Honduras for sale

Supongamos que un grupo de empresarios –influyente aquí y en el mundo– se reúne en torno a una mesa –virtual o física, poco importa– convocado por un laureado economista anglosajón que lo seduce con levantar ciudades nuevas y, ante todo, rentables dentro de un país soberano. Urbes que requerirán, por el tamaño y la complejidad del emprendimiento, de la participación de un conglomerado diverso de compañías. Estarán, las ciudades y sus mentores, donde se les asegure pingües ganancias. Priorizarán aquellos sitios cerquita del agua, con un puerto –y si no existe, lo harán– que les permita zarpar, cuanto más pronto mejor, hacia el océano más cercano. Imaginemos, además, que los congresistas del “país anfitrión” pondrán a tono la Constitución para “darles una cálida bienvenida” a estas multinacionales. Una laissez faire para que tales metrópolis erijan también leyes propias, escuelas privativas, tan únicas como sus hospitales, como sus sistemas impositivos y de seguridad exclusivos. Tan singulares como su arquitectura. ¿Ficción? “Libre, soberana e independiente”. Este es el lema histórico de Honduras. Sin embargo, esa máxima parece estar a punto de ser jaqueada. El derecho de todo pueblo de decidir cómo vivir, de elegir libremente a sus gobernantes, de darse democráticamente sus leyes y las bases de convivencia de su sociedad, de que sea respetado su territorio, todo eso puede convertirse en un agujero negro cuando son sus representantes los que, al detentar “patria potestad” de un país, determinan sus destinos arbitrariamente y bajo cuerda. Es el caso de Honduras, una nación que tiene al 60% de su población sumida en la pobreza y la tasa de homicidios más alta del mundo (91,6 por cada cien mil habitantes en 2010, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Un país que sufrió una reciente humillación política, cuando el presidente elegido por el voto popular, Manuel Zelaya, fuera expulsado de su cargo y su patria por un golpe cívico militar, en 2009. Quien ocupó de facto ese cargo fue el liberal Roberto Micheletti. En medio del escándalo, Honduras volvió a celebrar elecciones (sin observadores internacionales) en las que resultó escogido Porfirio “Pepe” Lobo (asumió en enero de 2010), un licenciado en administración de empresas y empresario agrícola de línea conservadora. Con el paso del tiempo, se revelan con mayor claridad los motivos de aquel Golpe. Ocurre que el 12 de enero de 2011 fue presentado, en el Congreso Nacional hondureño, el proyecto de decreto que crea las “Ciudades Modelo” (CM) o Charter Cities, como se las conoce en inglés. Algunos meses antes, el terreno había sido allanado con las reformas constitucionales necesarias para facilitar el accionar de las empresas inversoras extranjeras. Qué son las Ciudades Modelo Según el artículo 329, de la reformada Constitución hondureña, “son entes creados con el propósito de acelerar la adopción de tecnologías que permitan producir y prestar servicios con un alto valor agregado, en un ambiente estable, con reglas transparentes capaces de captar la inversión nacional y extranjera que se requieren para crecer aceleradamente, crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales, dotar a la población de los servicios de educación, salud, seguridad pública y la infraestructura necesaria que permita una mejora real en las condiciones de vida de la región”. Sin intervención ni regulación gubernamental, las CM o Región Especial de Desarrollo (RED, como se las llama en documentos oficiales) serían una suerte de nuevos países dentro de Honduras. Una vez establecido el marco legal, cada CM tendría libre albedrío para gobernarse, administrarse, firmar tratados locales e internacionales, pautar su política monetaria, contar con tribunales de justicia y policía propios, sancionar su presupuesto y hasta contraer deuda. Estarían eximidas de la obligación de transferir prácticamente recursos tributarios a Tegucigalpa. Una porción importante de la sociedad civil y de los intelectuales hondureños tildan al proyecto de “excluyente y dirigido a las clases privilegiadas”. Este concepto de urbes reúne una serie de características curiosamente peligrosas para la soberanía de Honduras y cualquier otro Estado en las que pretendan hacer pie. Las CM serían autónomas y, por tanto, los territorios que ellas incorporasen quedarían fuera de la jurisdicción de las autoridades legales constituidas, como los municipios. En cierta medida, una CM se asemeja a un paraíso fiscal. Porque es un territorio caracterizado por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a “ciudadanos y empresas no residentes”. Estas ventajas consisten, principalmente, en una reducción muy significativa –o exención total– en el pago de los impuestos. Quién está detrás de la iniciativa. Quiénes la impulsan Paul Romer es un personaje central en esta historia. Estadounidense, neoliberal férreo, graduado en matemática y física en la Universidad de Chicago (la que prohijó a los “Chicago boys” que supieron manejar la economía de Argentina y otros países de América latina). Desde 1996, es profesor de Economía en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Y aún le queda tiempo, sobre todo desde que hizo a un lado la investigación académica, para dedicarse a su propia compañía y promover su proyecto dilecto: las Charter Cities. A quien quiera escucharlo, Romer explica que, en las CM, la base del desarrollo no es la tecnología ni el conocimiento (dos conceptos con buena prensa en las democracias occidentales), sino las “buenas normas”, es decir leyes y costumbres que permitan canalizar la energía creativa de las personas. Y asegura que la causa del subdesarrollo de algunos países son las malas normas que no incentivan la inversión de las multinacionales. ¿Su solución para estos “males”? Simple y ya visto: cambiar las normas y las reglas del juego. De acuerdo a los dictados de esas corporaciones, claro.

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