“Es muy cínico el discurso del Gobierno”

por Revista Cítrica
15 de junio de 2017

La discapacidad en el centro de la escena, a raíz de una decisión del Gobierno que enseguida encontró repudio de toda la sociedad. Cómo abordar el tema. Las manifestaciones en todo el país y testimonios de especialistas.

“Es muy importante pensar que la discapacidad, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no está en la deficiencia de una persona -que puede ser física, sensorial, mental o visceral-, sino que se produce cuando una persona con estas deficiencias interactúa en un entorno con barreras. Es decir que las políticas públicas deben apuntar a remover las barreras”, expresa Ana Vallejos, integrante de la Secretaría de Discapacidad de ATE Congreso y del equipo de cátedra del Seminario Discapacidad, Políticas y Ciudadanía (Carrera de Trabajo Social, UBA).

¿Cómo abordamos desde la comunicación la temática de la discapacidad? Ese es uno de los temas que preocupan a las organizaciones que trabajan desde hace años para erradicar “la idea de ‘discapacitado’, en vez de hablar de personas con discapacidad. Como que la discapacidad invade todo, y pareciera que no hay una persona que siente, que se enamora, que tiene su vida. Se habla ‘del discapacitado’, como de lástima.  Por otro lado todo está visto muy desde lo médico. Y hay una idea, contraria al paradigma médico, que es un paradigma social de la discapacidad y que tiene que ver con esto de la interacción y de remover barreras”.

Por eso mismo, Vallejos también remarca que “es cínico de parte del gobierno este discurso de que una persona con Síndrome de Down puede trabajar. Por supuesto que puede trabajar. Nosotros como sindicato apuntamos a eso. Acá en la Cámara de Diputados hay un montón de personas que trabajan y que lo hacen muy bien. Incluso se van a vivir solos, o con sus parejas. Tienen y pueden tener un montón de aspiraciones, es cierto. Pero ese cinismo de decir que pueden trabajar y sacarle la pensión es negar todos los prejuicios que existen en la sociedad. Y que hoy en día se vulneran los derechos de la discapacidad, porque vivimos en una sociedad competitiva, en un mercado excluyente, en donde un montón de discursos médicos y jurídicos han venido hace mucho tiempo determinando qué es normal y qué no es normal”.

Por su parte, la licenciada Alejandra Lagna Fietta, directora del Instituto Psicopedagógico Senderos también consideró “muy doloroso que desde el Gobierno se diga que ‘una persona con Síndrome de Down puede trabajar si lo desea’. Yo trabajo hace muchos años con jóvenes con Síndrome de Down y lamentablemente no es así. Hay algunos que sí pueden hacerlo y muchísimos otros que no. Y esto no pasa por el deseo, porque los chicos en el colegio desean muchas cosas: ser chofer de micros, como dice Joaco, o director de cine, como quiere Fabri, pero no pueden hacerlo. Además, es muy difícil que tomen para trabajar a personas que en muchos casos no leen ni escriben, no comprenden lo que se les pide o no puede diferenciar entre los números, los colores o los billetes. Pido por favor que se informen antes de decir este tipo de cosas. Llevo  años tratando de conseguir lugares para que los chicos de la escuela realicen una pasantía laboral y son contados con los dedos de la mano los que aceptan a los chicos con discapacidad”.

“El Estado de Derecho es para todos y todas. Las pensiones no contributivas surgen en el año 1949, cuando el Estado de Bienestar garantizaba una vida digna en condiciones cercanas al pleno empleo y la discapacidad era entendida desde el modelo rehabilitador. Bajo un gobierno liberal y para nada interpelado por promover la inclusión social, el decreto 432/97 reguló los requisitos que hoy se invocan y devinieron inconstitucionales con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El decreto no es nada bueno. Y tal vez por eso no fue aplicado a rajatabla. Entre otras cosas, porque invalidez laboral no es discapacidad. Y porque la profunda desigualdad y segregación que sufren la mayoría de las personas con discapacidad imponen mayores gastos para poder hacer lo mismo que hace una persona sin discapacidad”, explica Valeria Monópoli, abogada y especialista en Derechos Humanos y Discapacidad, quien remarca que “la discapacidad requiere un profundo cambio en materia de políticas públicas para acompañar la concepción del modelo social. Y la seguridad social debe ser parte de ese cambio. Tiene que ver con una concepción sobre las personas y su dignidad, que puede no ser compartida por algunos y puede no importarle a otros, pero que el Estado adoptó al ratificar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y considerarla ley suprema, junto a la Constitución Nacional. Los valores que sostiene ese tratado deben guiar las decisiones en el Estado. Sino, el Estado se torna arbitrario, al decidir por fuera de la ley. El Estado de Derecho es para todos y todas”.

EL GOBIERNO Y LAS MARCHAS (ATRÁS)

Como ocurrió con la decisión de la Corte de beneficiar con el 2x1 a genocidas, el pueblo argentino demostró tener reflejos. El repudio generalizado y manifestaciones en diferentes puntos del país obligaron al Gobierno a anunciar que daría marcha atrás con la quita de pensiones por discapacidad. De todas maneras, las familias afectadas consideran “que el daño ya está hecho” y además advierten que el tema que logró estado mediático y nacional no es el único que las afecta.

“Desde hace tiempo también hay problemas con los certificados de discapacidad.  Y hay maniobras y presiones de las prepagas para que los porcentajes de discapacidad sean menores a los reales, y así también disminuir las prestaciones que deben cumplir por ley”, denunció, en plena marcha del Obelisco, la mamá de un nene de 12 años con discapacidad, quien al enterarse por los medios el anuncio del Gobierno, expresó: “Ya nos lastimaron. Que piensen antes de tomar las decisiones. Con estos tipos que nos gobiernan, que son insensibles, hay que estar alerta, porque hoy vienen por las pensiones, pero mañana vendrán por los certificados, muchos de los cuales ya fueron entregados de forma irregular.”

“Soy sordo. Si querés que trabaje cumplí con la ley de cupo del 4 por ciento”, decía el cartel que portaba un joven, también presente en la manifestación en el centro porteño.

Según diferentes fuentes, entre un 80 y 90 por ciento de personas con discapacidad están desocupadas. “Eso pasa en Argentina y en el mundo, que tiene que ver con este sistema de producción que tenemos. Entonces es cínico decir que las personas con discapacidad pueden trabajar cuando en Argentina tenemos una ley que habla de un cupo del 4 por ciento para personas con discapacidad y en el Estado, no digo en el privado, en el Estado no llegamos ni siquiera al uno por ciento”, apunta Vallejos, quien insiste en que de todas maneras “hay que amasar un poco más el discurso porque tenemos que hablar de las barreras. Y no del discapacitado como sujeto pasivo, como que la única opción es la pensión. Es gravísimo que les quiten las pensiones porque es negar el contexto. Pero también hay que hablar de ese contexto excluyente”.

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