México sin miedo

Las protestas que reclaman la aparición con vida de los 43 estudiantes de una escuela de magisterio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, han ido creciendo desde que fueron secuestrados, el 26 de setiembre, en el municipio de Iguala. Ese dolor que está latente en México se puede percibir en las plegarias que la gente deja en las plazas bajo una vela encendida, o al escuchar a algunos estudiantes que recorren en pequeños grupos las calles de la ciudad con carteles en la mano; a veces, sin embargo, hay que mover las piedras para encontrarlo. En el Distrito Federal, por ejemplo, si uno quiere hacerse el distraído, también hay una ciudad en la que no pasa nada. Pero la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es uno de los bastiones en los que el reclamo por los estudiantes de Ayotzinapa está presente.

La Policía sólo entró al campus universitario en tres oportunidades en los últimos 40 años; la última vez fue hace una semana, cuando con la excusa de detener a un ladrón, fotografió a estudiantes que participaban en una asamblea y disparó sobre uno de ellos. “La clase política necesita un mensaje claro”, dice Juan Carlos Barron Pastor, doctor en Filosofía del Desarrollo Internacional e investigador de temas de geopolítica de la región, con quien La Diaria conversó en la Facultad de Humanidades en la UNAM.

-Estuviste el jueves 20 de noviembre en la marcha que llegó al Zócalo, que reclamaba la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Contame acerca de esa movilización.

-La marcha me pareció una demostración de civilidad. Es muy bueno ver que personas de este país y particularmente de esta ciudad han perdido el miedo a movilizarse. Después de 2006 hubo un desencanto por la movilización y cada vez veíamos a menos gente movilizándose por temas que podían ser de interés nacional, y de repente, a raíz de este crimen la sociedad se ha vuelto a movilizar.

-¿Por qué la desaparición de los normalistas genera estallidos de protesta que otros crímenes no provocaron?

-Ya había habido muchos crímenes cometidos en este país y siempre se presentaban como resultado del crimen organizado, de un brazo oculto mafioso que operaba en las sombras. Poco a poco, este país se ha ido dando cuenta de que ese lado oscuro del poder está íntimamente ligado a políticos locales. Y aunque ya había habido indignación por otros hechos, ésta es la primera vez que hay un conjunto de evidencias que se pueden mostrar. Es la primera vez, además, que el atentado va contra un grupo social, los normalistas, que están muy bien organizados, fuertemente vinculados con organizaciones de todo el espectro ideológico, y entonces la afrenta contra ellos encontró una gran organización social, a diferencia de otros casos tan indignantes como éste, como pudo haber sido el de los bebes que murieron en la guardería ABC, o los migrantes a los que mataron en San Fernando, o las 60 familias completas a las que persiguieron y mataron en Coahuila. Son todos casos atroces, pero que siempre se presentaban como si un grupo criminal estuviera cometiendo esos crímenes y los gobiernos locales o federales estuvieran persiguiendo a esos criminales y fracasaran. En cambio, de los normalistas no se puede decir eso. Es un problema legal grave, porque no se los llevaron los narcos, sino la Policía. Y la Policía de Iguala debió haber cumplido con un procedimiento legal para su detención, aunque fuera arbitraria. Tuvieron que haber hecho algún tipo de papeleo. Y además, dado que la Policía es una fuerza legal, no podrían desaparecer, tendrían que tenerlos en algún lugar, detenidos en alguna situación legal. Arbitraria o grave, como pasa en este país, pero dentro de un procedimiento legal. Si el gobierno admite que la Policía se los llevó y que los mataron, está admitiendo que esa Policía, que es parte del Estado, llevó a cabo esa acción. Entonces resulta más fácil hacer todo el engorro que se está haciendo.

-¿A qué te referís cuando hablas de “engorro”?

-El engorro es la explicación que ha dado el gobierno federal a toda la situación: es una explicación inverosímil, que no se sostiene en términos de probabilidad. Básicamente, la narración oficial es que los normalistas estaban pidiendo dinero en Iguala, y como ya tenían un fuerte enfrentamiento político con la esposa del presidente municipal de Iguala, ella ordenó su detención, pero nada más su detención. Pero por la manera en que se pudo haber expresado, los policías se confunden, se equivocan, y entonces los secuestran y se los entregan a sicarios de un grupo que antes de eso no conocíamos, que se llama Guerreros Unidos. De acuerdo con la versión oficial, Guerreros Unidos los habría torturado y asesinado, y para borrar evidencia de tal cosa los quemó. Resulta inverosímil porque para poder hacer una pira funeraria para 43 cuerpos y que no quede el menor rastro habría tenido que ser una pira funeraria de condiciones muy específicas, a más de 1.200 grados de temperatura durante 15 horas o más. Se trata de unas condiciones que son muy difíciles de conseguir incluso en un crematorio establecido. Ese es el recuento de la atrocidad; oficialmente no están muertos sino desaparecidos por la Policía, y, por lo tanto, la Policía tiene que dar cuenta de ellos, sigue siendo responsable de presentarlos. El asunto se les va complicando a nivel internacional, porque se va haciendo impresentable la agenda de derechos humanos en México, algo que acá ya sabíamos que era una vacilada, un juego de política internacional, pero que hacia el interior no siempre se respetaba. Sabemos que los índices de impunidad en este país son gravísimos, los índices de torturas denunciados por Amnistía Internacional hablan de que en este país se ha institucionalizado ese tipo de prácticas y que no son excepcionales. Esa es la cuestión.

-Siguen apareciendo fosas con cuerpos que no son los de los normalistas. ¿Eso es parte de la violencia institucionalizada?

-Justamente, pienso que en el discurso oficial es como si este evento fuera una cuestión excepcional, y el hartazgo de la gente se debe a que no es una situación excepcional y, además, todos sospechábamos que había una cierta colusión entre el crimen institucional y algunos líderes políticos locales. Ahora esto va floreciendo, lo vamos viendo, va quedando en evidencia. Tanto el alcalde como el gobernador de Guerrero son del partido de la supuesta izquierda [el Partido de la Revolución Democrática (PRD)], entonces había un buen número de personas que todavía pensaban que la respuesta vendría de un partido de izquierda. Que fueran cometidas atrocidades en estados con gobernadores del PRI [Partido Revolucionario Institucional] o del PAN [Partido Acción Nacional] era igualmente inaceptable en términos morales, pero entendible en términos ideológicos. Se suponía que la diferencia de los gobiernos de izquierda era que no iban a hacer eso. Ahora se cayó esa careta y es algo que está tocando todos los puntos de descomposición del Estado. En el aniversario de la Revolución Mexicana se solía hacer un desfile deportivo y se les daba a los militares sus nuevos rangos, había un bonito discurso, una cosa muy de los rituales estatales del siglo XX, y ayer [20 de noviembre] fue la primera vez que no se pudo llevar a cabo. Se canceló el desfile, se metieron todos al campo militar a hacer su puesta en escena. Lo que es importante es que al desfile van representantes de los tres partidos y esta vez los tres partidos pronuncian un discurso de unidad y llamado al orden y la paz social, y hablan de que el Estado tiene el derecho a usar la legitima violencia en caso de que las manifestaciones dejen de ser pacificas. Eso sucedió al mismo tiempo que la sociedad iba tomando las calles [en la marcha en reclamo de aparición con vida de los 43 estudiantes] y en el caso de la Ciudad de México fueron decenas de miles, un número que tal vez no habíamos visto en esta ciudad desde los movimientos de solidaridad con el zapatismo.

-Ya antes habías mencionado que la movilización te recordaba a los movimientos de 2006. Hablas de un quiebre en ese año ¿Qué pasó entonces?

-2006 es un momento clave. Muchos académicos sostienen que en México la transición democrática ocurre cuando se da la transferencia de poder del PRI al PAN, en el año 2000, y que a partir de entonces entrábamos en una supuesta normalidad democrática y ya no Serra más la dictadura perfecta del siglo XX, sino que tendríamos un sistema electoral acorde a los nuevos tiempos. Para mí eso es una patraña, porque México se ha hecho experto en tener elecciones. Nosotros hemos legitimado a nuestros gobernantes desde 1824 por la vía electoral, y nunca hemos tenido democracia. En 2006 ocurren movimientos sociales que son importantes. El primero es el movimiento electoral en torno a la figura de Andrés López Obrador, un caudillo de la izquierda moderada, que acabó haciendo el ridículo. El segundo movimiento es el zapatista, que básicamente llamaba a no votar y a formar una gran red de organizaciones sociales genuinas o no corrompidas. En la práctica, al no conocer los contextos locales, los zapatistas se fueron a aliar con grupos políticos que en sus localidades estaban muy desprestigiados y que no tenían sintonía con su discurso. El tercer movimiento es el de la Asamblea de Pueblos de Oaxaca, que hizo una movilización ciudadana como la que está ocurriendo ahora aquí, pero a nivel local, para quitar a su gobernador, porque se comprobó que había ordenado disparar contra unos maestros. A pesar de que tomaron la ciudad por cuatro meses, toda esa energía social no alcanzó para derrocar al gobernador. Esos movimientos, de manera conjunta, yo creo que influyeron en el animo de los mexicanos y nos hicieron pensar que ya no había ninguna opción; que, nos movilizáramos como nos movilizáramos, no había cambio posible.

-¿Eso explica el retorno del PRI y la victoria del presidente Enrique Peña Nieto?

-Llegó la elección de 2012, que fue típicamente priista, como si los 12 años de panismo no hubieran ocurrido. El funcionamiento del PRI consiste en que hay una elección que es legal, pero hay una serie de mecanismos informales para la compra y coacción del voto en poblaciones, y entonces el candidato que gana lo hace de manera contundente y legal, pero no por un voto libre e informado, sino por una compra y una coacción. En 2012 fue descaradamente así.

-¿Nadie protestó?

-Hubo un movimiento estudiantil, el Movimiento 132, que evidenció esta situación. Mostró, por ejemplo, las tarjetas con las que hacían las transferencias de dinero a las personas por los votos. También el Movimiento 132 tuvo la claridad de cuestionar a la televisora [Televisa], hacer las marchas y manifestaciones, en lugar de en el Zócalo o en los lugares tradicionales del poder, en las oficinas de las televisoras. Eso sacó de balance al gobierno, que en el Zócalo tiene muy estudiado como meter la Policía, pero en las oficinas de Televisa le rompieron la lógica. Además, llegó el uso de redes sociales para las movilizaciones estudiantiles. Después, el 132 se diluyó porque no había suficiente organización, solamente una consigna coyuntural que era evitar que Peña Nieto ganara la elección; no lo consiguieron y entonces el movimiento perdió su razón de ser. Al pasar la elección, se diluyó, pero es un antecedente que explica por qué el movimiento estudiantil está tan arraigado en este país, con tan buen uso de los medios electrónicos, de las redes sociales, paginas y radios por internet, sitios de discusión, blogs, que hacen que todo el aparato de propaganda, que funciona perfectamente para ciertas audiencias, no funcione prácticamente nada para un sector cada vez más creciente de la población, generalmente joven.