Macri versus los trabajadores: la historia sin fin

por Saverio Lanza
14 de junio de 2017

El presidente salió al cruce de la Justicia Laboral y -en consecuencia- de los laburantes. Impera en su discurso el pensamiento empresario y de clase: los empleados significan costos, impedimentos y cargas, de las cuales se debe prescindir para poder avanzar. ¿Hacia dónde? Opinan abogados laboralistas.

Mauricio Macri es el presidente de la Nación. De todos los argentinos. Así se comenta, por los pasillos. Sin embargo, a veces, no lo parece. Demasiadas veces, quizá. Algunas de esas veces, habla, y mayormente no lo hace de la mejor manera. Esta vez, volvió a generalizar, metió a todos y todas en la misma bolsa, y denunció la existencia de una "mafia de los juicios laborales", ensuciando profesionales del fuero en cuestión, a diestra y siniestra. Parecía un discurso más, de los acostumbrados. De ese alguien, criado y creado como espécimen empresario, con una idea preconcebida del concepto de "trabajador", como si fuese un objeto, un gasto, a veces un obstáculo, o directamente un enemigo de los dividendos y ganancias empresariales.

Pero después soltó el tiro por elevación en el costado político del mensaje, con la subyacencia del vuelo bajo acostumbrado, y todo se mezcló en un matete. Le apuntó a un "grupo de estudios" de abogados y "un grupo de jueces minoritario laboralistas, conducidos por (Héctor) Recalde", jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria.

Más allá de las chicanas y vericuetos, Cítrica consultó opiniones en ambos sentidos -tanto legal como político-, acerca del mensaje que provino desde el escaño más alto de la política nacional. Mariano Suárez es delegado de la Agencia Nacional de Noticias Télam y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Abogados Laboralistas. Sostiene que cuando Macri agrede a los abogados laboralistas, tanto a Recalde en particular como a la Justicia del Trabajo en general, "lo que hace es atacar a los trabajadores, que son los beneficiarios últimos de la tutela de la Justicia del trabajo y del derecho laboral en general".  

"Si hay una mayor cantidad de juicios laborales no es porque existe una industria del juicio; sin embargo lo que sí existe es una industria del incumplimiento. Hay más accidentados, y más trabajadores despedidos", explica Suárez, antes de afirmar que "no hay juicios inventados, es una fantasía para que Macri justifique su posición de clase". "Además -añade- lo que sí tenemos son trabajadores despedidos por grandes o pequeñas empresas, que lo hacen por causas que tienen que ver con otras situaciones, que no son los costos laborales, sino por políticas de ajuste y de reflujo sobre la clase trabajadora".    

"Las empresas no quiebran porque los trabajadores hacen juicio, eso es una mentira absoluta", afirma el abogado laboralista Gonzalo Crocci, experto en litigios laborales con empresas que -muchas veces- falsean despidos, generando causales inexistentes. Asegura además que este tipo de comentarios presidenciales afecta directamente a todo el arco de trabajadores. "Si bien uno no forma parte del grupo del cual -erradamente- habló el presidente y también quienes lo rodean, yo no creo en lo que él dice. Y lo que afirma, nos daña a todos", en referencia a las supuestas mafias. "Lo que sí creo es que lo dijo porque desconoce la calle, y porque le falta contenido e intelecto a sus afirmaciones. Fue bruta y burda su exposición, dañó mucho al trabajo y a los trabajadores, y olvidó que los abogados también somos trabajadores", sentenció.

"Seguramente habrá abogados laboralistas inescrupulosos en casos particulares, pero hacerlo generalizado me parece una falta de respeto. Esto abre la puerta a que haya desconfianza en el sector, que empeoren las condiciones laborales, que los empresarios se aprovechen, y que se piense que todo es trucho cuando en la gran mayoría de los casos no es así", explica Crocci.

Después del ataque de Macri a los abogados laboralistas, la pregunta es: ¿por qué surge esta postura del Gobierno, que alienta a que los trabajadores se dejen engañar por las empresas y por el Estado, desalentando los legítimos juicios laborales porque -según el Jefe de Estado- "destruyen a las empresas y le hace mal al país"? Es decir, en consecuencia, que las empresas no cumplan con pagarle a los trabajadores por aquello que han trabajado. Una moción cada vez más cercana al cinismo esclavista.

"Este gobierno dictó un decreto para reformar la Ley de Riesgos de Trabajo con el objeto de reducir la litigiosidad laboral impidiendo u obstaculizando que los trabajadores reclamen por sus derechos constitucionales, pero no impidiendo que los accidentes se produzcan", sostiene Suárez, y agrega que "lo que Macri debería incentivar -si es que no quiere tantos juicios laborales-, es evitar los accidentes. Invertir en prevención, seguridad e higiene en los trabajos; y no lo quiere hacer".

Crocci, por su parte, aseguró que es fantasioso y absurdo pensar que las empresas quiebran por causa de los expedientes laborales: "en general, un buen acuerdo, significa el 30% de lo que el trabajador reclama por todo concepto (antigüedad, preaviso, vacaciones, aguinaldo, sueldos atrasados; sin horas extras, sin contar el trabajo en negro, ni las multas patronales, ni los aportes), con lo cual son sumas irrisorias para los empresarios. En promedio y a rasgos muy generales, los arreglos laborales oscilan entre 50 y 100 mil pesos como máximo, cuando estamos hablando de juicios entre 200 y 500 mil pesos".

Los profesionales coinciden en que los juicios laborales no le reditúan al trabajador como debiera ser; los entretejidos legales, los impedimentos, las desidias y las necesidades del empleado juegan desgarradoramente en su contra. "La mayoría de las veces se paga una quinta parte de lo que debería ser en realidad. Y mucha gente termina arreglando por esa cantidad, y hasta en cuotas, porque si no el juicio se estira mucho en el tiempo. Así es como se aprovechan de la necesidad de los trabajadores", explica Crocci.

Además, el abogado asegura que lo que sí existe es un sistema por parte de ciertos empleadores, para echar trabajadores. "Hay empresarios que ni siquiera se presentan en los juicios laborales, y las multas que les imponen por estas situaciones, no las paga nadie. No les interesa negociar nada. Echan trabajadores porque ya no les sirven, les arman causales (ejemplo, robos sin ninguna denuncia penal real), y se terminó la historia. Hacen rodar cabezas y después salen a decir que la empresa quebró porque tres empleados les hacen juicio, y no toman cuenta de todos los trabajadores que echaron ilegalmente, liquidándolos a ellos y sus familias. Les pagan lo que ellos quieren y como quieren. Así es como construyen las mentiras que fabrican, y de estos casos hay un montón. Destruyen vidas, y todo queda en la nada".

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¿Y esto hacia dónde va? ¿Cuál fue el objetivo de Macri al decir lo espetado? ¿Cuál será el futuro inmediato de los trabajadores en este contexto? El horizonte pareciera traer trazos de desamparo, más flexibilización y explotación. "Creo que el objetivo principal de los dichos de Macri es de corte meramente político, y no de carácter laboral", reflexiona Crocci. "Macri sigue en su línea de querer mostrar el hecho de distanciarse lo más posible del kirchnerismo en general, y de Recalde en particular". "Yo no me voy a poner a defender o atacar a Recalde; cada uno cobra por su trabajo en mayor o menor medida y esto no está en debate. Lo que sí ocurre -muchas veces- es que el discurso político a veces difiere con el actuar en la vida diaria. Esto provoca que se distorsionen las cosas, y que de este tipo de cuestiones se agarren los grandes lobbys de empleadores para presionar y que se discutan leyes de flexibilización laboral en el Congreso. Esto sí es posible", explicó. "Creo también en otro objetivo, que es el de achicar la cantidad de juicios laborales, que esto repercuta en los abogados laboralistas, y disciplinarlos, para que los trabajadores a su vez arreglen cobros de juicios a la baja. Si hay un trasfondo de flexibilización en todo esto, la gente no lo va a tolerar, y se generará una mayor discordia".    

"Hay un proyecto gubernamental de destrucción de derechos laborales, que tiene como centro la destrucción de la justicia del trabajo, y -vinculado a esto- el traspaso de la Justicia nacional al ámbito de CABA, para disciplinar a los jueces laborales", asegura Suárez. "La respuesta a eso será la defensa de la Justicia del trabajo, de los derechos constitucionales, los laborales, a través de la lucha, de la calle, de los abogados acompañados por los trabajadores".

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Las declaraciones de Macri generaron un lógico revuelo en el seno legal laboralista, y en consecuencia se están preparando medidas de acción para los próximos días, actos conjuntos de repudio, con el objetivo de dar una respuesta a este proyecto que impulsa el Gobierno. Para ello, se llevará a cabo un encuentro de todos los espacios de abogados, juristas, sindicatos del fuero, centrales sindicales, y académicos, para organizar una respuesta pública. Se prevé que esta reunión tenga lugar en la Asociación de Abogados Laboralistas, Viamonte 1668, el próximo jueves 22 de junio, a las 18.

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