes y durante la revuelta también ha ido dotando de contenidos los desafíos que se abren.

Para lograr en este momento algo tan mínimo que llega con 30 años de retraso, nos han hecho pagar un costo altísimo, con más de 40 muertos y muertas solo en un año. Más de dos mil presos y presas políticas, más de 5 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos ejercidos por agentes policiales y militares del Estado, de las cuales cerca de 1300 son denuncias de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Cerca de 400 son denuncias de violencia política y sexual hacia mujeres y disidencias (muchas de éstas son violaciones). Más de 460 víctimas de trauma ocular y todo eso está en la impunidad.

Tenemos por delante un proceso constituyente institucional en el que vamos a redactar una nueva Constitución y va a ser el primer proceso constituyente paritario en la historia del mundo. En este mismo proceso se limita fuertemente la participación de muchos sectores populares, sin embargo, el feminismo se ha convertido en algo tan transversal e ineludible en Chile como en el mundo. A pesar de la exclusión de pueblos originarios o de representaciones independientes del mundo popular, estamos ante un proceso paritario.

Por otro lado, tenemos otros desafíos, porque si bien entendemos la importancia de la paridad de este proceso, sabemos que la paridad no garantiza que las mujeres que van a estar en ese lugar van a representar ni a las mujeres de los sectores populares ni a las disidencias sexogenéricas y que tampoco van a ser necesariamente feministas.

Ésta ha sido una revuelta que no solamente ha impugnado la institucionalidad de Pinochet y estos 30 años de administración neoliberal, sino que ha impugnado profundamente a todos los partidos que han administrado lo que nosotras denominamos políticas de precarización de la vida.

La cuestión más característica de la Constitución actual de Pinochet es el carácter subsidiario del Estado, es decir, que todo queda entregado a la iniciativa privada.

Hoy quienes tienen la mayor posibilidad de llegar a este espacio en que se va a redactar la nueva constitución son justamente los y las militantes de esos partidos que la revuelta impugna, o bien los sectores independientes que vayan aceptando cupos que les otorguen estos partidos, lo que a nosotras nos parece que es una clave de subordinación.

Tenemos derecho a que los intereses populares estén representados en esta convención constitucional sin subordinación a los partidos de la transición neoliberal y en defensa de una independencia política que ha sido planteada de manera indesmentible.

El proceso que se abre lo han pactado la mayoría de los partidos que tienen representación parlamentaria y lo han pactado en términos tales de excluir a las y los protagonistas de la revuelta en este proceso. Se disponen a cosechar con mano ajena lo que hemos sembrado otras y otros en las calles; en esa clave hemos sido completamente críticas a los términos en que está planteado este proceso y nos proponemos como política desbordarlo. Es lo que nosotras hemos llamado “saltar todos los torniquetes” que nos están tratando de imponer para convertir esto en una asamblea que sea feminista, plurinacional, libre y soberana.

Para lograr en este momento algo tan mínimo que llega con 30 años de retraso, nos han hecho pagar un costo altísimo, con más de 40 muertos y muertas solo en un año.

Las condiciones mínimas para pensar esa perspectiva tienen que ver, en primer lugar, con que se levanten todas las formas de limitación que se han puesto para la participación de sectores independientes de los partidos (hoy en día eso está muy difícil), que se incorporen los escanios reservados y paritarios para los pueblos originarios, que se levante el veto o la restricción que tienen, por ejemplo, los y las dirigentas sindicales para ser candidatas a constituyentes. 

La ley lo prohíbe y tienen que dejar su cargo si quieren participar en este tipo de candidatura; lo que contrasta con los dueños de empresas que pueden participar libremente. Queremos, sobre todo, que sea un proceso en el que podamos debatir todo desde el origen, porque lo que pactaron los partidos contiene trabas.

Hay temas que no se pueden discutir de antemano, como los tratados de libre comercio, y esta convención constitucional va a operar con un veto de minoría, es decir, si la convención no supera los dos tercios de acuerdo para transformar algo, el tercio puede vetar cualquier tipo de transformación estructural. Nosotras pensamos que no puede ser con veto de minoría porque eso es anti democrático y tenemos que poder discutirlo todo y participar ahí, efectivamente, con protagonismo, las voces que han sido las de la calle.

La cuestión más característica de la Constitución actual de Pinochet es el carácter subsidiario del Estado, es decir, que todo queda entregado a la iniciativa privada. Eso es algo que hay que transformar.

En segundo lugar, están las facultades que tienen los distintos poderes del Estado y establece un régimen híper-presidencialista en el que la iniciativa de ley recae de manera exclusiva en el Presidente en materias que han sido parte de las demandas sociales de manera sostenida. Por ejemplo, la seguridad social. 

La posibilidad de cambiar el sistema de pensiones recae en el Presidente. Aún si todo el parlamento estuviera de acuerdo en trasformar el actual sistema privado de pensiones, podría presentar un proyecto de ley y, como sucede en Argentina, el Senado revisa las decisiones de la Cámara de Diputados. Es muy importante avanzar en un sistema unicameral.

Es imperioso sostener la salida de Piñera, porque es un gobierno criminal, y la disolución de Carabineros, que es una institución criminal también.

Luego tenemos todo el catálogo de derechos fundamentales y garantías constitucionales en el que la Constitución de Pinochet estable libertades y no derechos. Establece libertad de trabajo, de educación, elegir qué sistema de salud queremos, pero no nos garantiza esas cuestiones tan elementales y del mismo modo los derechos colectivos, en términos de trabajo, no existen. Esta Constitución nombra la palabra huelga una vez solo para decir que está prohibida para las y los trabajadores. Establece el derecho a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y el derecho a la vida de quien está por nacer. Nos parece muy importante desde el feminismo modificar esa parte.

Nosotras estamos pensando en dos niveles en lo que necesariamente vamos a tener que desplegarnos. El primero es la movilización y la protesta; por ningún motivo vamos a soltar los espacios de deliberación popular en clave constituyente. En lo que a nosotras respecta, la centralidad política está puesta en el feminismo, colocar la vida de las mujeres y disidencias como un problema político al centro del debate, a través de los encuentros plurinacionales de las y les que luchan (que ya hemos sostenido), pero también la necesidad de articularnos en un campo social más amplio, no exclusivamente feminista. Eso exige un equilibrio.

Sabemos que en nuestras articulaciones con los espacios mixtos más amplios, la centralidad de nuestras vidas quiera ir desplazándose, entonces necesitamos desplegar en un equilibrio ambos momentos: articular de manera coordinada los feminismos con un campo social más amplio que nos permita mantener una movilización que no sea accidentada y espontánea, sino coordinada frente a cada una de las cuestiones que se va a debatir en esta convención constitucional para poder ir paso a paso también desbordando aquello.

El proceso que se abre lo han pactado la mayoría de los partidos que tienen representación parlamentaria en términos tales de excluir a las y los protagonistas de la revuelta.

Nosotras sabemos que por muy críticas que seamos a este proceso institucional, los sectores sociales nos vamos a movilizar en buena medida al ritmo de lo que se vaya debatiendo ahí. La posibilidad de participar en ese mismo espacio institucional es algo que están debatiendo los sectores sociales que son independientes de los partidos. Hay organizaciones que han decidido que van a llevar candidaturas independientes, aunque corran con mucha desventaja para poder ganar ese esfuerzo se va hacer. Es el caso, por ejemplo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO MÁS AFP, que ha sido un movimiento muy importante de los últimos años.

La posibilidad de abrir esta disputa tan importante sobre las transformaciones radicales que hemos demandado desde la calle, van también de la mano de la lucha contra la impunidad y por el juicio a los responsables políticos y también materiales de lo que nos han hecho.

Seguimos con un Gobierno que nos declaró la guerra hace un año con las consecuencias mencionadas antes. Es imperioso también sostener la salida de Piñera, porque es un gobierno criminal, y la disolución de Carabineros, que es una institución criminal también.

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