El lado oscuro del Mundial

Inês de Moraes habla y cuando habla su voz tiembla “Tengo miedo.Dicen que están viniendo, que van a derribar y despejar”.

Nadia Danisi vive con angustia y cansancio desde que su barrio es engullido por las fauces de las máquinas. “No duermo. No tengo cómo hacerlo sabiendo que en cualquier momento llegará la Policía Militar sin autorización ni derecho para tirar abajo lo que es mío”. 

La preparación del Mundial de fútbol 2014 y de los Juegos Olímpicos 2016 provoca un enorme costo social en Brasil. Ni la sed de gloria que prometen saciar las autoridades ni el derrame de negocios, sobre todo privados, que vienen de la mano de la FIFA y el Comité Olímpico Internacional (COI) logran enmudecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos. A falta de números oficiales, ONGs y organizaciones sociales estiman que entre 70.000 y 100.000 familias terminarán siendo desalojadas. En la mayoría de los casos, dicen, incumpliendo normativas nacionales e internacionales. Las remociones darán lugar a estadios, autovías, aeropuertos, subterráneos, centros comerciales y comunicacionales.

Estas obras, exigidas por la FIFA y el COI, hacen que el contador de inversiones no pare de subir. Según cifras de fines de 2011, sólo el gobierno federal inyectará 13.200 millones dólares en ambos megaeventos. Pero seguramente será mucho más. Un ejemplo: la renovación del Maracaná, estadio que ya había sido modernizado para los Panamericanos 2007, pasó a costar 500 millones de dólares, 50% más que lo previsto, informó hace unos meses la revista Veja.

Una situación que, números más números menos, se replica en Fortaleza, Recife, Natal, Salvador, Manaos, Cuiabá, San Pablo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasilia y Puerto Alegre, las otras sedes mundialistas.

“Los más afectados son los habitantes de asentamientos, personas en situación de calle, trabajadoras sexuales e informales, comunidades indígenas y afrodescendientes”, según la socióloga Rosilene Wansetto, secretaria ejecutiva de la red Jubileo Sur/Brasil.La ONU también tomó nota. En un informe que presentó ante la Comisión de Derechos Humanos, la relatora por el Derecho a una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, sostuvo que los megaeventos “a menudo dan lugar a violaciones generalizadas de los derechos humanos”.Pero no cargó las tintas sólo en el Estado y los privados. “El COI y la FIFA deben evaluar las candidaturas en función del cumplimiento de las normas y garantizar que se seleccione sólo a los que se ajustan a ellas”, advirtió.

Justicia Global y otras organizaciones denunciaron que la falta de información oficial es caldo de cultivo para presiones y hostigamientos, que mudan a amenazas si la resistencia persiste en el tiempo.

Según Clara Silveira, del Movimiento Nacional de Lucha por la Vivienda, algunas autoridades admitieron que “las obras se atrasarán aún más” si son respetados “todos los derechos” de los pobladores.El impacto cultural que provoca la partición de comunidades con hasta 50 años de historia.

Trabajadores y estudiantes que son relocalizados a decenas de kilómetros de sus lugares de actividades, con el consiguiente perjuicio temporal y económico.

Estas son dos de las consecuencias de los desalojos. Hay más. Acceder a un plan de viviendas puede convertirse en un laberinto sin fin porque buena parte de los damnificados viven en áreas donde el índice de irregularidad catastral llega al 70%.

En Río de Janeiro hay un millón de casas en esta situación. Las denuncias llegaron a Brasilia.

Romario, ex astro futbolístico y actual diputado federal, llegó a comparar la situación con el avance israelí en territorio palestino.“No queremos que esos eventos deportivos signifiquen la precarización de las condiciones de vida de nuestra población.

Tampoco podemos admitir que, bajo cualquier pretexto, nuestros ciudadanos sean sorprendidos por excavadoras para destruir sus casas y desalojarlos como sucede en Palestina”.

Para Carlos Vainer, profesor del Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal do Río de Janeiro, “lo que se impuso fue un estado de excepción urbano” con el objetivo de “dar respuestas ágiles para atraer capitales y turistas”.

“Es un modelo de tipo empresario, que opera en un mercado internacional de ciudades- empresas, donde compiten diversas urbes entre sí”.

Ese “estado de excepción”, opina Marcelo Edmundo, de la Central de Movimientos Populares, “facilita avanzar con proyectos urbanos exclusivos y excluyentes, como la revalorización de espacios públicos que expulsan a sus históricos habitantes, todos ellos pobres y marginados, de manera mucho más expeditiva que en un período histórico normal”.

Se trata de un patrón padecido por los habitantes de otros países que organizaron el Mundial o los Juegos Olímpicos.Y que empieza a aquejar a aquellos que fueron elegidos como futuros anfitriones.Seúl 1988: el 15% de la población sufrió desalojos forzosos y se demolieron 48.000 edificios; Atlanta 1996: 15.000 residentes de clase baja debieron abandonar la ciudad tras dispararse el precio de los alquileres; Beijing 2008: 1,5 millón de personas fueron trasladadas a raíz de una “renovación urbana”; Sudáfrica 2010: 20.000 personas de bajos recursos fueron relocalizadas en barrios precarios de Ciudad del Cabo.

Juegos Olímpicos, Mundial de fútbol y un mismo patrón: historias de despojo que se ensañan con los más pobres.Así concluyó un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que documentó los casos precedentes.

Según Rolnik, los “supuestos beneficios económicos (de esos megaeventos) no se distribuyen equitativamente entre la población local.En lugar de ello, parecen exacerbarse las disparidades (sociales) existentes”.Rolnik, quien además es una prestigiosa urbanista brasileña, destacó que “la importancia que se concede a la creación de una nueva imagen” de las ciudades sede “supone la eliminación de las manifestaciones de pobreza y subdesarrollo” a través de “proyectos que priorizan el embellecimiento urbano antes que las necesidades locales”.

Esa lógica, que parece privilegiar los negocios antes que las hazañas deportivas, cobró fuerza a partir del desembarco en los 80 del sector privado en la FIFA y el Comité Olímpico Internacional.

“Los grandes eventos son un tipo de capital empresario que circula por el mundo”, advirtió Kimberly Schimmel, profesora de Sociología del Deporte de la Universidad de Kent y vicepresidenta de la Asociación Internacional de Sociología del Deporte.

Schimmel señaló que “no hay un impacto económico para los habitantes o para la ciudad que recibe un evento como los Juegos Olímpicos.

Los beneficios quedan en poder de los patrocinadores y las empresas que construyen emprendimientos próximos a los locales de competición. El círculo cierra al advertirse, como lo hizo el diario O Globo, que las constructoras inyectaron 132 millones de dólares al cambio actual en las campañas de los principales candidatos presidenciales y a gobernador en las elecciones de 2010.

Con todo, la ONU reconoce que los Juegos Olímpicos y el Mundial dejan algunos legados positivos. Dijo Rolnik: “Las ciudades anfitrionas registran actividades de construcción sin precedentes que se traducen en más empleo y viviendas, rehabilitan las redes de tránsito y de transporte públicos, hay mejoras ambientales y un aumento de instalaciones culturales y deportivas”.