Memoria, dolor y lucha

¿De quién escapaba? Para Luciano no era nuevo el hostigamiento de la Policía Bonaerense: en 2008 lo habían detenido ilegalmente en el destacamento 8º, que hoy funciona como Centro Cultural por la Memoria, la Verdad y la Justicia.  Allí Julio Diego Torales lo torturó, cuatro meses antes de su desaparición forzada. En el 2015, a Torales lo condenaron a 10 años de cárcel. Fue el único que recibió juicio y castigo. Porque al menos ocho policías golpearon brutalmente esa noche a Arruga. Todos sobreseídos de sus cargos. Su familia,  junto a organismos de derechos humanos, presentaron en 2014 un habeas corpus que, tras cinco años y ocho meses desde la desaparición, dio con el paradero del cuerpo: enterrado como NN en el cementerio de Chacarita.

Por eso no descansa en paz. Tampoco su hermana, Vanesa. Mucho menos su mamá, Mónica. Ya son nueve años sin Luciano, y como cada enero, amigos y familiares de víctimas de gatillo fácil y represión estatal, se dan cita para recordarlo en esa plaza que lleva su nombre. El Negro, con su gorrita, luce sonriente. También los nenes, que se divierten jugando. Está presente en cada uno de ellos. En cada expresión, en cada denuncia. “A Luciano lo secuestró, lo torturó y lo mató la Policía Bonaerense. Hoy estamos haciendo justicia. Tenemos que unirnos. Nos matan a nuestros pibes. Ya lo peor nos pasó. A medida que pasa el tiempo, más extrañás a tu hijo”, asegura Mónica. Le habla a esas madres y padres, algunos cabizbajos y con los ojos vidriosos, que la escuchan y comparten el mismo sentir: la pérdida de un ser querido a manos del Estado.

Es el caso de Nancy. Su hijo, Ismael Sosa, fue asesinado el 24 de enero de 2015, tras ir a un recital de La Renga en Córdoba. Estuvo cinco días desaparecido. Nancy toma la palabra con fuerza: “Quiero saber por qué el cuerpo de mi hijo apareció en Embalse, en el Valle de Calamuchita. Y por qué del cuello para arriba era un carbón. Estoy luchando, a pesar de que cajonearon la causa. Tengo testigos que son amenazados. No puedo presentarlos. El juez dijo que fue un accidente. A mi hijo lo secuestraron y lo torturaron. Quisieron desaparecerlo pero no pudieron”. Nancy lleva una remera que recuerda al pibe asesinado de Merlo. Esta tarde, hay cientos de remeras que recuerdan a los que ya no están, y a los que todavía falta por encontrar. Hay mucho coraje y espíritu de lucha en quienes las visten. “Nunca voy a bajar los brazos. Muchas madres temen encontrar a sus hijos desaparecidos muertos. Si ya lo encontraste muerto, ¿qué miedo podés tener? Me van a tener que matar para callarme”, dice Nancy.

Según un informe de 2017 de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en nuestro país -en menos de 24 horas- muere una persona por el abuso de poder de las fuerzas de seguridad, en complicidad con el gobierno de turno. Y los pibes humildes son los más vulnerables. “Los sectores de la niñez y la adolescencia vienen sufriendo hace mucho tiempo la represión. Se ha instalado esa figura del pibe chorro, demonizada, criminalizada, discriminada. Los grandes medios de comunicación se encargan de instalar ese mensaje en nuestra sociedad”, evidencia Vanesa.

Año tras año sin conocer la verdad por la muerte de su hermano Luciano. La mochila se hace pesada. “La causa sigue impune. Por eso no podemos condenar a los responsables. No sólo a los materiales, sino también a los políticos y judiciales”. Los nombres del juez Gustavo Blanco y la fiscal Roxana Castelli, le dan dolor de cabeza a Vanesa. Pero no se nubla. “La represión actúa como una política de control social. Es pensada y planteada desde lo más alto de las esferas políticas. Sobre todo hacia los sectores pobres. Para armar causas y que haya desapariciones forzadas, necesitás del brazo armado del Estado. Nuestros pibes no son peligrosos: están en peligro”, sostiene Vanesa.

Son cientos de personas que se acercan a compartir la jornada cultural. Quieren ser escuchados. Y escuchar otras historias. Muchos viven el terror, como Marta Ramallo, que no pierde las esperanzas de encontrar a su hija Johana, desaparecida hace seis meses en La Plata. Muchos fueron torturados sistemáticamente. Vinieron de varios puntos del país. De bien lejos, de la Patagonia, donde sí saben de desapariciones, sufrimiento y asesinatos por la espalda. Sergio Maldonado, acompaña a la familia Arruga: “Nadie te prepara para esto. Te toca un día, salís y tratás de hacer lo mejor que se puede. Necesito conocer a todas las familias. Es una forma de canalizar y compartir el dolor. Me la paso llorando, siento mucha tristeza. Hoy Luciano tendría 25 años. Con tan sólo 16 se plantó y puso el cuerpo para que otros no pasen por lo mismo. Siento orgullo”.

Son muchas sensaciones al mismo tiempo. Alejandro, el padre de Rafael Nahuel, asesinado  hace dos meses por el grupo Albatros de Prefectura en Bariloche, casi que no puede hablar. Pablo, su hermano, toma aire: “Conocer esta gente te da fuerzas para seguir. No estás solo. Queremos que se haga justicia. Una persona mató a mi hermano y otra dio la orden de disparar".

Desde Miguel Bru a Santiago Maldonado. Pasando por Julio López y Luciano Arruga. Hasta Rafael Nahuel. Duele que los secuestros, desapariciones y asesinatos persistan aún en democracia. Que la mano dura no cese. Para aquellos que día a día tienen memoria, y transitan por el dolor y la lucha; la respuesta sigue estando en las calles, en el pueblo. “Nos movilizamos porque creemos que cualquier tipo de acción que vaya en contra de la invisibilización -y el silencio- es la que puede cambiar la historia. Poco a poco vamos fortaleciendo esta gran familia, que nace desde el absoluto dolor”, sentencia Vanesa.