Un decreto que duele

"No somos inmigrantes, somos exiliados”, es lo primero que dice Reyes Guerrero cuando le consultan sobre la reforma migratoria sancionada por el decreto del presidente Mauricio Macri. Para modificar las leyes que afectan a los inmigrantes, lo primero que habría que conocer es la realidad de sus países. Por qué vienen, para qué: “Nos tenemos que ir de nuestras tierras para buscar un futuro. Un lugar donde trabajar y crecer. Así llegamos a un país hermano como Argentina. La mayoría de nuestra gente no eligió venir, dejamos nuestros afectos y costumbres. No es una cosa fácil”, completa Reyes, quien vino desde Paraguay de pequeño y actualmente es presidente de la cooperativa textil Piporé.

La reforma migratoria de Cambiemos prohíbe el ingreso al país de cualquier extranjero con antecedentes penales o con una condena no firme. Lo que significa que personas que son libres en su país de origen, no pueden ser libres en la Argentina. Dentro de las justificaciones de este decreto -que atenta contra los derechos humanos- se esgrime que la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del sistema penitenciario es del 21 por ciento sobre el total. Si el dato no es falso, fue cuanto menos distorsionado por la agenda mediática. Y los redactores del decreto compraron el buzón de esa distorsión.

El Sistema Nacional de Estadísticas Sobre la Pena difundido por el Ministerio de Justicia el año pasado indica que la población carcelaria está compuesta por un 5% de personas provenientes de países limítrofes y Perú, un 1% del resto de los países, y un 94% por ciudadanos argentinos. De la población total de la República Argentina, solo un 5% proviene de países limítrofes, lo que indica que ninguna estadística refleja un mayor involucramiento -en términos porcentuales- de extranjeros que de argentinos en actos delictivos. Lo que sí sucede es que la Policía involucra a extranjeros en causas armadas y los persigue más que a los argentinos. Más extranjeros son detenidos sin justificación, producto de la discriminación que emerge tanto de los discursos de la agenda mediática como desde leyes y decretos persecutorios.

“Esta política del gobierno de Macri duele, porque nosotros somos hermanos y ya nos han dividido mucho. Ahora se vuelve a putear a los hermanos de las fronteras, cuando somos todos de la Patria Grande”, dice Reyes. “Me incomoda y molesta que hablen como lo están haciendo de nosotros, los extranjeros. Es verdad que por unos que vienen a hacer el mal a este país pagamos los platos rotos. Nos ponen a todos en la misma bolsa. Y así se alienta  la discriminación”, agrega Esmeralda Albarracin,  peruana que ya lleva 22 años en Argentina. “Yo acá muchas veces me sentí discriminada por mi nacionalidad. Muchas veces escuché al pasar ‘estos bolitas nos vienen a sacar el trabajo’. Cuando los inmigrantes tenemos derecho a una oportunidad. A trabajar y progresar”, refleja su sentimiento Amparo Menchaca, trabajadora boliviana que llegó hace dos años al país.

Los tres son cooperativistas. Tres personas que vinieron a trabajar y lo hacen muy bien: colectivamente, con solidaridad y humildad. Sin embargo sufren la xenofobia. Hasta 2015 partía desde los medios de comunicación y de un fragmento de la sociedad resentida o desinformada. Ahora también parte desde el mismo Estado.

Amparo sufrió mucho cuando llegó. Vino a trabajar con su hermano Víctor a un taller clandestino de Flores. Allí en un incendio -originado por las precarias condiciones- murieron sus dos sobrinos. Ahora trabaja en Mac Body, cooperativa de la Red Textil Cooperativa. Y disfruta vivir en Buenos Aires: “Ya me adapté a esta tierra, ya es mi lugar. Me gusta vivir en Argentina, su clima, el trabajo, que no es tan pesado como en Bolivia. Tuve más oportunidades acá y lo valoro mucho”.

Esmeralda llegó sin nada hace 22 años. Si en la frontera le hubiesen preguntado qué venía a hacer, ella no podría haber dado una respuesta. Y si no la hubiesen dejado pasar, ella nunca habría aprendido de construcción, y  a la cooperativa de Tigre, a la que pertenece, le faltaría una mujer clave: la presidenta. “Cuando recién llegué no sabía ni a dónde iba porque no tenía ni familia ni conocidos. Empecé trabajando como empleada doméstica, después fui vendedora ambulante en San Isidro. Vendía productos de acuerdo a la estación del año, desde alfajores en invierno a banderitas para los días de partidos de fútbol. Diez años así hasta que un día me comentó una vecina sobre el trabajo cooperativo y ahí empecé. Primero como una asociada más y hoy soy la presidenta de la cooperativa. Me hice mi lugar acá. Tengo una hermana en Argentina y muchos amigos y compañeros. Por suerte me fue muy bien. Me compré un terrenito, construí mi casa y la voy equipando de a poco”.

Reyes vino de muy chico. Tenía apenas tres años cuando llegó a Liniers. En el colegio los compañeros hacían diferencias por ser extranjero. Luchó contra eso: armó una familia y construyó a través del cooperativismo más de mil viviendas. Por eso también siente tristeza al ver cómo el gobierno reproduce esa diferenciación que sufría en la escuela: “Nosotros venimos a trabajar, a producir y a vivir en un país que queremos. Tenemos nuestras familias y aportamos para que el país crezca”.

“Esta política del gobierno de Macri duele. Yo sigo viviendo en un barrio popular, con muchas personas que vienen de Chile, Paraguay, Bolivia y Perú. Vivimos en armonía y solidaridad con los argentinos. Somos vecinos. Ahí no se siente ese clima de discriminación pero existe. Y no puede ser: somos países hermanos, nos necesitamos”.