El modelo que nos tapa de agua

por Revista Cítrica
11 de septiembre de 2017

Otra vez inundaciones. Y la mágica explicación del cambio climático. Mientras tanto la geógrafa y ecologista Patricia Pintos reclama que se trate la Ley de Humedales para evitar más daños socio ambientales.

Por Patricia Pintos

La magnitud alcanzada por la expansión inmobiliaria sobre planicies de inundación de la cuenca del río Luján se explica por la consolidación de un submercado de urbanizaciones cerradas ávido por la ocupación de suelos que ofrecen a los eventuales compradores inmejorables vistas a cuerpos de agua pretendidamente naturales, pero que han dejado de serlo a merced de las ingentes actividades de relleno necesarias para su ocupación. A partir de la existencia de este submercado inmobiliario se motorizó una profunda transformación de ecosistemas socialmente valiosos como los humedales, poseedores de bienes y servicios ecosistémicos de innegable importancia para la calidad ambiental metropolitana, entre ellos la amortiguación de los efectos de las inundaciones.

Precisamente, la creciente complejidad alcanzada por las inundaciones en esta cuenca en los últimos 30 años encuentra parte de su explicación en la adopción de un modelo extractivista que desprotege a los humedales en procura de garantizar las mayores rentabilidades inmobiliarias a las empresas desarrolladoras. A estas alturas, ya nadie duda sobre la relación entre el crecimiento expansivo de las urbanizaciones cerradas en el río Luján y el agravamiento de las inundaciones sobre vastos sectores de las cuencas media y baja. A lo anterior se agregan los aportes de excedentes hídricos de los campos -sobre todo en la cuenca alta- a partir de la construcción de canales clandestinos que procuran drenar las áreas de cultivo, tornando más compleja la evacuación del agua durante los períodos críticos.

Como resultado del avance del urbanismo privado sobre estos sectores de la cuenca del Luján actualmente existen unas 10 mil hectáreas de humedales transformadas en áreas urbanizadas a partir de monumentales obras de relleno.

Ante la sistemática destrucción de humedales por el proceso urbanizador y al avance de la frontera sojera, y la imperiosa necesidad de garantizar la preservación de estos ecosistemas se ha impulsado un proyecto de Ley de Humedales que cuenta con media sanción del Senado y espera su tratamiento a la brevedad en Diputados, con el riesgo cierto de perder estado parlamentario si el mismo no se trata antes de que finalicen las cesiones en esta Cámara.

Los intereses para que esto no suceda son a estas alturas demasiado evidentes. La sanción de una Ley de Humedales constituye un claro desafío al modelo extractivista en curso; un obstáculo para este modelo de desarrollo que no cuestiona la manera en que las prácticas productivas o de ocupación del suelo inciden agudizando los conflictos socioambientales, que afectan de manera particular a los sectores más vulnerables.

Como es de esperar, los medios de comunicación dominantes actúan de manera funcional a esta lógica de ocluir el debate sobre las causas profundas de los conflictos (se habla por días de los efectos del huracán Irma, aunque no del persistente anegamiento de cientos de miles de hectáreas de la región pampeana). Se omite hablar del modelo sojero como un factor de matriz extractivista, de la misma manera que se omite considerar como extractivismo inmobiliario al proceso de despojo que conlleva la urbanización de cuencas hídricas y humedales metropolitanos. En definitiva, se desvía la atención sobre los factores profundos y se los atribuye sin mediaciones al cambio climático, que opera como una caja boba que todo lo explica. Pero ¿qué es el cambio climático sino el resultado de un conjunto de prácticas socio-productivas que denominamos modelo de desarrollo?

He aquí el punto que los actores gubernamentales no parecen dispuestos a debatir sin que ello ponga en entredicho los fabulosos márgenes de rentabilidad que los sostienen desde una mirada cortoplacista y ciertamente insolidaria.

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