Revista Cítrica

Juicio a los Jueces


18 de mayo de 2017

Diego Pintos

Después del fallo de la Corte Suprema que benefició con la ley del 2x1 a genocidas sentenciados por crímenes de lesa humanidad, el rechazo social fue generalizado. ¿Habrá juicio político a los jueces que fallaron a favor? Responden y reflexionan Eduardo Barcesat, Eugenio Raúl Zaffaroni, Guadalupe Godoy y Pablo Llonto.

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Luciano Benjamín Menéndez. Ex General de División, destituido por crímenes de lesa humanidad. Dirigió la represión terrorista estatal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en diez provincias, mientras estaba al mando del III Cuerpo de Ejército, en Córdoba. Fue enjuiciado. Luego indultado en 1990, tres días antes de que se iniciara el juicio en su contra. En 2005 fue procesado por delitos de lesa humanidad. Tres años después se lo condenó a prisión perpetua, en carácter de coautor mediato por el secuestro, tortura y desaparición de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en 1977 en el Centro Clandestino de Detención, Torturas y Extermino conocido como La Perla. Pidió prisión domiciliaria. Se la revocaron. Fue a cárcel común, vinculado -al menos- a 139 causas por delitos de lesa humanidad, siendo el militar argentino con mayor cantidad de condenas a prisión perpetua de la historia argentina. Esta semana, en el contexto político actual, pidió el beneficio de la ley del 2x1. Es decir, su virtual libertad. ¿Cómo pudo ocurrir esto?

Otros militares también se envalentonaron ante el bochornoso fallo al que arribó la Corte Suprema, con los votos a favor de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. Así, Miguel Etchecolatz, el cura Christian Von Wernich, el ex subjefe de la Unidad Penal 9 de La Plata Isabelino Vega, el guardiacárcel de esa unidad Raúl Rebaynera, dos médicos penitenciarios que actuaron en esa cárcel, Carlos Domingo Jurío y Enrique Corsi; los civiles de inteligencia castrense Claudio Grande, Rufino Batalla y Raúl Espinoza -condenados en la causa por crímenes en el centro de detención "La Cacha"-, y el civil apropiador de una niña Omar Alonso, alzaron sus respectivos pedidos.

Este es el escenario. La tenebrosa idea genuina de que los genocidas puedan ser indultados de alguna forma. Liberados por algún vericueto legal. Interpretaciones. Y que caminen por la calle como cualquiera del resto de los ciudadanos. Revista Cítrica conversó con letrados como Eduardo Barcesat, Eugenio Raúl Zaffaroni, Guadalupe Godoy y Pablo Llonto, para poder comprender en profundidad este nuevo-viejo conflicto que afecta los intereses de los derechos humanos de la comunidad nacional e internacional.

Transcurridos varios días del nefasto fallo, una multitudinaria y emocionante marcha de por medio, el repudio generalizado -hasta de quienes no están acostumbrados a repudiar con vehemencia-, muchos conceptos se alzaron, y desde los más variados aspectos: desde lo técnico, lo formal, lo reglamentario, lo moral, lo social, lo político, entre muchas otras ideas, prismas y percepciones. ¿Qué parte de la democracia mundial se habrá lesionado con mayor degradación tras el fallo?

 

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"La gravedad máxima del fallo de la Corte es que, escudados en el criterio jurídico, lo que pretenden es instalar una suerte de conmutación de penas, o de amnistía. Eso es lo que más ha impactado en el imaginario general, y por eso tuvo la respuesta social que ocurrió", dijo Guadalupe Godoy, abogada del desaparecido en democracia Julio López, actualmente trabajando para la familia de López, conocedora como pocos de la vida y obra del genocida Miguel Etchecolatz. "Es la instalación de la idea de que los juicios a los genocidas de lesa humanidad tienen que cesar; que estamos ante viejitos que por razones humanitarias el tema de los juicios debe terminar. Entonces, encontraron en la ley del 2x1 una excusa jurídica. Pero si esto no hubiese existido, lo hubiesen hecho de otra manera" expresó.

Por su parte, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat sostuvo que el fallo, desde el punto de vista legal, "es lamentable". "Quebranta la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino". Cabe recordar que la ley suprema de la nación se integra con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales de Derechos Humanos. Entre ellos, hay dos específicos: el de Prevención y Sanción del Genocidio, y el de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. "Ante estas normativas, la concesión de beneficios debe ser absolutamente descartada, por tratarse de crímenes que afectan a la humanidad como tal. Son parte de tratados internacionales de Derechos Humanos y no una ley penal interna de la Nación. Por eso es inviable el orden argumental que ensayó el voto de mayoría de la Corte Suprema".

En los años 92, 93 y 95, tanto la Comisión Interamericana de DDHH como la Comisión de DDHH de Naciones Unidas, aclararon que el Punto Final, la Obediencia Debida y los Indultos Presidenciales eran nulos y lesivos de la respectiva Convención. "De manera que no había ningún vacío interpretativo ni legal", sentenció Barcesat. "El repudio unánime y masivo de la opinión pública, descategorizando el fallo y a sus autores, llevó a la radicación de juicios políticos contra los tres ministros, que no deberían detenerse o demorarse ante la espera del nuevo fallo. Porque esto ya se trata de mal desempeño o posible comisión de delito de prevaricato, ya incurrido. De modo que no hay ninguna razón para enjuagar con un nuevo fallo, la afectación a la conciencia jurídica universal en que incurrieron los tres ministros de la Corte", sostuvo el letrado.

"El fallo del 2x1 puede tener una gran cantidad de consecuencias si no se le pone el freno a cualquier intento del poder judicial de avanzar, amparándose en los variados principios que tiene el derecho penal, el derecho en general y la interpretación -que siempre en definitiva es lo que prevalece en las sentencias-. Van a seguir con la idea de la interpretación de leyes más benignas a favor de los genocidas", aseguró el abogado especialista en derechos humanos, Pablo Llonto. "Ese es el criterio que hay que frenar, ese es el golpe más duro. Esto fue una cuestión concreta", sentenció.

Agregó además que, en un escenario imaginario y llevando la cuestión hasta el extremo de lo absurdo, los jueces de la Corte podrían tomar como parámetros leyes que beneficiarían a los genocidas desde 1976 en adelante. "Te van a tomar una ley de la dictadura, van a decir: 'bueno, esta es la más benéfica desde que ocurrieron los hechos, el delito permanente se sigue cometiendo -la desaparición forzada- por lo tanto en el trayecto del delito apareció este fallo'. Por eso es grave la consecuencia que puede traer el no ponerle coto, freno, y tirar abajo esta sentencia del 2x1", señaló.

En ese sentido, el jurista y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni consideró varios puntos a tener en cuenta. "La retahíla de sentencias regresivas, entre ellas, (el caso) “Fontevecchia”, prescriptibilidad de las reparaciones civiles por delitos de lesa humanidad, prohibición de sindicalización policial y, finalmente “Muiña”. En cuanto a omisiones, no es menor la demora en resolver la situación de Milagro Sala. Esto muestra una tendencia ideológica poco saludable".

Zaffaroni sumó además "errores técnicos y jurídicos graves, como en “Fontevecchia”, en que la Corte Suprema se hace juez de la competencia de la Corte Interamericana; o en “Muiña”, que se quiere aplicar retroactivamente una ley procesal más benigna, cuando el acto procesal no se había cumplido en vigencia de la ley, no había retroactividad posible. Además, se pretende ignorar la diferencia entre delitos instantáneos y permanentes".

Por último sostuvo que otro factor determinante fue que "los medios oficiales quieren confundirlo todo: me imputan haber incurrido en el mismo error de la Corte, cuando en verdad lo que hice –y, por cierto, que revisando veo que lo hice bien- fue no aplicar una ley procesal más gravosa a quien había cumplido prisión preventiva en vigencia de la ley, lo que no sucede en Muiña ni en ninguna de las condenas o procesos contra genocidas abiertos desde la caída de las leyes que impedían los procesos. La prohibición de retroactividad de ley más grave está en la Constitución, y en todo el mundo civilizado, por lo menos desde el siglo XVIII. Cabe agregar el viraje abrupto del Ejecutivo y de sus legisladores, que en cuanto vieron que se habían excedido en su poder -calcularon mal- no se inmutaron y dejaron a los tres ministros de la Corte “colgados del pincel”. Y que el Ejecutivo –que sin duda dio un guiño para “Muiña”-, no sólo esquiva y niega toda responsabilidad, sino que la atribuye a la vieja ley del “2x1”, que criticaron en su momento y promovieron su derogación, como parte de su eterna campaña demagógica de “mano dura”, cuando se trató de una ley que procuraba acortar los procesos penales y las ilimitadas prisiones preventivas (y reducir el 60% de presos no condenados) que había en 1994. Lo que más golpea es que se desfondó la ética, ya parece que a muy pocos nos interesa mantener cierta coherencia valorativa y cierta línea de conducta. Los otros parecen ser discípulos desventajosos y poco inteligentes del viejo Machiavelli", sentenció el ex ministro.

 

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Highton de Nolasco se erigió como la jueza de la sorpresa, de la discordia. Es decir, la magistrada que -por sus antecedentes- no podía fallar a favor de los genocidas. Sin embargo, así lo hizo. Llevó a cabo un sinuoso raid en apenas un mes: pidió continuar en su cargo a pesar de haber cumplido 75 años de edad, y lo consiguió. Luego falló en la causa Fontevecchia (caso que varios juristas toman como preámbulo de lo que después sería el fatídico 2x1), más tarde formalizó su voto en el  fallo a favor del 2x1 ante crímenes de lesa humanidad -beneficiando a los genocidas-, y después de la multitudinaria marcha de repudio en el centro porteño y varias otras ciudades argentinas, adujo algún tipo de aprehensión y pidió licencia.

Lo de los otros dos jueces, de prontuarios más afines a sus respectivas decisiones, parecieran haber llevado a cabo un "fallo lógico", si es que se permite semejante término conceptual. Daría la sensación de que con jueces así, lo fallos serán cada vez más consecuentes en detrimento de los intereses populares, y que sólo quedará la resistencia en las calles como bastión para ponerles un freno. "A estos fallos se llega porque hay una preparación previa. Me refiero a todo lo hecho durante un año y medio por los funcionarios nacionales con respecto a los discursos negacionistas, la deslegitimación de los juicios, además del intento de deslegitimar a los movimientos de derechos humanos. Todo esto tiene que ver con preparar un camino de impunidad para los genocidas", explica Godoy.

"Los funcionarios que el macrismo designó para la Corte (Rosatti y Rosenkrantz) claramente vienen a hacer lo que les pidieron que haga. Y esto se va a prolongar en lo que tiene que ver con lo que va a venir, a medida de que se agrave la crisis social, respecto de decisiones sobre derechos laborales y demás. Con lo cual es lógica esta reacción del Gobierno en la que trata de apartarse del fallo, pero a la vez, los termina protegiendo. Está claro que no van a llevar adelante los pedidos de juicio político que se hicieron y demás. El caso de Highton de Nolasco es el típico caso de alguien agarrado del sillón, y de quien vive en la estratósfera. Porque una de las cosas más graves -y de la que Highton ni siquiera habrá tomado dimensión- es la trascendencia política que esto iba a tener. Eso es más grave todavía. Pensar en el hecho de cómo ella puede estar sentada allí sin poder dimensionar estas cosas, es complejo", sentenció la defensora de la familia López.

En tanto, Barcesat explica que previamente "había una corriente impulsada por el actual Gobierno de ningunear la política de DDHH, hablar del 'curro' de los DDHH, de soslayar la cifra respecto a las víctimas del Estado Terrorista, y esta política inducida desde el Gobierno, apoyada por la Iglesia con su prédica de incienso sobre reconciliación y perdón. No es extraño que los ministros de la Corte hayan leído esto. Además que (Rosatti y Rosenkrantz) de por sí ya traían –en materia de DDHH- una flojedad de papeles, lo cual motivó a todas las entidades de DDHH a que se opusieran a la propuesta de estos dos nuevos integrantes. No sólo por la forma en que habían sido propuestos, sino porque su obra en el tema específico de los DDHH, es poco menos que lamentable".

Por su parte, Zaffaroni anhela que "el ciudadano común piense con responsabilidad y salga a pedir lo que es fundamental: no existe ningún país en el mundo, con 44 millones de habitantes, en que cinco personas sean la última palabra en cuanto a qué dice la Constitución y -de paso, y sin que la Constitución lo diga (al menos expresamente)- se erijan en la última instancia de todas las causas de todo el país y de cualquier materia. El ciudadano común debería exigir una Corte numerosa, dividida en salas especializadas, y, más aún, una nueva Constitución, porque la que tenemos es la que con sus enormes agujeros –producto de su vetustez- permite todos estos desaguisados y maniobras". Consideró además que esta situación conduce a que "el Ejecutivo amenace a los gobernadores con no mandarles dinero; que así coaccione al Congreso y también obtenga los acuerdos para jueces que quiera. Que -por sí y ante sí- hipoteque a la Nación en 80 mil millones de dólares; que reforme códigos por decreto; que estigmatice a nuestros hermanos de países vecinos; que nos amenace con leyes absurdas; etc. El ciudadano común debe darse cuenta de esto y reclamar democracia, y la vuelta a un gobierno republicano".

Desde su punto de vista, Llonto sostiene que "es difícil pedirle a los sectores populares que hagan una evaluación jurídica de la sentencia, detallista y pormenorizada. Porque inclusive no es fácil tampoco para los abogados y abogadas. El proceso de juzgamiento internacional es una cuestión del derecho internacional moderno, no lleva muchos años. La respuesta que dan los pueblos es ante la justicia o injusticia de los fallos, y este era uno totalmente injusto".

"Los pueblos tienen que construir su propio derecho, jurisprudencia y Justicia desde abajo. Si el mundo se hubiese quedado contemplando los fallos y las sentencias, sin haber puesto gritos en el cielo y en las calles, todavía estaríamos viviendo en una sociedad de hace 200 años. Pero hasta que haya una construcción de justicia democrática, que es una justicia votada por el pueblo y con mandato corto y finito -y sin seguir construyendo esta Justicia que se adueña del poder y se queda por años y años, y que no se somete al control popular del voto- vamos a correr los riesgos de tener sentencias que atenten contra los intereses populares", explica el abogado especialista en derechos humanos.

 

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Entonces, ante este escenario de cierta debilidad jurídica, de idas y vueltas, de anuncios de renuncias, de licencias pedidas, ¿qué posibilidades reales existen de que estos jueces sean sometidos a un juicio político? El interrogante arde como una llaga, y pareciera hacer rechinar dientes en algunos sectores, sobre todo los más desfavorecidos, los populares, los empoderados sin poder fáctico. Esto requiere que al momento de la votación en ambas cámaras, se reúna una mayoría calificada de dos tercios de los votos. Una mayoría difícil.

Guadalupe Godoy no se muestra muy optimista con la posibilidad. "Muchos de los que hace una semana, producto de la presión popular, terminaron sacando una ley en el Congreso, en el fondo no están dispuestos a 'entregar a quienes necesitan' para hacer todo lo que está por venir. Las posibilidades son complejas, sólo algunos sectores políticos que representan intereses populares lo van a exigir, el resto va a defender a estos jueces. Veo difícil que pueda llegar a avanzar el pedido de juicio político a los jueces de la Corte".

Quien se expresó en forma más optimista fue Barcesat, al sostener que tras la promulgación de la nueva ley aprobada por unanimidad en ambas cámaras -por cierto, "innecesaria y redundante", como la calificara el abogado constitucionalista- y "habiéndose acotado tanto el espacio de generar ficciones jurídicas como la incurrida por el voto de mayoría de la Corte", analizó que " si hubo unanimidad para votar la ley, por principio de doctrina del acto propio, debería haber unanimidad también para separarlos del cargo".

Zaffaroni se permitió dudar ante la posibilidad y sostuvo que "sin perjuicio de que cada quien asuma su responsabilidad, lo fundamental no es la cuestión de nombres, sino de instituciones. Con las que tenemos, creo que ni siquiera poniendo a santos y héroes en los cargos funcionaría nuestra República, y, además, la santidad y la heroicidad son excepcionales".

"Posibilidades reales de llevar a cabo un juicio político a la Corte están complicadas, porque tanto el macrismo y los radicales -no en bloque, pero al menos por medio de sus voceros- ya están diciendo que no", aseguró Llonto. Sin embargo, inmediatamente sentenció que "a la pelea hay que darla. Que voten nominalmente y se vea quiénes son los que van a convalidar la continuidad de tres jueces que han fallado de la forma en que lo hicieron. Le han abierto la puerta a un genocida y por poco no se la abren a  todos".

Como tantas otras pujas de la historia política, muchas de estas cuestiones se resuelven de acuerdo a la situación y la época. En este caso, la conciencia del pueblo hizo resonar su reproche en las calles, de forma cuasi unánime y con una expresión popular pocas veces vista. Además, existe el compromiso latente de muchos diputados y senadores que así lo expresaron y reflejaron, en consonancia con la votación de una ley que, si bien no hacía falta, sirvió para remarcar y direccionar claramente el rumbo de época de una nación. La pregunta es: los jueces de la Corte Suprema estarán a la altura de las circunstancias históricas, o no.

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