Revista Cítrica

El hogar de los nadies


28 de noviembre de 2016

Revista Cítrica

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires reconoce el derecho a una vivienda digna y promueve la recuperación de casas precarias. Sin embargo, en el barrio de La Boca el único derecho que se respeta es el de los especuladores.

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Más de mil personas fueron desalojadas en el barrio de la Boca en los últimos doce meses. A la gran mayoría de ellas se les ha vulnerado el derecho al acceso a una vivienda digna que les otorgan las últimas líneas del artículo 14 bis de la Constitución Argentina y el número 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Así es como familias enteras quedan fragmentadas porque no tienen dónde ir a dormir: los hogares para personas en situación de calle están colapsados y cada integrante de la familia termina parando en un lugar distinto. “Muchas madres, ante esa situación, deciden quedarse en la calle con los cinco pibes, pero todos juntos, con la fantasía de que rápidamente van a resolver de alguna manera esa situación de emergencia. Cosa que no sucede”, cuenta Natalia Quinto, referente de la Agrupación La Boca Resiste y Propone, que viene realizando distintos eventos y manifestaciones para llamar la atención sobre la problemática habitacional de un barrio en el que los amigos del poder compran terrenos a precios viles y los ciudadanos quedan en la calle.

“Siempre hubo situaciones de desalojo. Pero todo se aceleró con la creación del Distrito de las Artes. Los inversores compraron a precio ruin cuando el precio del suelo del barrio estaba devaluado y ahora que está sobrevaluado regresan para construir y completar el negocio. Se llama Proceso de Gentrificación: se abandona de política pública una zona y los precios bajan. Ahí el mercado inmobiliario se vuelca a comprar de manera compulsiva y después se genera un polo, que revalúa el valor de esa zona, es decir, lo sobrecotizan. Y finalmente el mercado se vuelca a hacer negocios especulativos en torno a ese polo que se propone”, resume Natalia el plan macrista que en la actualidad deja a miles de personas sin uno de sus derechos constitucionales.

¿Cómo fue el Proceso de Gentrificación de los terrenos en La Boca?

El abandono de las políticas públicas es una forma de depreciar el precio del suelo. Si la zona no goza de servicios públicos, o se vuelve una zona peligrosa, o se genera hacinamiento, que deriva en situaciones de violencia, como en el caso de una familia de ocho personas que vive en una pieza de 4 por 4, es por el producto de la falta de políticas públicas del Estado en materia habitacional. Es decir, el Estado no regula el acceso a la vivienda de ninguna manera, ni interviene en la posibilidad de acceder a la misma. Y si encima retira los servicios de seguridad, educación y salud, provoca que la zona se ponga peligrosa. De esa manera los propietarios no pueden ni vender ni alquilar sus inmuebles y terminan siendo ocupados. Ahí los dueños, cuando ven la posibilidad de sacarse de encima un inmueble que no le está generando ninguna renta, lo terminan vendiendo por nada. Y aparecen todos los que están en condiciones de comprar de manera compulsiva esa cantidad de propiedades.

¿De qué forma asiste el Gobierno a las personas desalojadas? 

De ninguna forma. El Gobierno de la Ciudad no tiene ningún tipo de política de contingencia ante la emergencia habitacional por la que pasa el barrio. Sí tiene un programa -de la época de Aníbal Ibarra- que es un subsidio para emergencia habitacional, que originalmente se usaba en casos de incendio, inundación o situación de calle, y hoy lo están dando para los desalojados. Ese subsidio consta de 10 cuotas de 1.800 pesos mensuales. Con lo cual no se puede pagar ningún alquiler. Además los paradores están colapsados. Muchísimas veces ocurre que, por ejemplo, un desalojo no implica solamente el hecho de que haya una familia en la calle, sino que abarca a doce, catorce, o hasta dieciséis familias. ¡Y esto es ante un solo desalojo! Entonces, los mismos representantes del BAP (Buenos Aires Presente) que están en el momento en el que se suceden los desalojos, nos dicen: "si todas estas familias no tuvieran a dónde ir, y nos piden de ir al parador, tenemos que decirles que no tenemos cama". O sea que las familias tienen que fragmentarse, y les ofrecen llevar dos chicos a un parador, tres a otro, y la madre va a parar a otro lado, porque no tienen cinco camas juntas en un solo parador.

¿Cuántos desalojos hay en estos momentos y cómo es la situación con la Justicia?

Estamos pasando por una etapa en la que contabilizamos un desalojo por semana, a veces dos. En primera instancia nosotros no nos planteabamos cuál era el rol del Poder Judicial dentro de este proceso, hasta que hubo un fallo en el que un juez contempló todos los derechos que estaban en pugna. Acá en el barrio tenemos unos vecinos que, cuando estaban a punto de ser desalojados, el juez falló a favor de la restitución del inmueble para el propietario, pero obligando a la Ciudad y al Estado Nacional a dar solución habitacional definitiva a las familias a través de una línea de créditos. Bueno, esa es una solución que tienen los jueces cada vez que tienen una causa de desalojo en la mano, pero sin embargo deciden obviarla. Y nosotros estamos intentando interpelar esa forma de actuar de los jueces. La idea es que la Justicia imparta su accionar en toda su articulación; la primer jurisprudencia que apela la defensa de un propietario es el artículo 17 de la Constitución, que dice que la propiedad privada es inviolable. Nosotros pedimos que impartan justicia para el otro lado también: porque el artículo 14 bis dice que el Estado es responsable de que cada habitante tenga una vivienda digna. Lo que pasa es la concepción ideológica de la propiedad privada es muy fuerte, y los jueces no logran romper con eso. Ellos siguen contemplando el derecho la propiedad privada e ignorando el derecho a la vivienda digna, a pesar de que ya hay jurisprudencia para respetar ambos derechos.

Además un derecho no se impone al otro a nivel constitucional, sino que se complementan

Exacto, nosotros no estamos discutiendo el derecho de propiedad privada de los dueños de los inmuebles. Lo que decimos es que es fundamental que exista el rol del Estado a la hora del cumplimiento de todos los derechos. Argentina suscribe a más de doce pactos internacionales en los que se garantiza el acceso a la vivienda adecuada, y ni hablar de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en materia habitacional es ejemplar.

¿También hay casos de desalojo de personas que no estaban en situación ilegal?

Sí, hay casos de personas que no son okupas. Nosotros antes pedíamos informes dominiales de las propiedades pero ahora no lo hacemos más porque cada vez que lo pedíamos a los 20 días aparecía un propietario nuevo. Entonces, no hay posibilidad que exista un proceso de especulación inmobiliaria que se lleve adelante sin la connivencia del Poder Judicial, o de la Procuración.

 

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