Revista Cítrica

Hogar, violento hogar


04 de enero de 2018

La policía de Jujuy reprimió a cooperativistas que mantenían una ocupación pacífica en el barrio de viviendas que construyeron para habitarlo. Golpearon a mujeres, niñas y niños. Y sin una orden de desalojo, agredieron a 24 familias y detuvieron a diez personas.

José Medina
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Otra vez la represión, otro ataque al cooperativismo, otra vez en Jujuy. Ayer por la tarde, la policía de la provincia ingresó, sin orden de la Justicia, al barrio La Ovejería para efectuar el desalojo. La mayoría de las personas golpeadas y detenidas son mujeres, dos de ellas están todavía hospitalizadas. Las ocho restantes permanecieron más de 24 horas detenidas en la seccional 22 de Monterrico, siguen en vigencia la imputación de resistencia a la autoridad y usurpación de viviendas. “Intentan armarles causas falsas para dejarlas pegadas en algo, es una persecución de lo más grotesca”, denuncia Manuel Quispe, el presidente de la Cooperativa Monterriqueña, una de las siete empresas sociales que trabaja dentro de la Federación de Cooperativas Unidas de Jujuy desde 2003 en la construcción de viviendas.

El miércoles 3, trabajadoras y trabajadores se manifestaban pacíficamente en el barrio. Exigían la reactivación de las obras de construcción de una serie de viviendas paralizadas desde hace dos años, cuando el Gobierno Nacional suspendió los envíos de fondos para la finalización del proyecto. No están perdiendo solo las fuentes de trabajo sino también el techo digno por el que lucharon durante todos estos años. Y ahora lxs acusan de usurpar las viviendas que ellxs mismos construyeron.

“Éramos todas mujeres en el lugar cuando llegaron. Vi cómo maltrataron a la gente, cómo nos trataron como perros. Seis policías para agarrar a una piba. A las chicas con bebés en brazos las manosearon, las patearon. No les importaban los chicos, nada”, dice Natalia Varela, una de las cooperativistas que fue testigo de la represión en el barrio.

 El comisario Jorge Flores dio la orden y ahí empezó todo. “Dijeron que nos daban dos horas para desalojar y no pasaron ni 20 minutos y empezaron a reprimir”, aclara Quispe. Y Flavia Ramos, otra integrante de la cooperativa, cuenta, con la poca voz que le queda después de gritar y protestar para que dejaran de golpear a sus compañeras: “Fueron brutales, hasta una señora discapacitada recibió golpes. Le pegaron como a un perro y está internada en un hospital. Sus cinco hijos están solitos en la casa, sin saber de su madre ni comer. Nada le importa a la policía”.

Natalia vivió de cerca la represión. “A mi marido le han pegado feo por la espalda. Mi hijo pregunta qué hizo su papá y no sé qué decirle ¿Qué voy a hacer ahora yo?”.

No es la primera vez que en la provincia gobernada por Gerardo Morales se utilizan a las fuerzas de seguridad para reprimir a la clase trabajadora. La detención de la dirigente social Milagro Sala en enero de 2016 inauguró un nuevo período represivo en Jujuy. En abril de 2017 se pasaron los límites al reprimir y detener a estudiantes dentro de la universidad pública; en septiembre la policía reprimió en Ingenio Ledesma y en Finca La Unión, y el mes pasado a trabajadorxs del Ingenio La Esperanza.

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