La cultura de la resistencia

por Mariana Aquino
14 de febrero de 2017

Los centros culturales porteños deben afrontar aumentos en las tarifas y clausuras arbitrarias. La ley que debería contenerlos no se aplica en su totalidad. Cada vez menos gente asiste a talleres y espectáculos. Y más espacios restringen su oferta o cierran sus puertas.

“Las noches de  Buenos Aires tienen ese qué se yo, ¿viste?". “Es la ciudad que nunca duerme”. Frases que alguien de afuera dice, cuando pasa por tierras porteñas. Sus calles y veredas invitan a más de lo que parece, todo puede suceder tras una puerta perdida, en una calle cortada, en una casona cualquiera. Y más allá de las luces de la calle Corrientes, los teatros y cines comerciales, están los centros culturales. En Capital Federal hay cerca de 300 espacios autogestionados donde se fomentan las más diversas disciplinas, y confluyen artistas populares y trabajadores comunitarios con un público que busca expresiones alternativas. Hasta el año pasado, los preocupaba que se reglamente definitivamente la Ley de Centros Culturales, sancionada en 2015 en la Legislatura, cumplir con las normas y evitar las clausuras “arbitrarias”. Este año, a todos esos temores que no desaparecieron, se sumaron las tarifas impagables de los servicios públicos, los aumentos en los insumos, la menor cantidad de asistentes a los espectáculos y el presupuesto del Gobierno de la Ciudad que no contempla una inflación superior al 40 por ciento.

“Todo el impacto de tarifas, alquileres, transportes y precios que padecemos generó una recesión gravísima en los espacios culturales. El sueldo se achica y baja el consumo. El público, en lugar de salir dos veces, sale una. Y en lugar de ir a ver tres bandas, va a ver dos. Y también a nosotros nos aumentaron los gastos, pero nuestra economía tiene más que ver con lo colaborativo y solidario que con lo empresarial, así que no trasladamos esos precios a la gente. La situación se volvió cuesta arriba y preocupante”, asegura Claudio Gorenman, integrante del Centro Cultural Matienzo, de Villa Crespo.

La cultura también es política, y el macrismo lo sabe. En las partidas presupuestarias, el gobierno demuestra que su perspectiva de las artes va orientada a una visión más elitista, en desmedro de los proyectos colectivos y populares. Ahora las producciones del Teatro Colón dispondrán de un 70 por ciento más del presupuesto de Ciudad, y la Usina del Arte y el Centro Cultural Recoleta un 40 por ciento de incremento. Tres espacios instalados y solventes cuentan con más respaldo económico del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, mientras los centros culturales reciben el mismo presupuesto que años anteriores.

Y la persecución sigue. El Gobierno de la Ciudad clausuró de forma preventiva a casi noventa centros culturales en los últimos dos años. La Agencia Gubernamental de Control (AGC) pasó con sus cintas por El Café de los Patriotas, La Casa de Teresa, La Víctor Jara, Rosa Luxemburgo y hasta por Ciudad Cultural Konex, entre muchos otros. Este verano le tocó a Vuela el Pez, el espacio de Córdoba al 4300. “Los centros culturales estamos bastante perseguidos. Nosotros tenemos todo en orden pero nos visitan sistemáticamente de la AGC. Por una cosa o por otra, siempre clausuran algún centro cultural. Si no encuentran nada salen con cuestiones arbitrarias, como pedir un patovica. Y nuestra forma de construir no coincide con tener un patovica en la puerta, no restringimos el ingreso a nadie ni le miramos la ropa ni nada”, señala Alejandro Falcone, uno de los veinte trabajadores del centro cultural Vuela El Pez, que integra la organización política y social  El hormiguero. 

“Con nuestros proyectos tenemos una vida social activa en la comunidad. No nos pueden marcar como un negocio. Hay que pensar a estos lugares como un gran tejido, abierto a esa comunidad. Después de lo que pasó con Cromañón, está bien que nos cuidemos, pero el Gobierno hizo desastres. A nosotros nos visitan cada tres semanas. Vienen a visualizar una cosa, después otra. No hay una planificación. Cada vez que vienen te dicen algo diferente y exigen más. Y con sus medidas dejan en la calle y sin trabajo a muchas personas. Yo todavía sigo creyendo que lo hacen por inocencia e ignorancia. Elijo pensar eso para no quedarme inmóvil o ir al choque”, cuenta Guillermo Castañeda, miembro del centro cultural que integra la Cooperativa Bar Casona Humahuaca.

Y agrega:  “Ya sabemos cómo piensa el Gobierno, nosotros igual tenemos que construir. Pongámonos a hacerlo y cuidémonos. Intentamos cumplir y estar en contacto con los otros centros culturales porque apostamos a una construcción comunitaria y cultural”.

Los centros culturales rechazan las clausuras e inspecciones persecutorias, piden tarifa social diferenciada y subsidios para el pago del servicio eléctrico, que el presupuesto para la cultura contemple el apoyo a los centros culturales a través del fomento a programas en los barrios populares y a la producción de contenidos, y mejoras de infraestructura y seguridad. Todavía no recibieron respuesta para ninguno de estos pedidos.“El Gobierno de la Ciudad lleva adelante una política cultural que no coincide con nuestra idea de cultura. Nosotros contenemos esas expresiones que no encuentran lugar en la escena comercial, hacemos trabajos comunitarios. Nuestro aporte es vital  y el gobierno nos persigue”, lamenta Claudio, de Matienzo.

 

 

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