Desalojo violento con complicidad policial

por Revista Cítrica
20 de noviembre de 2020

La familia campesina Kerner Velázquez, propietaria desde hace años de un campo en Almirante Brown, fue atacada por una patota ligada a intereses oscuros. ¿El saldo? Uno de los hermanos detenidos y acusado de portación de armas.

"Todo lo que pasó fue una tremenda usurpación violenta. Todavía seguimos luchando porque a mi hermano lo llevaron preso y le inventaron una causa con armas. Se lo llevaron de adentro de mi casa y él no tenía ningún arma de ningún tipo. De adentro de la pieza lo sacaron, y ahora lo quieren dejar detenido inventándole causas de cualquier cosa, como rebeldía, desacato a la autoridad y algo así como persecución".

Juan explica con una serenidad extraordinaria el violentísimo ataque que sufrieron en las primeras horas del viernes 20 de noviembre. Otra usurpación violenta sobre el campesinado. El empresario Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Somoza y su hijo Martín Somoza ingresaron de forma ilegal y violenta, junto con policías y una patota, al campo la familia Kener Velázquez, ubicado en la localidad de Ministro Rivadavia, Almirante Brown. Provocaron destrozos, golpearon a los habitantes y se llevaron detenido a uno de ellos, Héctor Velázquez.
 
Juan continúa el relato: “Esto sucedió a las 7:20 de la mañana, cuando nosotros estábamos haciendo la división de nuestra parcela. Nosotros fuimos a la Justicia con esta misma gente y ganamos el conflicto judicial que teníamos sobre estos terrenos. Nosotros estábamos haciendo la división justamente para no tener más problemas con ellos”. 

Con armas de fuego, machetes y palos, un grupo de 30 personas entró a terrenos privados junto al subcomisario Claudio Páez, del Comando de Patrullas de Ministro Rivadavia. Con una máquina retroexcavadora, rompieron alambrados y trazaron una huella dentro del campo, para abrir una supuesta calle, que no está inscripta en ningún dominio catastral. Todo sin autorización legal.
 
"De la nada, aparecen estos sujetos, supuestamente dueños, con quien tuvimos problemas anteriormente, en un desalojo ocurrido el 27 de octubre de 2014 (en esa época nos vinieron a desalojar en favor de un señor de apellido García). Vinieron con armas de fuego, machetes y palos. Nosotros nos acercamos mostrándoles los papeles de la fiscalía y lo que nos dio el juez, pero no les importó nada. Sacaron armas de fuego y nos apuntaron. A uno de mis hermanos, de 30 años, le dieron un culatazo en la cara, cayó y lo patearon en el piso. Cuando otro de mis hermanos lo quiso socorrer, también le pegaron. Fue todo muy violento. De la peor manera posible". 

La familia intentó grabar los actos de violencia con un celular, que fue robado por los matones. La Policía actuó en contra de la familia mediante agresiones físicas, llevándose a uno de los hermanos Velázquez, quien aún permanece detenido en la comisaría 4º de Longchamps. Otros miembros de la familia fueron golpeados de manera sistemática.

"Cuando nos empezaron a pegar más, la Policía ya estaba presente, y estaba del lado de ellos, como acompañándolos. Nosotros les pedimos que intervengan. Y en ese momento, los de la patota tiran sus armas para los costados. El subcomisario Páez observó cómo estos sujetos descartaban las armas, y no hizo nada al respecto. Nos decía que no podía hacer nada porque él estaba solo y nosotros éramos muchos. Nosotros, la familia Velázquez, éramos 5 personas nada más. Y ellos eran 30".

La familia Kener Velázquez forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena–La Vía Campesina. Vive en ese campo desde hace más de 20 años, produce alimentos y lleva a cabo una unidad productiva agroecológica que da trabajo a varias personas de la comunidad. Están inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) y en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), dependiente del Senasa.

Vinieron con armas de fuego, machetes y palos. Nosotros nos acercamos mostrándoles los papeles de la fiscalía y lo que nos dio el juez, pero no les importó nada.

"Actualmente siguen metidos en el predio, después de haber ingresado a la fuerza. La Policía sigue custodiándolos, y diciendo que nosotros somos los violentos. Nosotros, justamente, nos dejamos pegar, porque no queremos tener más problemas con esta gente. A mi hermano Héctor Velázquez se lo llevaron detenido y ahora le armaron una causa”.

Juan narra que a su hermano le adjudican la portación de una pistola 9 milímetros que trajo la patota, a la vista del subcomisario Páez: “Es mentira. Él jamás tuvo un arma de fuego. A él lo sacaron de adentro de mi casa. Él estaba hablando con mi mamá, que es una señora mayor. Y a mi hermano lo sacan de adentro de mi casa sin una orden de nada; entraron de prepo y se lo llevaron detenido". 

El Movimiento Nacional Nacional Campesino Indígena–La Vía Campesina, el Frente Agrario Evita y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular–Rama Agraria (UTEP Agraria), formalizaron la denuncia.

"Ahora le armaron una causa por fuga a pie, rebeldía, que tenía un arma de guerra en sus manos… nosotros tenemos videos de cuando una oficial dice que mi hermano no tenía nada. Esa misma oficial, ahora dice que mi hermano sí tenía un arma. Ella es una policía de apellido Mangudo. Creo que es comandante. En todos los problemas que tuvimos con esta gente, ella siempre estuvo, y siempre saltó a favor de ellos. Siempre estuvo involucrada en el campo". 

La familia Kener Velázquez forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena–La Vía Campesina. Vive en ese campo desde hace más de 20 años, produce alimentos y lleva a cabo una unidad productiva agroecológica que da trabajo a varias personas de la comunidad.

Juan sintetiza el cuadro actual: “Mi hermano sigue preso, nosotros todos golpeados y la gente de ellos trabajando en el terreno como si nada hubiese pasado. Ellos dicen que tienen una autorización del Municipio, pero jamás me mostraron ni un papel, ni de catastro, ni nada. Y quieren hacer una calle atravesando por el medio a nuestra propiedad privada. Y así fue que nosotros no pudimos hacer más nada”. 

¿A qué se debe la protección a la patota? “Ellos compraron a todos. Compraron al destacamento de Policía que está acá cerca, para que los uniformados actúen en favor de ellos. Nosotros llamamos al destacamento número 4 de Longchamps y también actuaron a favor de ellos. Son gente con mucho poder que trataron siempre de usurparnos. Ahora dicen que mi hermano va a pasar toda la noche en la comisaría, y él no tiene nada que ver. Nosotros tampoco. Y estamos pasando este momento horrible". 

Mi hermano jamás tuvo un arma de fuego. A él lo sacaron de adentro de mi casa. Él estaba hablando con mi mamá. Lo sacan sin una orden de nada; entraron de prepo y se lo llevaron detenido.

Dice que viven en ese terreno “de toda la vida” y cuenta un episodio violento previo, en 2014: “Nos desalojaron con policías de Ezeiza, de Monte Grande, quienes no tienen jurisdicción acá, pero como ellos tienen plata y poder, trajeron a toda esa gente. Aquel año nos despojaron del terreno, tiraron la casa abajo, y empezamos el conflicto judicial”. Aquel conflicto lo ganó la familia Vázquez. “Ahora vinieron de nuevo a querer hacer una calle, por el medio de nuestra propiedad. Rompieron todo el cerco perimetral con máquinas retroexcavadoras para hacer un nuevo loteo, en una parcela del fondo. Al no tener paso, rompieron todo".

Habla de su familia: "Nosotros somos seis hermanos, cuatro varones y dos mujeres. Tenemos entre 21 y 40 años. Una de mis hermanas es discapacitada. Ella sigue en shock por cómo entraron los policías. Quedó así porque vio cuando se lo llevaron a mi hermano Héctor, detenido por fuerza bruta. Nosotros, acá en el campo, vivimos con mi mamá solamente, porque mi papá falleció hace 6 meses. Con él veníamos luchando durante todo este tiempo, desde 2014. Falleció de un cáncer que le brotó por una enfermedad que se agarró por pasar mucho frío y lluvia, durmiendo en la calle, para poder luchar por su tierra, que toda la vida le perteneció".

El Movimiento Nacional Nacional Campesino Indígena–La Vía Campesina, el Frente Agrario Evita y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular–Rama Agraria (UTEP Agraria), formalizaron la denuncia.

La mujer de Héctor, el hermano detenido, fue a la comisaría a verlo y llevarle ropa, ya que la decisión policial es que pase la noche encerrado. “Le prohibieron darle la ropa, se tiene que quedar con la vestimenta que tiene. No puede tener abrigo. Me dijo que desde adentro de la celda se escuchaban los gritos de mi hermano que decía que tenía frío porque está con apenas una remera y un pantalón corto". 

El miedo sigue presente en la familia: "No sabemos cuándo se va a terminar el problema con esta gente. Nosotros vivimos todo el tiempo con miedo. No sabemos si un día van a venir a la noche, entrar a nuestra casa y nos matan. Porque si entraron así adelante de la policía, no me quiero imaginar cuando estén solos. No van a respetar nada. Ellos pueden contratar a una patota o a unos barrabravas, y con un arma vienen y nos matan. Por eso denuncio que si nos llega a pasar algo ellos van a ser los culpables". 

Una de mis hermanas es discapacitada. Ella sigue en shock por cómo entraron los policías. Quedó así porque vio cuando se lo llevaron a mi hermano Héctor, detenido por fuerza bruta.

La historia que cuenta Juan es una más de tantas que sirven para pensar cómo se reparte la tierra en la Argentina desigual: "Nosotros usamos la tierra para producir, tanto verduras como pastoreo de animales, insumos para la venta, frutas. Nuestro campo es pura producción. Ellos quieren todo para loteo. Quieren hacer country, barrios privados, canchas de polo, todo para gente de plata. Nosotros tenemos una unidad productiva con la cual pudimos darle trabajo a la gente más necesitada que no tiene ningún ingreso en su familia. Vienen y les enseñamos a trabajar la huerta, se llevan sus verduras. Hoy les dijimos que no vengan a trabajar para protegerlos y que no los golpeen. Es injusto que venga esta gente y te quiera sacar de acá solamente porque tienen poder y plata".

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