Las noticias que no te contaron

La agenda de los medios de comunicación tradicionales es una en la que los tarifazos son un enfrentamiento entre el poder judicial y político. Para ellos las movilizaciones son cortes de calles de taxistas protestando contra Uber que generan un caos de tránsito. Pero la agenda del día a día de los trabajadores es otra. Para ellos, los tarifazos son una medida que puede dejarlos sin trabajo y las movilizaciones son una expresión para reclamar en contra de los despidos. Esta semana la calle se llenó de laburantes. Los primeros fueron los compañeros de los clubes de barrio que debido a los aumentos en las boletas lamentablemente están dejando sin actividad deportiva a muchos pibes que la necesitan. El miércoles por la tarde fue el turno de una movilización nacional de trabajadores de prensa para reclamar ante el incesante cierre de medios, los cerca de 2000 despidos, la escalada de retiros voluntarios, la ausencia de aumento salarial y en algunos casos hasta la reducción de la jornada laboral y el salario. Por último el jueves la calle fue de las cooperativas y empresas autogestionadas a las que les llegaron facturas de servicios a precios que solo empresas multinacionales podrían afrontar. La fábrica recuperada La Litoraleña, que produce tapas de empanadas entre otros productos, ahora paga 50 mil pesos de luz, lo que representa todo el trabajo de una semana, según consignó la agencia de noticias ANSOL. "Marchamos, para pedir que haya una tarifa para las cooperativas", aseguró Pablo Díaz, trabajador de La Litoraleña.
 

NO TODAS SON MALAS

Más allá de las jornadas de lucha, hubo cuestiones para celebrar esta semana como por ejemplo la creación en Famailla de la primera Secretaría de Género, Mujer y Derechos Humanos del interior de la provincia de Tucumán. A través de este organismo, el municipio espera dar respuesta a la situación de violencia diagnosticada desde hace mucho tiempo en toda la provincia. Hasta el momento, en la provincia funcionaba sólo el Observatorio de la Mujer, radicado en la capital.

TIME WARP

El Observatorio de Derechos Humanos(ODH) le pidió al Gobierno de la Ciudad un informe para comprobar la responsabilidad de los funcionarios públicos en la tragedia ocurrida en la fiesta electrónica. Charo Creixent, abogada del ODH, comentó al aire de la radio FM EN TRÁNSITO que lo que buscan con este pedido es “que permita a todos los ciudadanos y a todas las organizaciones, solicitar a la autoridad administrativa, que brinde información respecto a su actividad que lleva adelante. Lo que se consultaba es respecto a la actividad que realizó el Gobierno de la Ciudad relativo a la autorización del desarrollo de este evento, porque se requiere siempre un permiso especial en el cual constan también todas las condiciones que tienen que respetarse y cumplirse. Un montón de condiciones que fueron altamente transgredidas por los responsables del lugar y esto conlleva también una responsabilidad de los funcionarios públicos que tenían que controlar que eso no sucediera.  A raíz de eso nosotros lo que hacemos es este pedido de informe y sabemos también que hay una investigación penal en curso, que la esta llevando adelante el fiscal federal, en razón de las muertes que han ocurrido y las personas que han sido afectadas en su derecho a la salud.”