“No es sólo un golpe a la comunicación, sino un golpe a la democracia”

El ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento y miembro del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Eduardo Rinesi, alertó, en diálogo con Cítrica, sobre el peligro que corren los estados provinciales, las universidades, los sindicatos, cooperativas y los pueblos originarios tras las modificaciones, por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus entes de aplicación.

Si los DNU prosperan los sectores históricamente postergados perderán a los dos representantes que tenían en el directorio. De disolverse el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca) esos actores colectivos no tendrán voz en el nuevo escenario.

A un mes de gestión, el gobierno de Mauricio Macri dio claras señales de su proyecto político en materia de comunicación. Mediante tres decretos, el presidente pone a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) en la órbita del Ministerio de Comunicaciones; interviene ambas autoridades federales y remueve a sus directorios; mediante un tercer DNU disuelve y las subsume en un nuevo organismo: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), y adicionalmente reemplaza varios artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522). “Por otros que son mucho más favorables a la concentración monopólica de los medios”, asegura Rinesi.


- ¿Cuáles son los principales “golpes” que representan los decretos dictados por el gobierno de Macri en relación con la problemática de la comunicación?
-El espíritu general de estos cambios es el que anima la comprensión de la comunicación que tiene este gobierno, y que el ministro Oscar Aguad tiene el mérito de haber presentado con absoluta claridad: ?la comunicación, para el actual gobierno, no debe ser pensada como un derecho humano universal (como se la piensa dentro del paradigma que inspira la LSCA), sino que es y debe ser pensada como un bien transable en el mercado?. Por supuesto, tanto el ministro Aguad -como el gobierno al que pertenece- tiene todo el derecho del mundo a tener sobre la comunicación, o sobre lo que quiera, las ideas que se le ocurra tener. Pero en la medida en que hoy hay una ley vigente que está inspirada en otras ideas, opuestas, lo que tienen que hacer es ir con las suyas al lugar donde las leyes vigentes pueden modificarse o incluso reemplazarse: el Congreso Nacional; discutir allí esas ideas, conquistar allí las mayorías necesarias y cambiar allí, si consiguen conquistar esas mayorías, la ley.

El primer golpe de estos decretos, que no es sólo un golpe a la comunicación, sino un golpe a la democracia, a la república y al Estado de derecho, es el golpe que representa la decisión misma de reemplazar una ley de la Nación por un decreto o una serie de decretos. Una ley particularmente emblemática y ejemplar; resultado de una cantidad de discusiones, deliberaciones e instancias de participación termina en una serie de decretos que se amparan en una presunta necesidad y una presunta urgencia que nadie puede explicar en qué consisten, por la simple razón de que no existen. Eso es muy grave, y corresponde a un modo de pensar, que Aguad explicitó cuando dijo que una ley no puede limitar las facultades de un presidente. Lo cual es una barbaridad: las leyes deben limitar las facultades de los presidentes porque eso es exactamente la esencia de lo que llamamos república, tremendamente preocupante.


- En la conformación de facto de este nuevo ente, ¿en qué situación queda la representación de los medios comunitarios y las universidades?
- Entender este punto nos permite avanzar hacia los otros golpes que nos propinan estos tres decretos. Porque lo cierto es que la LSCA, que buscan reformar y reemplazar, establecía un mecanismo muy interesante para la dirección de su autoridad de aplicación, que es la Afsca. En primer lugar, la existencia de un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca) con representación de los gobiernos provinciales, de los productores de medios, de las organizaciones sociales y comunitarias, de los sindicatos, de los pueblos originarios y de las universidades. Y en segundo lugar, la existencia de un directorio integrado por siete directores, de los cuales dos eran designados por el Poder Ejecutivo, tres por la Comisión Bicameral del Parlamento, con representación de las tres primeras minorías parlamentarias, y dos por el propio Cofeca, uno de los cuales, de acuerdo a lo que dice la ley, en representación de las universidades públicas con carreras de comunicación o periodismo. En su reemplazo, el Enacom tiene un directorio integrado por siete directores, de los cuales cuatro son designados por el Ejecutivo y tres por el Parlamento, sin ninguna representación de los medios comunitarios ni de las universidades ni de los sindicatos ni de ninguno de los actores que se expresaban en el Cofeca, que simplemente es disuelto. Pero, además, con dos singularidades, por lo menos muy curiosas. Una, que puede empezar a funcionar sin la representación parlamentaria, la única donde podría esperar oírse alguna voz opositora: apenas con los cuatro delegados del Ejecutivo. Otra, que este Ejecutivo puede, cuando se le ocurra y sin invocar causa, expulsar del directorio a cualquiera de sus siete miembros. Una barbaridad. Y todo en nombre de un pluralismo que, la verdad, suena a una especie de chiste. Realmente, estamos pasando de unos directorios muy plurales, expresivos de las voces de una gran cantidad de actores diferentes, a un nada plural, donde un actor, el Poder Ejecutivo Nacional, se reserva el derecho de echar al que no le gusta. Otro golpazo a las ideas de diversidad, e libertad y república.


- Ahora el escenario es más complejo porque hay un fallo de la Justicia que dejó sin efecto estos DNU y que establece que, por ende, el Enacom no existe. El gobierno primero hizo oídos sordos a esta decisión judicial, después la acató pero la apeló. Esa apelación fue aceptada y la el caso retrocedió ¿En qué punto estamos ahora?
- Estamos en eso. La Justicia revisando la apelación realizada por el Gobierno contra un fallo que, pocos días atrás, dejó sin efecto los decretos, estableció que la necesidad y la urgencia que los mismos invocaban no eran tales, indicó que no se puede cambiar una ley de la Nación por un decreto que invoca considerandos tan imprecisos y opinables y retrotrajo la situación a la fecha anterior al primero de los tres decretos. Es decir: la LSCA rige, sus artículos siguen siendo los que votaron los representantes del pueblo y no los que cambió el Ejecutivo; el Cofeca existe y no está disuelto; la Afsca existe y no está subsumida en ningún otro organismo; sus autoridades están vigentes y sus trabajadores siguen siéndolo. En realidad, no se trató de un fallo sino de dos: uno de la jueza Martina Fons, del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín, y otro del juez Iván Garbarino, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires, pero las contestaciones realizadas a los mismos han seguido después, por cuestiones de competencias (o de discusiones en torno a las competencias) de los jueces, caminos diferentes. Hoy estamos en pleno proceso de discusión judicial sobre el alcance de los decretos y de los fallos judiciales que, después, anularon sus efectos. Tengo confianza en que esa discusión judicial, que tendrá sus procedimientos y sus tiempos, termine logrando revertir el atropello que la originó. Pero mucho más importante que eso tengo confianza en que todos estemos, la opinión pública, las fuerzas políticas democráticas, el mismo gobierno nacional, que hace apenas unas semanas fue elegido por el voto popular a partir de un discurso lleno de referencias a la calidad institucional y al pluralismo, a la altura de otra discusión, o de otras dos discusiones, a las que toda esta situación nos invita y nos obliga: por un lado, la discusión sobre cómo debe ser pensada la comunicación; por el otro, la discusión sobre cómo deben ser tratadas, en una república que pueda seguir aspirando a llevar ese nombre, las leyes que rigen la vida colectiva.