La Radio Local
Alé-Alé mantiene el local
La cooperativa porteña firmó un acuerdo para alquilar por seis meses el local con los dueños del inmueble de Estado de Israel 4503.
Se trata de un desistimiento de la demanda por 180 días, con el objetivo de que la parrilla ubicada en Estado de Israel 4503 consiga un nuevo lugar para su desarrollo. A principios de mes, la Justicia había ordenado el desalojo, pero después se desestimó.
“Se firmó contrato entre las partes gracias a la gestión que se hizo con legisladores del Frente para la Victoria”, dijo Jaime Galeano, vocero de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados.
Los trabajadores de Alé-Alé conformaron esta empresa social luego de que el grupo OJA, dueño de una cadena conformada por los restaurantes Los Chanchitos, Mangiatta, Don Battaglia y La Soleada, intentara a fines del año pasado cerrar los comercios por presentar quiebra.
En diciembre del año pasado los dueños de la parrilla avisaron a los trabajadores del cierre. No hablaron de indemnizaciones ni de los sueldos atrasados. Cuando los jefes dejaron de ir al local, cocineros y mozos decidieron mantener el negocio por cuenta propia. Algunos de ellos son los mismos de hace quince años, cuando abrió el restaurant, y los clientes conocidos les dicen que el lugar funciona mejor. Se habían convertido en una cooperativa de hecho y poco después, con algo de asesoramiento, obtuvieron la matrícula en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
La misma actitud tomaron los empleados de los otros restaurantes, pero en Alé-Alé la situación se complicó debido a que los dueños de la propiedad dijeron no ser los mismos que los del fondo de comercio, situación que los trabajadores ponen en duda.
El 21 de mayo una orden judicial pretendió avanzar sobre el restaurante y desalojar, sin éxito, a los trabajadores. Días después un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley para expropiar el edificio y el mobiliario, pero la norma no avanzó.
En julio, los trabajadores se presentaron ante el Juzgado de Instrucción N° 41 a cargo de Martín Christello y cuatro meses después los aceptaron como querellantes. La denuncia penal es por estafa y piden testimoniales e indagatorias a la Fiscalía N° 10.
A principios de diciembre, el juez ordenó el desalojo ante el reclamo de los dueños del inmueble, pero después se desestimó. Los trabajadores estaban dispuestos a resistir el desalojo.
Antes de conocerse el acuerdo, el diputado del Frente para la Victoria Andrés Larroque había dicho que los trabajadores necesitaban alcanzar un acuerdo. También pidió que se les otorgue tiempo para poder encontrar otro lugar en el que lleven adelante Alé Alé. Larroque dijo que se triplicó la capacidad de cubiertos del restaurante y consideró que “no tiene sentido a través de la violencia del desalojo dejar sin fuente de trabajo a tantas familias”.
Alé Alé Cooperativa firmó hoy un acuerdo para alquilar por seis meses el local con los dueños del inmueble. Se trata de un desistimiento de la demanda por 180 días con el objetivo de que la Cooperativa ubicada en Estado de Israel 4503 consiga un nuevo lugar para su desarrollo.
“Se firmó contrato entre las partes gracias a la gestión que se hizo con legisladores del Frente para la Victoria”, dijo Jaime Galeano, vocero de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados.
Los trabajadores de Alé-Alé conformaron esta empresa social luego de que el grupo OJA, dueño de una cadena conformada por los restaurantes Los Chanchitos, Mangiatta, Don Battaglia y La Soleada, intentara a fines del año pasado cerrar los comercios por presentar quiebra.
En diciembre del año pasado los dueños de la parrilla avisaron a los trabajadores del cierre. No hablaron de indemnizaciones ni de los sueldos atrasados. Cuando los jefes dejaron de ir al local, cocineros y mozos decidieron mantener el negocio por cuenta propia. Algunos de ellos son los mismos de hace quince años, cuando abrió el restaurant, y los clientes conocidos les dicen que el lugar funciona mejor. Se habían convertido en una cooperativa de hecho y poco después, con algo de asesoramiento, obtuvieron la matrícula en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
La misma actitud tomaron los empleados de los otros restaurantes, pero en Alé-Alé la situación se complicó debido a que los dueños de la propiedad dijeron no ser los mismos que los del fondo de comercio, situación que los trabajadores ponen en duda.
El 21 de mayo una orden judicial pretendió avanzar sobre el restaurante y desalojar, sin éxito, a los trabajadores. Días después un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley para expropiar el edificio y el mobiliario, pero la norma no avanzó.
En julio, los trabajadores se presentaron ante el Juzgado de Instrucción N° 41 a cargo de Martín Christello y cuatro meses después los aceptaron como querellantes. La denuncia penal es por estafa y piden testimoniales e indagatorias a la Fiscalía N° 10.
A principios de diciembre, el juez ordenó el desalojo ante el reclamo de los dueños del inmueble, pero después se desestimó. Los trabajadores estaban dispuestos a resistir el desalojo.
Antes de conocerse el acuerdo, el diputado del Frente para la Victoria Andrés Larroque había dicho que los trabajadores necesitaban alcanzar un acuerdo. También pidió que se les otorgue tiempo para poder encontrar otro lugar en el que lleven adelante Alé Alé. Larroque dijo que se triplicó la capacidad de cubiertos del restaurante y consideró que “no tiene sentido a través de la violencia del desalojo dejar sin fuente de trabajo a tantas familias”.
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