Estudiantes movilizados por violaciones en Tucumán

Melina Hernández Cortéz contó cómo fueron los casos de abuso que sufrieron sus compañeras en la Residencia Universitaria de San Javier, perteneciente a la UNT, el pasado domingo 8 de septiembre, mientras se desarrollaba el I Encuentro de Mujeres de Teatro del NOA.

En el destacamento de San Javier, el personal en servicio no quiso tomar la denuncia, efectuada por las docentes a cargo de las víctimas, aduciendo que sólo las afectadas podían realizarla. La ley nacional 26.485 “de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” establece, entre otras cosas, un protocolo de acción ante una denuncia de violencia de género que garantice a la víctima “obtener una respuesta oportuna y efectiva, recibir protección judicial urgente y preventiva, proteger su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones”. El artículo 18 de esa ley establece: “Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en acción de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres  ESTARÁN OBLIGADOS A FORMULAR LAS DENUNCIAS”. En el caso de que el servicio policial labrase una exposición, deberá remitirla a una autoridad judicial competente dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, caso contrario, la víctima debe “contar con mecanismos eficaces para denunciar a los funcionarios por incumplimiento de plazos establecidos y demás regularidades.”

El hecho fue denunciado ante el Rectorado, bajo el número de expediente 1330, seguido por el grupo de mujeres entre las que se encuentran las víctimas.

El abusador, identificado (por sus propios compañeros) como Josué Romero, perteneciente a la agrupación Franja Morada de la Facultad de Ciencias Exactas, asumió haber cometido los abusos, pero desestimando la gravedad de la situación.