Revista Cítrica

Las fuerzas de seguridad, culpables de la muerte de Kevin


13 de marzo de 2015

A 18 meses del asesinato del niño de 9 años en Zavaleta, un prefecto es procesado por incumplimiento de función pública

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El juez de primera instancia, Luis Alberto Schelgel, a cargo del Juzgado N° 14 dictó procesamiento contra el Oficial Principal Daniel Andrés Stofd “en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto y reprimido en el art. 249 del C.P.”. El prefecto estaba a cargo del grupo que se trasladaba en el móvil N° 1.232 aquella mañana por la Plaza Kevin y sus alrededores, manzana 55 y 4 del Barrio Zavaleta, de la Villa 21. De los otros seis prefectos indagados, a cinco se les dictó la falta de mérito y a otro se lo sobreseyó.

La sentencia hace foco en que si las fuerzas hubieran intervenido, el tiroteo seguramente hubiera cesado: “en el más precario de los casos, y aun ante la falta de los autores de los hechos, o incluso casquillos visibles, la sola presencia uniformada hubiera desalentado la evolución de los hechos, evitando las fatales consecuencias ulteriores corroboradas; y previsibles, si se estaba produciendo un enfrentamiento armado”, puede leerse.

Entrevistado por Marcha, el abogado de la causa, Luciano Ortiz Almonacid dijo estar conforme con el fallo en general “porque da cuenta de lo que venimos diciendo y por lo que venimos luchando desde hace mucho. Sienta un precedente”. Sin embargo, el fallo fue apelado porque “no se indagó a la Gendarmería, que estaba en ese lugar, y tampoco estamos de acuerdo con la falta de mérito de los otros seis prefectos”, aclaró el abogado. Al respecto, la sentencia incluye en su descripción a la fuerza toda: “consecuentemente, entiendo que el personal de la Prefectura Naval Argentina omitió las funciones de prevención que le eran exigibles, por el rol de garantes que detentaban en aquella oportunidad”.

Una triste mañana de lluvia

La madrugada del 7 de septiembre de 2013, días antes de una primavera que no floreció en Zavaleta, dos bandas narco se disputaban un “kiosquito” que había sido cerrado una semana antes justo enfrente de la casa de Kevin y su familia. Una de esas balas entró por la ventana y alcanzó al niño, acurrucado debajo de la mesa. Roxana Benegas, su mamá, lo trasladó en un auto particular al hospital Penna ya era demasiado tarde.

Horas antes de la muerte de Kevin, las modulaciones entre los prefectos que se encontraban en el lugar y el 911 eran las siguientes: “captado departamento, me vuelvo a desplazar, hace 2 segundos salí de ahí de la plaza Kevin y negativo masculinos en esa plaza” o “en estos momentos departamento me encuentro en la Plaza Kevin y el panorama es normal”.

La Plaza Kevin (que recibió ese nombre por otro Kevin, que también había caído por una bala proveniente de un enfrentamiento entre bandas narco) queda a sólo 50 metros de la casa de Roxana y su familia. Si se tiene en cuenta que las armas que se disparaban eran FAl, UZI y pistolas 9 mm, “es imposible negar, primero el conocimiento directo del tiroteo con armas de guerra... ¿Que un gendarme no lo sepa? Tiene el sonido que todos escuchamos en una película de Hollywood, muy fuerte y particular”, nos contaba hace unos meses Ortiz Almonacid, cuando junto con Roxana doblegaban esfuerzos para ser escuchados.

En ese sentido, la sentencia es clara: “sin perjuicio de ello, la mencionada circunstancia tampoco los exime de responsabilidad, pues se encontraban en el lugar del hecho, siendo los únicos competentes para evitar que los sucesos que estaban teniendo lugar Ónada menos que un enfrentamiento armadoÓ pasaran a consecuencias ulteriores de mayor gravedad, a saber: la muerte del menor Kevin Benega. Ese resultado fatal, aun analizándolo post facto, no se presentaba como improbable a esas instancias bajo el panorama de violencia que se estaba denunciado al 911”.

Hoy parece que hay un olorcito a justicia un poquito más fresco por estos pagos. Al menos para quienes son en general postergados, en los barrios donde proliferan las garitas y las fuerzas de seguridad y las ambulancias no ingresan a buscar a sus heridos. Donde habitan quienes ponen las víctimas y después tienen que salir a limpiarles el nombre (“si hubieran encontrado droga en mi casa hubieran dicho que le mataron un hijo a los transa”, decía Roxana).

Por supuesto que no alcanza cuando la justicia acepta que la muerte de Kevin, de un pibe, hubiera podido evitarse. Por eso siguen caminando cada día y luchando un poquito más Roxana y su familia, la organización La Garganta Poderosa (los muchos hijos e hijas nuevos que le nacieron a Roxana) y un puñado de abogados honestos que creen, aún, que la justicia es una y es para todas y todos.

Fuente: Marcha
Por Nadia Fink

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