La cooperativa que le ganó un juicio a Estados Unidos

La empresa de refrescos volverá con sus más de 30 productos al mercado estadounidense luego de dos años de litigio. Y aunque el gobierno de México no apoya a la economía solidaria, piensan expandir sus exportaciones a Italia, Holanda, Francia y China.

Con más de 30 productos en sus 25 sucursales, 39 centros de distribución en el interior de su país, marcas líderes como Boing, Lulú y Citrus y con ventas de 3750 millones de pesos, la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, está en pleno crecimiento comercial.

“Tenemos dos plantas: una en San Juan del Río, Querétaro, que se fundó en 1973 y la planta Tizayuca, Hidalgo, se hizo en julio del 2013”, expresó al diario digital El Universal, Salvador Torres, uno de los fundadores de la cooperativa y gerente de la auditoría interna de la organización.

La misma se inició en 1981, cuando la empresa refrescos Pascual fundada en 1940, se negó a brindar el aumento salarial que por ley correspondía a sus empleados, lo que desencadenó una huelga de trabajadores que terminó, en 1985, con formación de la cooperativa.

Durante el 2014 la empresa había mermado en su expansión por ser afectada con un impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) que dejó caer sus ganancias hasta un 18 por ciento y a la vez enfrentaba un litigio con una empresa estadounidense que tenía a cargo la distribución de sus productos.

“Ganamos el juicio que estaba promoviendo un bróker en Estados Unidos, quien no quería pagar 40 millones de pesos, y por el contrario, pretendía una indemnización de 700 millones. Pero le ganamos y en este momento esta lista la plataforma para exportar a ese país”, aseguró Torres.

Según adelantó el gerente de Pascual, en esta nueva etapa, pretenden venderle a Estados Unidos 800 mil millones y un millón de cajas de unidad, lo que representa el dos por ciento de su producción total.

Con respecto a la creación de una nueva planta de agua, Torres dijo que es un plan que se gesta desde hace dos años, pero que hay que esperar la respuesta del gobierno, ya que se necesita un apoyo de 200 millones de pesos.

En este sentido aclaró que “fundamentalmente, México es un país capitalista y la figura del cooperativismo no es útil para este sistema y entonces la organización compite en desventaja” y cerró que “la voluntad del gobierno es anticooperativista, porque no es un esquema organizativo acorde con su sistema de producción”.